Ministra procesó a general (r) Ureta por fraude al Ejército de $1.783 millones
domingo, 11 de febrero de 2018
CINTHYA CARVAJAL
Nacional
El Mercurio
Le imputan que "permitió" que otros oficiales defraudaran al fisco.
El general (r) del Ejército Héctor Ureta Chinchón fue procesado por fraude al fisco de $1.783.438.859 en la investigación por el desvío de fondos de la "Ley Reservada del Cobre". La decisión fue adoptada la madrugada del sábado por la ministra Romy Rutherford, quien además dictó una orden de aprehensión en su contra por la pena asignada al delito. La magistrada sostiene en su resolución que hay presunciones fundadas de que al uniformado le ha correspondido una intervención directa e inmediata en la ejecución de los hechos en calidad de autor. "En el caso aparecen indicios suficientes para estimar, en el presente estado procesal, que el inculpado Héctor Ureta a lo menos consintió, toleró o permitió que otros oficiales del Ejército, que se encontraban bajo su mando, defraudaran al fisco", dice el fallo. Fue el Consejo de Defensa del Estado (CDE) quien pidió hace un par de semanas su encausamiento por fraude al fisco. El organismo además solicitó el procesamiento del coronel (r) Fernando Grossi García, a lo que la ministra decidió "no ha lugar por ahora, sin perjuicio de lo que se pueda resolver evacuadas las diligencias". La decisión se adoptó porque en su calidad de coronel, como jefe del Estado Mayor de la División de Mantenimiento del Ejército (DIVMAN), entre el 2 de enero y el 30 de octubre de 2012, y como comandante de la División de Mantenimiento del Ejército, entre el 1 de noviembre de 2012 y el 31 de diciembre de 2015, "se tramitaron y pagaron gran parte de las facturas falsas investigadas en relación con los proveedores Fuentes Quintanilla y sus empresas Inversiones y Comercio Capellán y Repuestos Automotrices Ltda. y Waldo Pinto Gaete". Versión de Ureta En la declaración que prestó, Ureta dijo que "como general dio cuenta de la situación del fraude al fisco y que quienes robaron la plata son personas que actualmente se encuentran en la calle, que no sabe quiénes son; personas que estaban encargadas de llevar cuadratura del dinero correspondiente de la Ley del Cobre en el Comando de Apoyo a la Fuerza (CAF) y no lo hicieron; y a su vez generales que debieron controlar, y que no lo hicieron".
La magistrada además ordenó el embargo de bienes por una suma de $1.783 millones.
