miércoles, 19 de marzo de 2008
Constanza Hola Chamy
Economía y Negocios Online, El Mercurio
La futura licitación del espigón público de Valparaíso sería la pionera. De resultar, también se contempla para San Antonio.
De brazos cruzados no han estado. Porque a pesar de las constantes críticas que recibieron la semana pasada por el paro de cuatro días que realizaron los trabajadores portuarios de San Antonio, el subsecretario del Trabajo, Mauricio Jélvez, tiene claro el panorama.
Asegura que hay que separar aguas. Que el problema puntual de la baja productividad del muelle público en San Antonio y la potencial licitación del puerto "corren por carriles distintos en tiempos distintos".
Para lo primero, el lunes se volvieron a juntar con los portuarios y reanudaron las dos subcomisiones -una de estibadores para determinar cuántos y quiénes se han quedado sin trabajo y la otra para delimitar el rol de fiscalización de la Ley del Trabajo y la ley de Trabajos Pesados-, para tratar el tema puntual.
"Yo les pido a los trabajadores que calmemos las ansiedades, porque el tema está muy avanzado y va por buen camino", señala el subsecretario.
En las licitaciones, el tema es más complejo, ya que según el subsecretario no hay una definición clara al corto plazo respecto de la licitación de San Antonio como sí la hay para Valparaíso. "Uno tiene que ir actuando sobre la realidad, no sobre especulaciones. La realidad es que tendría prioridad Valparaíso", dice de entrada el subsecretario al ser consultado sobre los planes sociales para los trabajadores portuarios ante las eventuales licitaciones.
El diseño estrella
El lunes recién pasado el subsecretario se reunió con el presidente de la Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV), Germán Correa, para conversar sobre las soluciones a las demandas de los trabajadores que ayer marcharon hasta la Intendencia a dejar su petitorio.
Pero en Valparaíso el tema ya está prácticamente diseñado.
"Todo lo que tiene que ver con protección social está pensado dentro del sistema de licitación. Es la empresa licitante la que tendrá que hacerse cargo", cuenta el subsecretario, quien señala que en Valparaíso, a diferencia de San Antonio, EPV ha sostenido reuniones periódicas con los trabajadores para diseñar en conjunto el tema.
El costo del paquete de medidas sociales y previsionales se incorpora dentro del diseño de la futura licitación. Así, es uno de los costos adyacentes que la empresa acepta al postular al proceso. "El negocio da, es un negocio rentable. Acá el Estado está cediendo un derecho a un privado que se va a ver beneficiado con la explotación de ese derecho. Lo lógico es que internalice los costos que supone lograr un modelo de eficiencia para la gestación de ese proyecto", asegura el subsecretario.
El diseño de Germán Correa sería aplicable a otros puertos también, como su vecino regional. "Nosotros creemos que ese modelo también tiene que utilizarse para San Antonio", asegura Jélvez.
La agenda B
No sólo de paros portuarios vive el subsecretario. Porque desde que asumió hace casi dos meses, una de sus principales actividades ha sido reunirse con los principales líderes gremiales para darles tranquilidad respecto de la posición del gobierno en el clima laboral.
Ayer en la tarde fue el turno de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), a través de su presidente, Luis Schmidt.
Ya se ha reunido con el líder de la CPC, Alfredo Ovalle, y dentro de los próximos días su agenda contempla también a la Cámara Chilena de la Construcción (CChC).
Actores apoyan, pero con condiciones
Que los privados se hagan cargo de los costos sociales no es novedad. Ya hay países que han implementado en sus concesiones o privatizaciones el costo del paquete previsional.
El tema es cuánto y a quiénes. "Para poder dar una opinión en concreto habría que saber de qué cantidad de trabajadores estamos hablando y la magnitud del compromiso. No es algo descartable, pero obviamente tiene que ser analizado en detalle", asegura Alberto Bórquez, gerente general de STI, concesionario actual de parte del puerto de San Antonio.
"Es indiferente quién pague. Lo importante es que esté claramente delimitado a quiénes beneficia. La ventaja que tiene es que termina el vínculo con el Estado", asegura Rodolfo García, presidente de la Cámara Marítima y Portuaria de Chile.
Los trabajadores tampoco se niegan de plano a la opción. De hecho, aseguran que no importa de dónde vengan los fondos mientras vengan luego. "Hoy, cuando el Gobierno pretende hacer licitaciones separadas, lo que está haciendo es ponerle un candado a San Antonio. Si se licitara el puerto de San Antonio ya, a nosotros no nos importaría que los privados pusieran la plata", dice Sergio Vargas, presidente de la Unión de Trabajadores Portuarios de San Antonio.
