"Caso ampollas": CDE presentó querella por estafa contra cuatro ejecutivos de laboratorios
jueves, 28 de diciembre de 2017
Nadia Cabello y Andrea Chaparro
Nacional
El Mercurio
Se acusa a gerentes de firmas Fresenius Kabi Chile, Sanderson y Biosano de acordar los precios que ofertarían en las licitaciones de medicamentos de Cenabast.
Después de que en 2016 la Fiscalía Nacional Económica (FNE) acusara de colusión a laboratorios farmacéuticos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó hace una semana una querella contra cuatro ejecutivos de la industria, por el delito reiterado de estafa, aunque sin definir montos, en el llamado "Caso Ampollas" (ver recuadro). En el escrito presentado por el CDE ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago se detalla que la querella es contra Pedro Echeverría Bascuñán y Mariano Ojeda Martínez, gerente comercial y gerente general de Fresenius Kabi Chile y Laboratorio Sanderson, respectivamente, y Claudio Reginato Vásquez y Maurizio Reginato Vásquez, subgerente general y gerente comercial de Laboratorio Biosano. El CDE presentó la querella en representación de la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud (Cenabast), institución que intermedia la compra de medicamentos para consultorios y hospitales públicos. Según el escrito, los gerentes antes mencionados habrían participado en reuniones en las cuales las empresas que representaban acordaban cuál de ellas ofertaría el menor precio en licitaciones abiertas por Cenabast para adquirir medicamentos inyectables genéricos para el sector público de salud. De acuerdo a los antecedentes recabados en la investigación de la FNE, y que el Consejo de Defensa del Estado reproduce en su querella, esto habría ocurrido en la compra de 93 productos entre 1999 y 2013, en un total de 1.262 ocasiones. El CDE sostiene que "durante todo el período imputado, las empresas requeridas ejecutaron un mismo plan para afectar el resultado de procesos de licitación pública convocados por Cenabast para la adquisición de ampollas, haciendo que en definitiva aquella pagara sumas superiores por las ampollas en comparación a las que hubiere tenido que solucionar si no hubieren mediado las maniobras fraudulentas de los laboratorios representados por los querellados". Para el Consejo, esto configura el delito reiterado de estafa. Un cartel La Fiscalía Nacional Económica investigó desde 2013 el caso, hasta que determinó que los laboratorios funcionaron como un cartel. Según sus antecedentes, los ejecutivos se reunían en un restaurante cercano al Parque O'Higgins, y luego comenzaron a darse cita en el Centro Vasco, en la comuna de Santiago. Cerca de 2009, las reuniones cambiaron de lugar al domicilio de uno de los ejecutivos o en distintos cafés de la capital. Para agendar las citas se llamaban por teléfono o se ponían de acuerdo presencialmente después de las reuniones de la Asociación Industrial de Laboratorios Farmacéuticos (Asilfa), que contactados por "El Mercurio" prefirieron no referirse al tema. A esas reuniones, los ejecutivos llegaban con documentos internos y planillas Excel, donde había información sobre las licitaciones de Cenabast, los medicamentos requeridos y otros datos considerados en los concursos públicos. Debido a los acuerdos alcanzados allí, la FNE señaló que las empresas "obtuvieron ingresos sobrenormales, logrando concentrar un 85% del mercado durante el período imputado". En busca de acuerdo Consultados respecto de la presentación de la querella, desde Laboratorios Biosano aseguraron que "desde hace un tiempo iniciamos conversaciones con el CDE, ya que nuestro propósito es compensar el potencial impacto que la conducta del laboratorio pudo haber ocasionado a la Cenabast. Para ello, ya ingresamos una propuesta de acuerdo al CDE. Desde el punto de vista procesal, la querella es un prerrequisito para alcanzar cualquier acuerdo autorizado por la legislación". El abogado de Biosano, Matías Künsemüller, afirmó que "estamos tranquilos y confiados en que llegaremos a un pronto cierre de este caso. Independientemente de lo anterior, es oportuno resaltar que desde un punto de vista estrictamente penal, hemos colaborado en todo con la autoridad, de la forma en que lo exige la ley. Por lo anterior, nuestra opinión fundada es que estamos exentos de responsabilidad por cualquier delito, de acuerdo a la normativa vigente". Fuentes allegadas a la indagatoria confirman la versión de este laboratorio en cuanto a que estaría explorando la posibilidad de pagar el monto que eventualmente pudiera considerarse defraudado al fisco, con miras a acceder a una salida alternativa al juicio. En el marco de la investigación de la FNE, Biosano se había acogido al beneficio de la delación compensada, en que se le ofrecen ciertas garantías en el proceso, a cambio de información relevante sobre la concertación de las partes. Por su parte, Sanderson y Fresenius Kabi Chile pidieron la prescripción de las acciones de las cuales se les acusaba, porque habrían sido ejecutadas antes de agosto de 2011, cinco años antes de la presentación de la FNE. En 2008, Fresenius adquirió la participación mayoritaria de Sanderson, y desde ese año se fija su participación en el cartel. Desde esa empresa no quisieron referirse al tema. También indaga el Ministerio Público Paralelo al requerimiento presentado por la FNE en agosto de 2016, la Fiscalía Metropolitana Oriente abrió una investigación penal contra los tres laboratorios involucrados en las eventuales prácticas colusivas por delitos de estafa al fisco y cohecho. Maurizio Reginato fue el primero en comparecer en la causa que dirigen los fiscales de Alta Complejidad Pablo Norambuena y Carlos Gajardo, el 11 de agosto del año pasado. "La idea era repartir el mercado de licitaciones de compra de estos medicamentos ante las convocatorias de Cenabast", dijo a los investigadores. Su hermano, Claudio, quien se desempeñaba como subgerente general, coincidió con su relato y detalló -el 18 del mismo mes- cómo operaba el sistema de acuerdos. Los investigadores cuentan con mensajes de WhatsApp, correos electrónicos, entre otros antecedentes anexados a la carpeta investigativa.
