lunes, 24 de marzo de 2008
VALENTINA ÁLVAREZ, corresponsal
Economía y Negocios, El Mercurio
Uno de los problemas más graves es la escasez de productos básicos, como la carne bovina y la bencina. Eso, sin contar con una inflación que no cede, no obstante los controles de precios.
BUENOS AIRES.– La Semana Santa tuvo un comienzo más que trabajoso para los argentinos, ya que cientos de cortes de rutas impidieron a muchos llegar a los lugares elegidos para pasar el feriado. Y la escasez de productos básicos, como la carne de vacuno o la bencina, fastidiaron el disfrute vacacional. Lo que se oculta tras los conflictos domésticos es la mayor crisis que la Presidenta Cristina Fernández haya enfrentado en estos tres meses de gobierno.
La huelga del sector agrícola, por el aumento de los impuestos a las exportaciones de soja, configura un fenómeno inédito en Argentina. Se trata de la primera protesta de todas las entidades que representan al sector en un país donde los gremios agrícolas están muy segmentados.
El aumento de impuestos -de 35% a 45% del total de lo exportado- a la soja en grano, aceites y harinas fue dispuesto por el Ejecutivo hace pocos días y de inmediato puso en pie de guerra al sector agrícola.
La medida tiene además un agravante: mientras más suba el precio internacional de la soja, más dinero se llevará el fisco en impuestos. Argentina estima exportar este año unos US$ 25.000 millones en soja y sus derivados.
"La medida es constitucionalmente dudosa -asegura el economista Francisco Mezzadri-, porque les dice a los productores cuánto pueden ganar, le pone límites a una actividad que siempre fue libre".
Los agricultores se quejan de que el Gobierno se queda con la mitad de la producción de soja y que, aun así, si la tonelada subiera por encima de los US$ 600, el 95% de lo exportado quedaría en manos del Tesoro Público. Un dinero que, como el Ejecutivo no comparte con las provincias, es el argumento que usan los empresarios en huelga para acusar al Gobierno de estimular la concentración de la riqueza.
Al cierre de esta edición, sin embargo, la Presidenta Fernández no ha hablado públicamente sobre el tema; sus ministros se han dedicado a descalificar la protesta como "una extorsión" de empresarios que ganan mucho y no les importa generar desabastecimiento alimenticio.
Pero la huelga agropecuaria, pautada para seguir después de Semana Santa, es el aspecto más complicado de un cuadro económico que amenaza con convertirse en un problema político para la Presidenta.
Inflación y desabastecimiento corren paralelos a un mercado crediticio internacional que sigue cerrado para Argentina desde 2001. Y todo ante la inminencia de nuevas negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que a su vez avalaría algún acuerdo con los grandes acreedores agrupados en el Club de París. Tema crucial, porque, sin acuerdo con los acreedores, no se podrá conseguir financiamiento para obras de infraestructura que interesan al Ejecutivo.
"Argentina alcanzará acuerdos parciales con el Club de París y con el FMI -asegura el analista Rosendo Fraga-, pero en el medio está el principal problema que tuvo el gobierno de Néstor y ahora el de Cristina Fernández, quienes suelen sacrificar el largo plazo ante el corto plazo. Por eso, aunque la situación económica evoluciona mal, el Gobierno todavía tiene ingresos para postergar los problemas".
La impredecible situación financiera internacional y el avance galopante de la inflación también permiten prever futuros frentes de tormenta para la Presidenta. En el caso de la inflación, se trata del tema del día entre los argentinos.
"Trabajo tengo, y mucho, pero el problema son los insumos: los precios me cambian de un día para otro y cada vez que me hacen un encargo, tengo que ir a preguntar precios antes de hacer un presupuesto", dice Pablo Kuyuncián, un gásfiter que atiende a clientes particulares en Almagro, un barrio de clase media de Buenos Aires.
El crecimiento económico argentino de los últimos años ha rondado un envidiable 8% anual, pero el talón de Aquiles de la buena racha es, sin duda, una inflación de dos dígitos, una de las tres mayores de la región. Al menos, según las estimaciones de media docena de estudios independientes que contradicen al ente oficial, el Indec, asegurando que la inflación de 2007 estuvo más cercana al 18% que al 8% de los cálculos oficiales.
Burbuja de prosperidad
"El mundo está sufriendo grandes turbulencias, pero eso a los argentinos no les afectó significativamente", se ufanaba la semana pasada el ministro argentino de Economía, Martín Losteau, durante un encuentro con estudiantes.
Ciertamente, la sensación que existe en las calles del país es de bonanza y esto se refleja en los números: el desempleo en Argentina pasó de casi 20% en la década pasada a menos de 9% en 2007. Y los precios de algunos bienes esenciales, como la bencina, el gas residencial, los pasajes del transporte colectivo y algunos alimentos, están congelados por el Gobierno.
Esa burbuja de prosperidad tiene una explicación, a decir de los expertos. El gobierno de Néstor Kirchner y el de su esposa y sucesora han empleado los extraordinarios recursos fiscales que generan las exportaciones agrícolas para estimular la economía. Con subsidios a algunos sectores y precios controlados a otros, han logrado que -como ironiza el columnista político Joaquín Morales Solá- "el petróleo supere los 110 dólares por barril en los mercados del mundo, y los argentinos, felices, no se enteraron".
