lunes, 05 de marzo de 2018
Economía y Negocios
Hernán Cheyre V.
Instituto de Emprendimiento
U. del Desarrollo
Hay consenso en que para abordar con éxito los desafíos de la nueva revolución industrial Chile requiere una economía con mayor capacidad de innovar, y en esta línea falta mucho por avanzar en materia de I+D. El indicador que ubica al país en el último lugar entre los miembros de la OCDE (0,38% del PIB, frente a un promedio de 2,4%) constituye la cifra emblemática que más se cita para hacer ver la necesidad de aumentar el volumen de recursos comprometido con este fin. Y si bien es cierto un mayor aporte fiscal sería beneficioso, la solución de fondo no pasa solo por un mayor compromiso público, sino que especialmente por una participación más activa del sector privado, sin dejar fuera a las empresas de menor tamaño, que presentan brechas de productividad significativas. Un primer paso en esta dirección sería el rediseño del mecanismo de incentivo tributario vigente, para facilitar su utilización por parte de emprendedores y pymes.
En relación a las cifras de gasto en I+D, cabe agregar que en el caso de Chile no solo el indicador global es el más bajo entre los países de la OCDE como proporción del PIB, sino que además merece destacarse que la proporción proveniente del sector productivo es también de las más bajas, con un 32% del total, siendo el valor promedio un 67%. En simple, el desafío no se limita a aumentar durante los próximos años los esfuerzos en I+D como proporción del PIB, sino que también en lograr que la participación del sector privado en este esfuerzo se convierta en la porción mayoritaria. La ley de incentivo tributario a la I+D –que permite utilizar como crédito tributario el 35% del monto invertido en iniciativas de I+D, y considerar el 65% restante como gasto necesario para producir la renta- debería jugar un rol importante en esta próxima etapa. Pero no es lo único. Un rol fundamental debe asignarse a una mejor coordinación a nivel de las distintas entidades públicas que participan en el ámbito de la ciencia, tecnología e innovación, y para eso se requiere de una reforma institucional que aborde el problema en toda su dimensión, con mayor ambición que la que contiene el proyecto de ley actualmente en la última fase de su tramitación legislativa.
Un interesante estudio recientemente publicado por la Dipres presenta una serie histórica de gasto el Gobierno Central en actividades de apoyo a la ciencia, tecnología e innovación (CTI), en el cual se observa que desde el año 2010 a la fecha el compromiso de recursos públicos en esta área se ha mantenido estable en torno al 0,36% del PIB. Un primer comentario que hay que hacer frente a esta cifra, para evitar confusiones, es que la dimensión de CTI va mucho más allá de lo que tradicionalmente se define como I+D. De hecho, las cifras de Dipres solo incorporan el gasto público comprometido en actividades de CTI, mientras que el indicador de I+D de la OCDE agrupa esfuerzo público y privado. Se trata, pues, de dimensiones distintas, si bien forman parte de una misma cadena de valor. La confusión que ha habido en algunos medios de prensa al interpretar las cifras deriva ciertamente de que, en ambos casos, el indicador que mide esfuerzo de gasto expresado como porcentaje del PIB resulta ser prácticamente idéntico. Sería útil y conveniente que el ministerio de Economía extendiera el estudio, generando una serie histórica para el caso específico de los gastos en I+D, separando lo que corresponde a aporte fiscal y a esfuerzo privado.
Un dato interesante que contiene esta serie de gasto publicada por la Dipres se refiere a la bajísima relevancia respecto del total que está teniendo aún el componente asociado a la ley de incentivo tributario a la I+D (1,5% del total aproximadamente). Esta situación es entendible por tratarse de un mecanismo relativamente nuevo en su versión modificada (2012), y porque la dinámica misma de los proyectos hace que el gasto tributario propiamente –es decir, el momento en que el fisco reconoce el menor ingreso impositivo- no sea inmediato. Sin embargo, se debería continuar realizando esfuerzos –sin desconocer la buena labor que ha realizado la Corfo en esta materia- por lograr un uso más extensivo de esta franquicia, especialmente en el ámbito de las empresas de menor tamaño, las que enfrentan desafíos en cuanto a productividad iguales o mayores que su pares más grandes. Considerando que este beneficio tributario se aplica como proporción de las utilidades obtenidas, y en el caso de los emprendedores que están en las etapas iniciales usualmente éstas son nulas o negativas, por esta circunstancia están quedando de hecho fuera de poder utilizar esta opción. Es por ello que sería recomendable flexibilizar los requisitos para quienes se encuentren en esta situación, permitiéndoles acceder en forma anticipada a fondos que serían posteriormente restituidos en función de las utilidades obtenidas, en una suerte de crédito tributario anticipado.
