martes, 20 de marzo de 2018
Economía y Negocios
Gustavo Lagos
Profesor UC
Se podría pensar que la minería es una maquinaria tan bien diseñada que casi no necesita mantención, ni menos ajustes. Tal vez por ello los cambios importantes desde 1990 se cuentan con los dedos de una mano.
Aventuro decir que en los últimos 28 años las modificaciones más trascendentes realizadas para la minería fueron cinco. La creación del impuesto específico en 2005, conocido como Royalty 1, la creación temporal del Royalty 2, después del terremoto de 2010, la Ley 19.137 de 1992 de Codelco que permitió vender El Abra, la modificación del gobierno corporativo de Codelco que entró en vigencia en 2010, y la Ley 20.551 de cierre de faenas mineras de 2011. Esta última fue la única de estas iniciativas emergida desde el Ministerio de Minería, mientras las dos modificaciones tributarias surgieron directamente de la presidencia de la república, y las dos modificaciones de la ley de Codelco surgieron de la misma empresa.
En este breve recuento dejo fuera loables iniciativas que fueron concretadas pero que posiblemente no constituyeron cambios esenciales ni urgentes en la estructura ni en la política de la minería chilena.
Y en cambio no se han hecho en estos años decenas de cambios que son considerados esenciales por muchos en la comunidad minera, la que reúne a miles de profesionales y centenares de miles de trabajadores.
Por ello, persiste en el ambiente la idea que no hay política minera.
Pero en verdad la política minera es justamente la falta de ella. La institucionalidad quedó trazada en el Código de Minería de 1983, que, en lo fundamental, no ha sido modificado. El DL 600 se creó en 1974 y despareció cuarenta años más tarde, aparentemente sin consecuencias.
Desde 1990 la mayor parte de los gobiernos parecieran haber pensado de antemano que los cambios trascendentes de la minería no provendrían del Ministerio de Minería. Si no, ¿cómo se explica que esta repartición tenga uno de los presupuestos más bajos de todos los ministerios y que en su gran mayoría los ministros nombrados en esa cartera en los últimos 28 años tenían muy poco peso político?
Este mismo hecho fue mermando la importancia de la sección minera de los programas presidenciales ya que los entusiastas profesionales que participaban en su confección se fueron dando cuenta que eran letra muerta. Ello hasta la elección presidencial de 2017 en que hubo un resurgimiento de los programas mineros.
¿Por qué se necesita ahora una política minera nueva? No solo porque hay un largo listado de asuntos considerados vitales que no se han concretado, sino también porque estos cambios no pueden ejecutarse sino desde el Ministerio.
El nivel estratégico de una política consiste en conocer el camino por donde se transitará, cuál es la meta, qué esperar en el camino en materia de inversión, producción, de efectos encadenados, de comunidades, trabajadores y profesionales, de lo que piensan los chilenos, de impactos ambientales, de reservas y recursos mineros, de conocimiento de los mercados, de innovaciones tecnológicas, de impuestos, y de tantos otros aspectos.
Hay también preguntas en el ámbito tecnológico que no están respondidas y que son importantes en una estrategia. ¿Cuáles son las amenazas de sustitución que tienen el cobre y el litio? ¿Qué se puede esperar de los desarrollos en grafeno? ¿Cuáles son las tecnologías que podrían reemplazar al litio en las baterías, y cuando podrían entrar en vigencia? ¿Es conveniente aceptar que Tianqui, la mayor empresa china productora de litio, ingrese a la propiedad de SQM?
El hecho que el Estado no haya abordado estos temas denota que al intentar demuestra una improvisación importante.
Hay algunas acciones que ya se saben importantes en cualquier estrategia y política que se elabore y casi todas se concentran en un solo objetivo. Garantizar que se den las condiciones para la inversión.
El listado de acciones incluye una ley de financiamiento permanente de Codelco que le permita reinvertir una parte significativa de sus utilidades, sin lo cual no tiene futuro; la derogación de la Ley Reservada de Codelco, que ya no es reservada, pero que sigue existiendo; una modificación legal que evite nuevos conflictos entre Codelco y la Contraloría General de la República, los que han significado un costo adicional gigante en la operación de la empresa; un decreto que exija la modernización ambiental de las siete fundiciones de cobre del país, para lograr estándares internacionales aceptables, y que de paso obligue a tomar decisiones sobre las cinco fundiciones estatales; introducir cambios legales para que una parte mayor del Royalty vaya a las regiones en donde este se crea.
Otra cuestión pendiente es la modificación de la ley que regula las concesiones mineras para abrir la exploración y la explotación a más productores mineros. Ello se juzga de suma importancia por muchos, aunque no hay unanimidad. Ninguna de las alternativas de cambio se encuentra evaluada económicamente. Por ello antes de un debate hay que hacer los estudios sobre los impactos.
También es necesaria la creación de una institucionalidad y de procedimientos que reduzcan el tiempo de aprobación ambiental de los proyectos mineros(más de 800 días en promedio para proyectos nuevos en 2015), mejorando a la vez la protección ambiental. Más tiempo de evaluación no significa mayor protección ambiental.
Finalmente, la proactividad es esencial. El Estado no puede seguir marginándose de aquellos eventos que afectan a todo el país. Por ejemplo, la huelga de Escondida de 2017 redujo en 0,3% el crecimiento del PIB chileno, y el gobierno se restó de mediar o incluso intervenir en este conflicto. Otro ejemplo de proactividad es promover la inversión en el mayor yacimiento de cobre del mundo, el complejo Andina-Los Bronces, inserto en las regiones Metropolitana y de Valparaíso.
A diferencia de la década de los 90, cuando la minería chilena era la más competitiva del mundo, ahora si cuesta mucho más competir y por ello se requiere de un Estado activo que deje de ser fundamentalmente un espectador.
