domingo, 06 de abril de 2008
Ignacio Díaz Viveros
Economía y Negocios Online, Enfoques
Ser evacuado por un helicóptero o "ambulancia aérea" cuesta , como mínimo, cerca de tres millones de pesos. Hay organismos públicos que pueden acudir, pero los privados han ido ganando terreno.
"La vida no tiene precio", rezaba un comercial de televisión emitido tiempo atrás. Pero qué pasaría si en un momento crítico, en el que su vida está en juego, le preguntaran cuánto estaría dispuesto a pagar por ella, ¿cuál sería su respuesta?
Cliché o no, lo cierto es que hace poco más de 30 años un grupo de empresas presentes en Chile ya le pusieron precio, y más si ésta corre peligro.
Se trata de compañías aeronáuticas que, en su gran mayoría, se especializan en el rescate de personas desde accidentes de tránsito hasta lugares poco comunes como montañas, glaciares y quebradas, sitios que con frecuencia son visitados por montañistas y adictos al deporte aventura.
Pese a que los empresarios indican que en Chile la tasa de este tipo de accidentes es baja en comparación con los países más desarrollados del mundo las compañías han encontrado un nicho atractivo, con buenas posibilidades de expansión, pero sobre todo muy lucrativo.
La vida en pesos
Las evacuaciones a bordo de una ambulancia aérea fluctúan entre los US$ 1.700 y los US$ 2.200 por hora de vuelo; es decir, unos $750 mil a $970 mil. Si en promedio los rescates demoran un mínimo de tres horas, el costo fácilmente puede elevarse a unos $2 millones 910 mil. El costo es asumido por el que solicitó el servicio o por la familia en caso de fallecimiento.
El alto valor del servicio obedece principalmente a los costos operacionales, como combustibles, mantención de las aeronaves, insumos y sueldos del personal, explica Mauricio Gutiérrez, gerente general de Alfa-Helicópteros, compañía que realiza rescates desde la década de los ochenta.
El aumento en el precio de los combustibles ha provocado en algunos casos incrementos de hasta 35% en el valor del servicio, señala Mario Ávila, director ejecutivo de Aerocardal.
Ambos coinciden en que uno de los factores que más inciden en el precio es el riesgo al que se expone la compañía cuando decide atender las emergencias.
Las formas de pago varían, dependiendo de cada caso, pero lo más normal es que se cancele en efectivo una vez concretada la operación. También se utilizan cheques o documentos legales, como letras o pagarés.
Roberto Toro -quien fue rescatado a fines del año pasado desde el sector de La Parva luego de sufrir un edema pulmonar- cuenta que hay empresas que dan facilidades para pagar, y en algunos casos, descuentan hasta un 25% del total del servicio.
"Se produce un compañerismo, porque al final quienes son rescatados es gente de montaña que conoces desde hace mucho tiempo", cuenta Mauricio Gutiérrez de Alfa-Helicópteros.
"Adquieres un compromiso moral que impide cobrar, sobre todo cuando se trata de salvar una vida", y añade que si no fuera por la voluntad de algunos pilotos del sector privado, "quienes sufren estos accidente en esos sitios no serían evacuados", agrega Carlos López, gerente general de Helicopters.
Rol del Estado
Uno de los puntos que generan controversias sobre el rescate de personas heridas es el rol que deben cumplir los organismos públicos encargados de atender este tipo de llamados.
En la mayoría de los casos son el Grupo de Operaciones Policiales Especiales de Carabineros (Gope), y, en menor medida, el Servicio de Búsqueda y Salvamento Aéreo de la Fuerza Aérea (SAR), las unidades que cumplen esta función.
Pese a la voluntad de ambas instituciones, la complejidad del terreno, pero sobre todo la altura a la que se realiza este tipo de maniobras -generalmente sobre los cinco mil metros-, impide que los equipos de ambos realicen las evacuaciones, señala Pedro Uribe, hasta hace poco miembro del Cuerpo de Socorro Andino (CSA).
El cobro que harían ambas instituciones cuando rescatan es otro punto de inflexión en la discusión.
Esto es desmentido por el coronel Santiago Madrid, ex jefe del Departamento de Planificación del SAR, quien precisa que sólo se aplican multas cuando se producen alertas, solicitudes de rescate falsas. "Se hace porque mover a los equipos es muy costoso, y eso perjudica a aquellos que realmente necesitan ayuda", dice
Madrid agrega que bajo ninguna circunstancia se cobra el total del costo operacional del rescate, sino que se aplica una sanción menor que está más vinculada al "tema educacional para evitar que las personas cometan el mismo error".
