martes, 26 de diciembre de 2017
Economía y Negocios Online
Hermann González BBVA Research Chile
Cada cierto tiempo en debates económicos y en conversaciones informales he escuchado diversas críticas a la regla fiscal. Se critica por ejemplo su complejidad, los espacios de discrecionalidad y la falta de transparencia en la proyección de ingresos efectivos o la ausencia de mecanismos para asegurar que el gobierno cumpla los objetivos fiscales auto impuestos.
Sin embargo, una encuesta reciente realizada a un amplio espectro de profesionales de sector financiero, académicos y empresarios, dejó en evidencia que la regla fiscal es altamente valorada como mecanismo para generar disciplina fiscal, al limitar la expansión del gasto público. Al parecer, está internalizada la idea -correcta a mi juicio- de que si no fuese por la regla, el deterioro de las cuentas fiscales y el aumento del endeudamiento de los últimos años hubiesen sido aun mayores.
Con todo, los mismos encuestados señalaron mayoritariamente que consideran necesario hacer una reevaluación y modificaciones a la regla, incluso al poner esta iniciativa enfrentada a otras tan importantes como una modificación a la estructura tributaria o una mejora en la gestión del Estado.
Por lejos, la principal debilidad que se percibe corresponde a la falta de una institucionalidad que respalde a la regla y la evalúe de forma permanente, como un Consejo Fiscal autónomo o una Oficina de Presupuesto. Le siguen en importancia, aunque muy de lejos, la percepción de amplios espacios de discrecionalidad en el cálculo de los ingresos estructurales y, en tercer lugar, su complejidad, falta de transparencia y la inexistencia de mecanismos para forzar su cumplimiento.
Finalmente, existe también una opinión bastante generalizada entre los expertos sobre la necesidad de volver a un equilibrio fiscal estructural, como meta permanente de la política fiscal. Si bien el compromiso inicial del gobierno era volver al balance estructural el año 2018, lo cierto es que el Presupuesto del próximo año supone un déficit estructural de 1,5% del PIB y tomará seis a ocho más retomar el equilibrio. Parece excesivo que el proceso de consolidación fiscal post crisis tome quince años. Esto no hace más que dejar en evidencia que el tamaño del estímulo fiscal del año 2009 fue mayor a lo razonable o que los esfuerzos de consolidación posteriores han sido insuficientes.
Personalmente, me inclino por lo segundo. Para evitar que casos como estos vuelvan a repetirse, una ley debiese considerar explícitamente una meta permanente de balance estructural y cláusulas de escape que definan con total claridad la forma y el plazo en que se debe realizar el proceso de consolidación, con total independencia del gobierno en ejercicio.
Con la llegada del nuevo gobierno, se abre una oportunidad inmejorable para revisar la regla, mejorar su institucionalidad y realizar los cambios necesarios para reforzar su legitimidad como instrumento para guiar la conducción de la política fiscal.
