lunes, 17 de marzo de 2008
Pablo Obregón Castro
Economía y Negocios Online, El Mercurio
El cofinanciamiento fracasó. Los privados no pagaron los derechos de agua y el Estado paralizó las obras. Para convertirse en potencia agroalimentaria, el país requiere sumar 1.300 millones de metros cúbicos de capacidad de embalse.
El cofinanciamiento fracasó. Los privados no pagaron los derechos de agua y el Estado paralizó las obras. Para convertirse en potencia agroalimentaria, el país requiere sumar 1.300 millones de metros cúbicos de capacidad de embalse.
Tan obvio como que después del día viene la noche es el ciclo hidrológico. Luego de un período de abundantes lluvias, tiene que venir, inexorablemente, una fase seca.
Claro que esa escasez puntual y previsible de precipitaciones no tiene por qué traducirse en una sequía devastadora. No al menos en aquellos países que, en un ejercicio claro como el agua, almacenan el recurso y no lo dejan escapar en torrentes hacia el mar.
No es el caso de Chile. Los últimos embalses de gran envergadura que se construyeron corresponden a Santa Juana (1995) y Puclaro (1999). De ahí en adelante, sólo se entregaron obras menores.
¿Qué pasó durante las últimas tres décadas para que ni el Estado ni los privados hicieran las obras necesarias? Los incentivos nunca estuvieron bien puestos. La ley establece que las inversiones en riego deben ser cofinanciadas por los beneficiarios. Y en términos generales, ese mecanismo no se ha cumplido. Los usuarios no regularizaron su situación y el Estado no invirtió.
En la Sexta Región hay un caso tragicómico. El Embalse Convento Viejo se viene anunciando -sucesivamente- desde hace treinta años y recién ahora, en plena crisis, comienza a materializarse. Los agricultores de la zona rebautizaron el proyecto con el nombre "cuento viejo".
Tal como advierte el presidente de la Comisión de Agricultura del Senado, Juan Antonio Coloma, durante los últimos cuarenta años la capacidad de embalse se ha incrementado apenas un 20%, mientras que la superficie sembrada se ha triplicado. "Claramente, las políticas públicas han fracasado en esta materia", dice.
Según el abogado experto en derechos de agua de Vergara y Cía., Alejandro Vergara, hay pocos incentivos para que los agricultores paguen las obras, pues de todos modos seguirán usando esos recursos, salvo que la autoridad dejara de entregarles las aguas.
"El estado tiene que seguir gastando en la administración de los embalses, pero no en la construcción de nueva infraestructura. Aquí el tema es que el enfrentamiento público privado no está bien equilibrado. El gran reclamo del Gobierno hacia los usuarios de las aguas es que no han pagado, pero a lo mejor esos usuarios agrícolas no son los únicos beneficiados". Esta situación está produciendo un desincentivo a seguir construyendo embalses y consagra al Estado como uno de los principales tenedores de los derechos de aguas.
¿Ejemplos? Puclaro, Santa Juana, Laguna del Maule y Paloma, entre otros, siguen bajo control estatal, aun cuando la ley establece una administración provisoria por parte del Estado. En todo caso, la autoridad asegura que en los dos primeros casos se está a punto de materializar la entrega a los usuarios.
Culpa de las eléctricas
Si bien el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Luis Schmidt, reconoce que los agricultores no han regularizado sus derechos de agua, replica que, en los hechos, las eléctricas y mineras son los grandes ocupadores de los embalses y no los dueños de los predios.
"La falta de infraestructura no ha sido culpa de los agricultores. Yo reclamaba el año pasado por la sequía enorme que se produjo en el Valle de Copiapo. ¿Qué pasó? Que secaron el Tranque Lautaro. Yo le dije a la Dirección de Aguas: "Pesquen un helicóptero y vayan para arriba. Van a ver cómo las mineras han intervenido y por eso se secó El Lautaro". Lo hicieron y se encontraron con la sorpresa. Este año, el Lautaro tiene bastante agua todavía y no tiene problemas", señala.
Aunque el Estado anuncia la construcción de cinco grandes embalses de aquí a 2011, los afectados advierten que este programa de obras incluye proyectos que estaban en carpeta desde hace décadas.
Para el senador por la Sexta Región, Andrés Chadwick, el caso más paradigmático del fracaso de las políticas públicas en materia de aguas es el proyecto Convento Viejo. Se anunció hace décadas y recién ahora comienza a materializarse. El problema es que el Gobierno, en su afán por acelerar las obras, licitó el proyecto y, según los agricultores, la empresa que se lo adjudicó ha planteado tarifas impagables.
"El remedio resultó peor que la enfermedad. Las tarifas se van a sextuplicar y eso hace imposible que los pequeños agricultores puedan pagar. El modelo ha mostrado que no resulta. Obras Públicas debe hacer los embalses y entregar la administración a los propietarios agrícolas, pero con tarifas pagables", dice Chadwick.
Otro tanto ocurre en la Quinta Región. Según la SNA, los agricultores de la zona vienen solicitando hace décadas la construcción de un embalse que les permita aprovechar las abundantes aguas del Río Aconcagua y recién comienzan a agilizarse las cosas.
"Un embalse como Puntilla del Viento (Aconcagua) cuesta US$ 200 millones. Los agricultores de la zona se lo dijeron en todos los tonos al ministro, le dijimos háganos esto y nosotros lo pagamos, pero no está el convencimiento del MOP de hacer un sistema como Dios manda. Si se hubiera hecho a tiempo, los agricultores no estarían cortando paltos de siete años. En la Laguna del Maule ocurre algo peor. El Estado tiene los derechos de agua que debería traspasarles a los agricultores y negocia con las eléctricas a espaldas de nosotros. Les entrega más agua en desmedro de la agricultura".
La disputa por el agua está partiendo.
Director de la DOH: "Tenemos cubierta, bajo embalse, el 30% de la demanda de riego"
Para Juan Antonio Arrese, director de Obras Hidráulicas, la sequía de inversiones responde a dos factores: el no pago por parte de los privados y la disponibilidad de recursos estatales.
-¿El fracaso del sistema de cofinanciamiento explica la sequía de proyectos?
"Un elemento trascendente es ese. Efectivamente, hasta hace dos años hubo bastantes dificultades para lograr el reembolso. Pero existen dos mecanismos de financiamiento: la Ley 1.123, promulgada el año 1981, que establece que el usuario tiene que pagar la parte no subsidiada de la obra, y el sistema de concesiones. A partir de finales de 2003 hubo un cambio en la situación, y tenemos dos casos muy emblemáticos, que son el embalse Santa Juana y Puclaro, en que ya manifiestamente estamos avanzando en el traspaso de las obras".
