Fiscalía instala concepto de "máquina de implantación de pruebas" en investigación contra Carabineros
sábado, 10 de marzo de 2018
Lorena Cruzat y Tamara Cerna
Nacional
El Mercurio
El fiscal de Aysén, Carlos Palma, dirigirá todas las causas por presunta falsificación o manipulación de evidencias. Ayer, su par de Los Ríos, Juan Agustín Meléndez, se reunió con el fiscal nacional, Jorge Abbott, para entregar, a partir del 30 de marzo, el caso en La Mariquina, recientemente formalizado.
Un nuevo concepto se está utilizando al interior del Ministerio Público para abordar las causas donde se indagan los delitos de obstrucción a la investigación y falsificación de instrumento público. Una visión más global del presunto montaje de evidencia: una "máquina para implantar pruebas" en inteligencia de Carabineros. Idea similar a la que instaló el fiscal Carlos Gajardo en la audiencia de formalización del caso Penta en marzo de 2015, cuando dijo que se trataba de una "máquina para defraudar al fisco". La supuesta manipulación de pruebas afecta a investigaciones que hoy se sustancian en La Araucanía, Los Ríos e Iquique. Ello, pues un oficio enviado a todos los fiscales regionales del país, elaborado por el fiscal Palma, ya fue respondido y arrojó que hasta ahora en esas tres regiones existen casos afectados por la utilización de los softwares "Antorcha" y "Tubicación", ambos creadas por Álex Smith. Próximas formalizaciones La primera causa es la que investiga Palma por la supuesta filtración de datos a miembros de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), en el marco de la "Operación Huracán". Los peritajes encargados durante la indagatoria determinaron que las pruebas aportadas por los efectivos de Inteligencia de Carabineros "no existen". Por ello, el jefe regional solicitó el jueves una audiencia de sobreseimiento para la abogada Mónica Palma, el fiscal Arroyo, el vocero de la CAM, Héctor Llaitul, y Marcos B (sindicado como un supuesto agente de la ANI). La instancia quedó fijada para el 17 de abril. Ahora, el Ministerio Público busca las primeras formalizaciones en el caso y apuntarían a los responsables de la obtención de evidencias que se registran en los informes N° 202 y N° 210 elaborados por Inteligencia de Carabineros. Ambos documentos contendrían antecedentes falsos -de acuerdo a la fiscalía- y fueron firmados por el jefe nacional de Inteligencia de la policía uniformada, el general Gonzalo Blu. Las evidencias para elaborar dichos informes provino de la Unidad de Inteligencia Operativa Especializada (UIOE) de Temuco y varios de los que trabajaron en ese departamento hoy son investigados en calidad de imputados: el capitán (r) Leonardo Osses, el profesor Álex Smith y otros suboficiales. A cargo de la unidad se encontraba el general (r) Marcelo Teuber -entonces ostentaba el rango de coronel- quien ya declaró como imputado. El defensor de Mónica Palma, el abogado Sergio Díaz dijo: "Esperamos que el fiscal tome la decisión de solicitar formalización para varias personas. Consideramos que el general Blu tiene una participación directa. No se trata de una participación solamente visando un documento". Agrega que "deberían formalizar a todos aquellos que los antecedentes arrojen participación criminal en estos hechos. Debería estar Blu, Teuber, Osses y (el mayor (r) Patricio) Marín, entre otros". Sobre el concepto de "máquina de implantación de pruebas", el abogado dijo que "sí hay una maquinación entre varios sujetos, funcionarios, pero no me atrevería a decir que hubo implantación, sino que falsificación ideológica de aquellos documentos que daban cuenta de la comisión de delitos que se pudo determinar que eran falsos". Reunión Meléndez-Abbott En tanto, ayer en la mañana el fiscal regional de Los Ríos, Juan Agustín Meléndez, se reunió con el fiscal nacional, Jorge Abbott, para comunicarle que cedería la causa que sustancia por obstrucción a la investigación y falsificación de instrumento público, a raíz de las evidencias que Carabineros entregó en la indagatoria por la quema de 29 camiones en San José de la Mariquina y que tiene a dos formalizados: Álex Smith y el cabo Manuel Riquelme, quien se desempeñaba en el Labocar de Temuco. Al ser consultado por "El Mercurio", Meléndez confirmó la decisión de traspasarle su investigación al fiscal Palma, y explicó que la determinación se basa en la similitud de los delitos indagados. Hecho que se concretará el 30 de marzo, una vez que se materialice la formalización del capitán (r) Leonardo Osses y luego de que el fiscal nacional firme el oficio autorizando la agrupación de las causas. En el caso de San José de la Mariquina se pesquisa el uso del software "Tubicación" -atribuido a Smith-, donde Meléndez detectó irregularidades en la información de inteligencia de Carabineros, que inculpaba a un comunero en la quema de 29 camiones. Luego se determinó que el día y a la hora en que ocurrieron los ataques se encontraba firmando en una comisaría, por una medida cautelar que cumplía por otra causa. "Estamos frente a una máquina de hacer informes a pedido" El foco de las investigaciones de Palma también apunta a la zona norte del país, donde tres carabineros se encuentran en prisión preventiva por una supuesta desaparición de armas. Caso que se tramita en la justicia Militar y donde Álex Smith ya declaró por el uso de "Antorcha" para la obtención de las pruebas. El abogado Darío Chacón, quien representa a uno de los imputados, el cabo de carabineros Felipe Machuca, dijo que la prueba inculpatoria se obtuvo por Labocar Temuco, y que hay conductas constitutivas de delitos contenidas en una querella que presentaron en los tribunales de la zona. Dijo que el sobreseimiento que se solicitó en la causa contra Arroyo y Mónica Palma es un gran ejemplo, porque "lamentablemente estamos frente a una máquina de hacer informes a pedido, lo cual es nefasto". Asegura que la evidencia en contra de su representado apareció en su teléfono cuando ya se encontraba en prisión preventiva, en noviembre de 2017.
Las miradas del Ministerio Público están dirigidas ahora al caso donde tres carabineros se encuentran en prisión preventiva por una supuesta desaparición de armas.
