Chile y el Convenio 169

martes, 20 de febrero de 2018

Editorial
El Mercurio

Un aspecto de interés es por qué tantos países se han resistido a ratificar este convenio.

Se acerca la posibilidad de denunciar el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) -es decir, que Chile se margine reglamentariamente de sus disposiciones-, lo que suscita un comprensible debate en sectores ciudadanos.

En septiembre de 2008, nuestro país ratificó este convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales y hay quienes acusan que ese instrumento se ha convertido en una seria traba para el desarrollo de las inversiones, por lo que abogan por discontinuar la adhesión al mismo.

Un informe de la OIT aclaró que los países firmantes tienen la posibilidad de denunciar el convenio cada diez años desde su entrada en vigor, lo que aconteció en 1991; por tanto, según ha señalado el actual ministro de Desarrollo Social, Chile deberá tomar esta decisión en 2021. Con anterioridad se habían planteado otras opiniones sobre cómo contabilizar ese plazo, de manera de poder ejercer la opción de denuncia en 2019. Más allá de las diferencias sobre la fecha exacta, lo que no ha estado en discusión es que le corresponderá al gobierno entrante adoptar esa decisión.

Denunciar o no el convenio requiere de un análisis que considere los beneficios y costos que esta iniciativa ha traído al país. Hasta ahora no se han desarrollado estudios exhaustivos que permitan realizar una evaluación de estas características; si esa situación no cambia, se deberá adoptar una decisión con antecedentes y juicios más bien parciales.

Las autoridades actuales han planteado la conveniencia de que se continúe con la adhesión a este convenio. Por ejemplo, el ministro de Desarrollo Social, que en estos días estuvo exponiendo en la OIT sobre la experiencia chilena de consulta indígena en el proceso constituyente, ha defendido esta postura sosteniendo que una denuncia vulneraría los derechos de los pueblos originarios. Sin embargo, desde que este convenio se adoptara por la OIT, en junio de 1989, solo 22 países lo han ratificado. Entre ellos no se encuentran países como Australia, Canadá y Nueva Zelandia, reconocidos por su preocupación por los pueblos originarios.

Un aspecto de interés es por qué son tantos los países que se han resistido a ratificar este convenio y, en particular, estos tres. La deliberación en esos países identifica varios aspectos que explican en parte la tensión que genera ese instrumento. Quizás los más relevantes apuntan a que las disposiciones relativas a territorios y recursos naturales eran demasiado amplias, confusas y susceptibles de múltiples interpretaciones. Algo similar sucedía con las consultas respecto de materias legislativas y administrativas que pueden afectarlos. Hay un campo enorme de discrecionalidad en este ámbito que incluso puede ser utilizado como una estrategia política, más que como una preocupación por los derechos de los pueblos originarios.

Es cierto que la OIT no tiene un alcance jurisdiccional, pudiendo, a lo más, cuestionar la manera en que se está aplicando el Convenio 169 en un país específico, pero igual puede influir en el clima político de ese Estado y es razonable que sus autoridades y representantes quieran deliberar sin coacciones respecto de estos asuntos. Existe cierto consenso respecto de que ese convenio ha ayudado a poner de relieve la protección de los derechos de los pueblos originarios y la igualdad con la que deben ser tratados, pero surgen dudas sobre los costos que ese instrumento ha tenido para el país y sobre si el mismo propósito podría tal vez alcanzarse a través de otros medios.

Las iniciativas que se ha intentado desarrollar para acotar la falta de precisión de este convenio no siempre han prosperado. De hecho, el decreto supremo que regula el proceso de consulta contemplado en el convenio (DS N°66 de 2014, MDS) parece aún demasiado amplio y entorpece, a veces, innecesariamente la potestad legislativa y administrativa del Estado chileno. Además, estos procesos de consulta, por diversas razones, son poco representativos de los pueblos originarios.

Es de esperar que el debate que se inicia se desarrolle con la mayor cantidad de antecedentes y que, en caso que las futuras autoridades decidan denunciar este convenio, esta medida vaya de la mano de una política integral hacia los pueblos originarios. Ese es el camino que han seguido algunos países que son referentes en materia de trato hacia esas comunidades y etnias.