Las cifras reales de la sobrepoblación penal con 40.853 presos: hay cuatro regiones críticas
sábado, 24 de febrero de 2018
Lilian Olivares
Nacional
El Mercurio
Subsecretario de Justicia, Nicolás Mena, transparenta los números y muestra lo que están haciendo en infraestructura y reinserción penal.
Una "fotografía" de la realidad penal a lo largo de todas las regiones de Chile entregó a este diario el Subsecretario de Justicia, Nicolás Mena. La estadística fue captada exactamente a las 10:40 horas del jueves recién pasado. En ese momento, la población total recluida en los distintos penales era de 40.853 presos. La capacidad de los centros de detención, según diseño, es de 40.376 personas. De modo que el porcentaje de ocupación a esa hora fue de 101,2%. Un 1,2% de sobrepoblación, en medición país. Cifra que se mantiene relativamente constante en el año. Sin embargo, al ir al detalle, aparecieron las regiones más sobrepobladas. Partiendo por Valparaíso, donde hay 4.535 reos y una capacidad para 3.146. Esto es, un 44,2% de sobrepoblación. En la Región Metropolitana, hay 15.335 internos, y la capacidad según diseño es de 13.534. Representa un 13,3% de sobrepoblación. En Antofagasta hay 2.335 reclusos y el cupo es para 1.356. En la región del Maule el cupo es de 1.520 y hay 1.913. Realidades opuestas viven Tarapacá, con un 78,2% de ocupación; y la Región de los Ríos, donde un 45,7% de la capacidad está disponible. A simple vista, parecería que la solución está en redistribuir a los encarcelados. Pero no es tan fácil. Se trata de privilegiar recintos penitenciarios ubicados en la región donde viven los detenidos, para que sus familiares puedan ir a visitarlos. Además, los centros son de distinta complejidad. Por ejemplo, en el penal de Punta Peuco la capacidad es de 123 personas y, aunque en un momento estuvo copado, hoy hay 112 porque unos fueron hospitalizados y otros fallecieron. Las más congestionadas Las cárceles más congestionadas del país son el CDP Santiago Sur, más conocida como ex Penitenciaría, donde la población penal es de 4.580 personas y su capacidad es de 2.384. Es decir, un 92,1% de sobrepoblación. Le sigue el CCP Colina 2, con 2.326 reclusos y una capacidad de 1.490; esto es, un 56,1% de exceso. El CCP Valparaíso es otro lugar de hacinamiento, con 2.499 internos en un recinto para 1.864 (34,1% de sobrepoblación). Hay otras prisiones, como la de Talca, que son más pequeñas, pero que muestran hacinamiento a otra escala, como que tiene 580 internos en un lugar para 476 (21,8% de sobrepoblación). Y en Taltal, con un CDP para 32 personas, hay ahí 81 (53,1% de exceso). "Siempre se dice que la mejor fórmula para poder evaluar el desarrollo de un país es precisamente yendo a sus cárceles", comenta el subsecretario de Justicia, Nicolás Mena, junto con reconocer que la sociedad tiene una deuda pendiente con la población penal. Ante este "espejo" de los recintos penales en el país, comenta que la sobrepoblación se concentra en cuatro regiones. Frente a ello, la inversión en infraestructura carcelaria entre los años 2014-2017 ha sido fuerte, dice. Asciende a M$ 45.192.948. Incluye la construcción del Centro Penitenciario Femenino Arica, del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Talca (La Laguna) y la reposición del Centro Cumplimiento Penitenciario Concepción. Hay otro en carpeta; y el C.C.P. de Copiapó "El Arenal", que se encuentra en desarrollo de diseño, explica. Reinserción social Pero Mena sabe que eso no resuelve el problema de fondo. "Tenemos una deuda importante también en cómo nosotros estamos haciendo el trabajo de reinserción social. Porque esto no tan solo impacta a Gendarmería y al ministerio de Justicia; impacta en el resto del Estado chileno y también en la sociedad civil y en el sector privado". Se trata de una mirada distinta a la delincuencia, donde el foco se pone en evitar la reincidencia. Para ello, clave es la reinserción. Y para incentivar a que los privados colaboren, se piensa en otorgar algún subsidio a la contratación de personas que cumplieron su condena. Justicia trabajó desde mediados del año pasado en un Plan Nacional de Reinserción Social. Incluyeron a los privados en el Comité Asesor que constituyeron en junio pasado. Participaron el gerente general de la CPC, Fernando Alvear; dos ex ministros de Justicia: Isidro Solís y Patricia Pérez; y representantes de todos los incumbentes. Trabajaron en conjunto con la Oficina de Naciones Unidas para el Control de la Droga y el Delito (ONUDD). El Plan Nacional contiene una propuesta de más de 80 medidas. "Este documento se lo entregamos al Papa y a la Presidenta de la República. En esto, siento que hemos hecho un aporte y ahora el próximo gobierno debe tomar la posta", señaló el subsecretario.
El subsecretario Mena vuelve al mundo privado. Y, junto al capellán Luis Roblero, crearán una fundación para ayudar a los presos a reinsertarse.
