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El plan de vuelo de LAW en medio de las turbulencias financieras y judiciales que enfrenta

domingo, 04 de marzo de 2018

Claudia Ramírez
El Mercurio

Esta semana, la empresa sostuvo contactos informales con otras compañías para ofrecer frecuencias que le permiten volar a Perú. Además, uno de los dueños de los aviones que arriendan inició los trámites para desmatricularlo.

En 2016, los ejecutivos de Latin American Wings (LAW) iniciaron los preparativos para un gran evento en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez. El epicentro aeronáutico capitalino era el lugar ideal para que la empresa -literalmente- comenzara su despegue, pero las autoridades aeronáuticas no estuvieron de acuerdo con la idea, y así se lo hicieron ver a LAW.

Hasta ese entonces la empresa no existía como aerolínea, porque no contaba con un certificado de operador aéreo (AOC); en simple, el "permiso de circulación" obligatorio para operar las aeronaves. Durante ese año LAW le arrendó su AOC a Chilejet, una empresa distinta. En jerga aeronáutica, "LAW era operada por Chilejet". Por lo tanto, según las autoridades aeronáuticas, no correspondía que la compañía se presentara a la opinión pública como una aerolínea hasta que por sí misma obtuviera su AOC, dice una alta fuente de la industria. Ante esta reticencia, los ejecutivos de LAW desistieron de realizar el evento y se apresuraron a aclarar la figura bajo la cual operaban ante la opinión pública.

El episodio, a ojos de algunas fuentes de la industria, es revelador sobre la conducción que ha tenido la empresa que hoy tiene abiertos varios flancos. Solo en lo que va de 2018, LAW acumula 1.222 reclamos de los consumidores por cancelaciones y retrasos de vuelos, esto es un tercio de los reclamos totales en contra del mercado del transporte de pasajeros aéreo, según la última información del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac). La Dirección del Trabajo tiene en trámite 14 fiscalizaciones, 16 reclamos y ha aplicado ocho multas en contra de la firma, las que totalizan más de $24 millones. Se suman varias acciones legales en tribunales, incluida una demanda colectiva del Sernac y demandas de AFP por no pago de cotizaciones a sus trabajadores, además de un proceso administrativo sancionatorio por parte de la autoridad de la competencia en Perú. Además de un oficio de la Junta de Aeronáutica Civil (JAC), del 15 de febrero pasado, en que el organismo le pide aclarar sus estadísticas, a riesgo de suspenderle uno o más vuelos (ver recuadro).

Pese a estos problemas, LAW sigue siendo una compañía operativa, que al cierre de esta edición había cumplido con el pago diario de los derechos de embarque y de los servicios de navegación aéreos que exige la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Pero sí está sujeta a más fiscalización en el área que le compete a la DGAC, que es la seguridad de las aerolíneas. Lorenzo Sepúlveda, director de Seguridad Operacional de la DGAC, asegura que en el caso de LAW han redoblado las fiscalizaciones: "Cuando vemos que una empresa está dejando pasajeros botados y teniendo problemas económicos, lo que hacemos es estar permanentemente detrás de ellos. Por ejemplo, ayer mismo (miércoles) estuvimos todo el día con ellos, les revisamos las operaciones, el mantenimiento, los aviones, el registro, el control, todo para ver si encontrábamos algo que eventualmente fuera un incumplimiento y que tuviéramos que cerrar la empresa", cuenta.

A un solo proveedor le debe 62 facturas por más de $800 millones

Aunque no hay un monto oficial de las deudas que mantiene, hay al menos tres acreedores importantes que están demandando a la empresa en tribunales. El primero, la compañía internacional de combustibles World Fuel Services, cuya sociedad en Chile demandó a LAW por el no pago de 62 facturas por más de $800 millones, siendo el mayor acreedor de los que hoy aparecen demandando en el Poder Judicial y al que aún no le han pagado. Segundo, las AFP Cuprum y Habitat, más la Administradora de Fondos de Cesantía, que reclaman en total $84,7 millones de cotizaciones impagas de los trabajadores de la aerolínea. Pese a que los montos reclamados son menores, esta arista judicial es más compleja, puesto que los representantes legales de la compañía podrían eventualmente arriesgar arresto hasta por 15 días, tal como lo consigna el artículo 12 de la norma 17.322 para la cobranza judicial de cotizaciones.

No obstante, algunas deudas previsionales y con algunos otros acreedores están en proceso de regularización y otras ya han sido canceladas. Por ejemplo, LAW pagó dos facturas por cerca de $23 millones que debía a la empresa de aseo de aviones Multiservices Group Ltda. En julio del año pasado, esta firma reclamó las acreencias por la vía judicial, pero ya le fueron canceladas, según lo precisa Iván Córdoba, socio de la firma de aseo.

