Abogada de imputado por la quema de camiones acusa procedimientos "ilegales"
jueves, 08 de febrero de 2018
VÍCTOR FUENTES
Nacional
El Mercurio
Denuncia indagatoria a niños por Ley Antiterrorista, orden retroactiva para interceptar teléfonos y números tarjados.
Investigaciones bajo la Ley Antiterrorista de menores de edad, números de celulares y los nombres de sus propietarios tarjados y órdenes de interceptación telefónica con carácter retroactivo, son algunos de los elementos que define como "ilegales" la abogada particular Karina Riquelme, luego de iniciar la revisión de la carpeta de la investigación que lleva a cabo la Fiscalía Regional de La Araucanía, por la presunta alteración de pruebas por parte de funcionarios de la Unidad de Inteligencia de Carabineros. La profesional representa a Rodrigo Huenchullán, una de las 10 personas indagadas por los delitos de asociación ilícita terrorista y quema de 58 camiones en la "Operación Huracán", y que por estas supuestas irregularidades, junto a las otras defensas, mañana pedirán al Tribunal de Temuco el sobreseimiento definitivo de la causa. Junto con reiterar que no ha completado la revisión del expediente, la abogada Riquelme detectó que entre los indagados por la Ley Antiterrorista hay adolescentes: "Que se incluya a tres menores de edad en una investigación por delito terrorista es completamente ilegal, porque hay una orden expresa de que no se puede investigar a niños en virtud de esta norma". Argumentó que "hay reformas legales y presentaciones de organismos internacionales sobre esto y, sin embargo, la fiscalía llevó adelante esta investigación", y precisó que "a estos menores, de 14, 16 y 17 años, se les está investigando por asociación ilícita terrorista". Riquelme constató que "junto a las autorizaciones para interceptaciones telefónicas aparecen 15 números tarjados junto al nombre de sus propietarios". Agregó que esas autorizaciones "se realizaron a partir del 9 de agosto, pero con 30 días de retroactividad, de manera de permitir que se utilice cualquier tipo de información que se hubiera recabado, de manera ilegal". Desde la Defensoría Penal Pública descartaron referirse a los contenidos de la carpeta, pero confirmaron que un equipo de cinco defensores asumirá la representación de ocho de los imputados. Otros dos optaron por defensas particulares.
