En US$ 2,5 millones rematan departamento de Chang
viernes, 16 de febrero de 2018
Andrea Chaparro
Nacional
El Mercurio
La junta de acreedores gestiona paralelamente que el Ministerio Público acceda a liberar fondos incautados en Isla de Man.
El próximo mes, el empresario Alberto Chang Rajii cumplirá dos años en Malta. Y a la fecha, la Corte de ese país aún no resuelve si accederá o no a la solicitud de extradición de Chile. La recuperación de activos en sede civil, sin embargo, continúa su curso. Ayer, en Londres, fue rematado en US$ 2,5 millones un departamento, en el 50 de la calle Brook's Mews (Mayfair). Chang enfrenta cargos por una megaestafa que superó los US$ 100 millones y afectó a cerca de mil personas. Cinco meses atrás -junto con el departamento-, el liquidador Carlos Parada consiguió incautar también muebles y obras de arte, incluidas esculturas del estadounidense Dale Chihuly y obras del inglés Damien Hirst, así como US$ 6,2 millones que estaban "congelados" en el Banco Lloyds en la Isla de Man. Y justamente esos dineros tienen ahora enfrentada a la fiscalía con la junta de acreedores de la liquidación de Chang. Su presidente, Rodrigo Rettig, dice: "La Fiscalía de Chile, a través de su Unidad de Cooperación Internacional (Uciex), está retardando el pago a más de mil víctimas del caso Arcano, respecto del primer gran monto que podría cancelarse bajo la vía civil, que son US$ 6,2 millones de la Isla de Man". Para el abogado, quien comentó a "El Mercurio" que el mes pasado se reunió con el fiscal nacional, Jorge Abbott, y el jefe de Uciex, Antonio Segovia, la demora en el pago se da porque Parada "solicitó que se le entregara en su calidad de liquidador transfronterizo dicho monto, (y) respondiendo la autoridad de ese país, se informó que aprobarían el traspaso, pero en la medida que se contara con la autorización de la Fiscalía de Chile, ya que ellos al inicio del proceso penal enviaron solicitudes de congelamiento". Rettig afirmó que los representantes del Ministerio Público chileno le expresaron que dar curso a una solicitud como la planteada podía poner en riesgo el "interés de presuntas víctimas que no estarían en el proceso concursal civil". Sin embargo, la fiscalía no ve dos asuntos relevantes, dice Rettig. Uno, que en la práctica, si esos dineros llegaran a repatriarse bajo la vía penal, el liquidador hará uso del artículo 149 de la ley de insolvencia, que lo faculta para hacerse de recursos incautados en sede penal para repartir entre acreedores (ya ocurrió en IM Forex e Investing Capital); y, dos, la Fiscalía no tiene los insumos, personal y procesos idóneos para repartir los recursos a los defraudados, sentencia el abogado.
