domingo, 30 de marzo de 2008
Alejandro Sáez Rojas
Economía y Negocios Online, Enfoques
El anteproyecto establece que a partir de ese monto, quienes entren al Estado deben delegar sus bienes. Hoy es casi imposible saber cuánto tienen las autoridades porque las declaraciones no exigen valores comerciales y ni siquiera se pueden fotocopiar.
El reproche que en julio del año pasado la Presidenta Michelle Bachelet lanzó a Sebastián Piñera caló hondo en sus correligionarios. Fue después de la frase de la Mandataria "para hacer lo ético no se necesita una ley", que la centroderecha, y en especial Renovación Nacional, se puso con todo para tratar de sacar una norma de lo que se conoce como el "fideicomiso ciego"; es decir, exigir a quienes postulan a altos cargos del Estado a delegar a un tercero independiente la gestión de sus bienes si forman parte de un patrimonio relevante.
Desde esa fecha, bastante trecho se ha avanzado. Ya existe un anteproyecto de ley en que trabajaron en conjunto diputados de la oposición y del oficialismo. Uno de los puntos más llamativos del documento que hasta ahora existe es que exige que quienes posean más de US$ 5 millones deben traspasar su gestión a un encargado, el que, según el mismo texto, deberá ser una institución financiera que se rija por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).
El monto inmediatamente genera polémica: es un tema que los mismos autores del anteproyecto, como el diputado Cristián Monckeberg, reconocen que es opinable. "Se debe llegar a un balance entre cautelar que no existan conflictos de intereses y que las personas con alto patrimonio no se desincentiven de entrar en política".
Ese es el dilema y es ahí donde puede estar la diferencia entre quienes crean que la cantidad definida es un monto suficiente y otros que crean que efectivamente establezca un piso demasiado bajo que desaliente el ingreso al mundo de la política. El anteproyecto de ley -en cuya elaboración participan también el Instituto Libertad, el ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo y el diputado Jorge Burgos- contempla que en esos US$ 5 millones se incluyan los bienes raíces. ¿Qué pasa si a lo largo de su vida acumuló bienes raíces en zonas que ganaron mucha plusvalía y que exceden esos montos?
La ley, si se aprueba el próximo año, no debería regir para los ministros en ejercicio, pero sí hacerlo durante el próximo período presidencial, estima Monckeberg. Las actuales declaraciones de intereses no son muy detalladas respecto del valor de los bienes.
Por ejemplo, Edmundo Pérez Yoma posee participaciones en varias sociedades, como Inversiones El Retiro, a través de ella en Constructora CEP. También participa en Agrícola Cóndor y en Agrícola La Loica.
Hugo Lavados, ministro de Economía, fue más explícito con los bienes que posee. Valorizó su casa en Lo Barnechea en $300 millones, otras dos propiedades por $40 millones, inversiones en APV por $209 millones, un porcentaje de la sociedad Inversiones y asesorías M.R.M, en que su 45% es avaluado por él mismo en $180 millones y otro 11,5% en Inversiones y Asesorías Limitada, que cuesta $35 millones.
Otro personero que muestra una declaración con varias participaciones y propiedades es Sergio Bitar. Registra acciones en empresas por poco más de $100 millones al valor actual de mercado y otras participaciones accionarias que son avaluadas en otros $100 millones.
Estudiarán el tema
Muy abiertos a estudiar el monto mínimo se muestran diputados como Monckeberg.
Pero hay incluso quienes estiman que los US$ 5 millones es demasiado alto: "creo que una cifra razonable es poseer inversiones líquidas por US$ 1 millón", estima Jorge Schaulsohn, miembro de Chile Primero, "pero deben ser excluidos los bienes raíces". No tiene sentido, esgrime, que alguien porque tenga una casa o un campo deba abstenerse de intervenir en política. "Salvo que se trate de un campo productivo, organizado como una empresa; en ese caso debería ser considerado como parte del patrimonio relevante", dice.
"Pero US$ 1 millón líquido me parece razonable. No es fácil en Chile llegar a acumular esa cantidad. Y el que no quiera hacerlo, pues mala suerte, la política debe tener un componente de servicio público", sentencia Schaulsohn.
Consultamos qué pasaría si él eventualmente estuviera en ese caso, "entonces debería hacerlo o no participar en política", opina tajante.
Este martes debería darse el primer paso para legislar sobre la instauración de un fideicomiso. La Comisión de Constitución deberá pronunciarse acerca de una reforma a la Carta Magna, en que se incorpore esta exigencia.
Declaraciones: muy generales y de difícil acceso
Las declaraciones de patrimonio actuales son bastante generales, en especial si se considera que de aprobarse una ley de fideicomiso ciego se deberá ser muy transparente en cuanto al valor de los bienes que se posee. En el casillero en que se exige valorizar entre paréntesis se pone "voluntario". Por eso, son algunos de los ministros los que fijan precio a sus bienes, mientras que otros sólo enumeran las propiedades y las participaciones en sociedades.
Acceder a estas declaraciones tampoco es expedito ni fácil. Un fallo del Tribunal Constitucional obligó a la Contraloría a llevar un registro por escrito de cada uno de los consultantes del patrimonio. Algunos parlamentarios lo publican en su página de Internet. Pero del resto de los funcionarios públicos hay que consultar en la Contraloría. No se puede sacar fotocopia de los documentos, ni fotografías. Sólo se pueden tomar apuntes o escribir los detalles que en ella salen.
La nueva norma exigirá que las declaraciones de patrimonio se publiquen en Internet.
Anteproyecto contempla incluir propiedades
El anteproyecto establece que las autoridades de más alto rango en el país tendrán que constituir un fideicomiso ciego si poseen bienes por 65 mil unidades tributarias mensuales (UTM).
El procedimiento para hacerlo es informando a la Superintendencia de Valores y Seguros que se constituyó y demostrando la independencia del fiduciario.
El plazo para formarlo son 60 días desde que se asume el cargo o 10 días desde la formalización de la inscripción de la candidatura en el servicio electoral, en caso de elección popular.
El fiduciario debe ser una sociedad anónima, regida por las normas de las sociedades anónimas abiertas. Pueden administrar patrimonios de más de un funcionario público, pero éstos sólo pueden designar un fiduciario.
En los países desarrollados fiscaliza un ente autónomo
Tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido existe una normativa que obliga a los funcionarios públicos a declarar por escrito todos sus bienes y patrimonio.
Además, contempla la existencia de un ente autónomo que supervisa las declaraciones de patrimonio y resguarda conflictos de interés. Así al menos lo describe un documento del Departamento de Estudios de la Secretaría General de la Presidencia chilena.
La experiencia internacional, dicen en la Segpres, demuestra que el fideicomiso ciego es débil a medida que el patrimonio crece. De hecho, cuando se trata de una empresa estratégica, la única opción viable es la venta. Este fue un punto hecho ver por el diputado Jorge Burgos y que fue acogido por los demás redactores del proyecto que se elabora.