Es imposible precisar a cuánto ascienden las deudas de LAW, entre otros puntos porque en el país no hay un organismo encargado de fiscalizar financieramente a las compañías aéreas cerradas, debate que ya se ha abierto a raíz de otras aerolíneas complicadas, como la española Plus Ultra, que enfrenta un retiro programado de nuestro país.

¿Conviene dar más atribuciones a la autoridad aérea? Jaime Binder, secretario ejecutivo de la JAC, dice que el mercado aéreo es dinámico y hay que estar abiertos a perfeccionar la institucionalidad, pero hace un punto: "Una multa aplicada por la autoridad aeronáutica podría tener efectos adversos, como que iría a beneficio fiscal y no repararía el daño a los pasajeros. Así, el sistema actual busca que los incentivos para las líneas aéreas estén alineados con la finalidad que, primero, cumpla las normas de seguridad, y segundo, traslade a los pasajeros a sus respectivos destinos a la brevedad posible y repare los posibles perjuicios por incumplimientos".

Empresa ha sondeado interés por sus frecuencias

En medio de este panorama, la empresa no se ha quedado de brazos cruzados. Por un lado, inició contactos informales con algunos ejecutivos de las aerolíneas más grandes del país, sondeando el interés por frecuencias hacia Perú que la firma posee.

La línea aérea tiene 10 frecuencias semanales a Perú y dos frecuencias a Caracas, Venezuela, ambos activos cuya eventual venta por parte de LAW podría generar interés en otras líneas aéreas.

En el mercado señalan que lo interesante radica en las frecuencias que permiten volar a países con los que Chile no tiene acuerdos de cielos abiertos, sino que hay un número limitado de frecuencias asignadas, como el caso de Perú.

Sin embargo, fuentes de la industria hacen el punto que el 9 de marzo la JAC licitará tres frecuencias justamente a Perú, lo que podría limitar la demanda y el precio de estos activos de LAW. Otro asunto que limitaría el valor de las frecuencias es que si una empresa no utiliza las frecuencias durante seis meses, estas vuelven a manos del Estado y se relicitan.

Como sea, para lo que queda de marzo, LAW no inscribió itinerarios a Lima. Coincidencia o no, la aerolínea mantiene una deuda con el operador del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, Lima Airport Partners (LAP).

También por estos días LAW hizo gestiones en otra área. Hoy la compañía tiene inscritos cinco aviones para operar en el mercado internacional desde Santiago. Uno de ellos está fuera de vuelo, y de los cuatro aviones restantes, durante estos días su dueño -LAW tiene un arriendo sobre la aeronave- inició el trámite para desmatricularizar uno de ellos, según confirma una alta fuente del sector.

Las razones tras los problemas

¿Cuáles son las razones de la situación económica de LAW? En la industria hay distintas hipótesis. La primera es una fallida negociación para fusionar operaciones con la aerolínea Star Perú, y en la cual incurrieron en gastos como el propio due diligence, que reveló una magra situación financiera de la firma peruana. La otra razón sería menos conocida, y es el fallido plan de traer al país aviones Boeing 767 para los cuales incluso entrenó a tripulación y que finalmente no arribaron, cuenta un actor del mercado.

Un ex empleado, a condición de reserva, agrega otro antecedente: lo que califica como excesos que los socios de LAW habrían fomentado al interior de la empresa. Describe como ejemplo un beneficio otorgado en 2017 consistente en vacaciones pagadas para los gerentes de la aerolínea y toda su familia en el Caribe.

La misma fuente opina que LAW "no tiene un plan de negocios claro. Su negocio depende en gran parte de los pasajeros haitianos, pero los demás destinos, incluido Concepción en Chile, nunca fueron rentables", dice este ex ejecutivo de la empresa.

"El Mercurio" solicitó una entrevista a LAW para abordar la situación financiera y comercial de la compañía, entre otros temas, pero la empresa declinó darla.

En recientes declaraciones al diario La Tercera, la aerolínea atribuyó los problemas a un crecimiento muy explosivo el año pasado, lo que los llevó a cerrar las rutas nacionales, según Andrés Dulcinelli, gerente general y socio de LAW. Respecto de los rumores de cierre, la firma indicó a ese medio que "la exposición mediática ha generado cierta incertidumbre, pero lo cierto es que nos encontramos operando nuestros aviones en los mercados donde estamos presentes", afirmaron. Y han explicado que su plan es concentrarse en operaciones internacionales.

LA DIRECCIÓN DEL TRABAJO ha aplicado ocho multas a LAW por un total de más de $24 millones por no pagar remuneraciones y no exhibir toda la documentación para fiscalización, entre otros puntos.

LA FIRMA acumula 1.222 reclamos de los consumidores en lo que va de 2018.

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