Reuniones en Washington entre la comitiva especial de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (Direcon) y agentes del USTR (la Agencia de Comercio estadounidense) y el USDA (Departamento de Agricultura, por sus siglas en inglés). Encuentros entre la ministra de agricultura, Marigen Hornkohl y el embajador de Estados Unidos, Paul E. Simons. Enérgicas defensas frente al Departamento de Estado del país por parte de Mariano Fernández, embajador de Chile en el país del norte. Las oficinas de la Asociación de Exportadores (ASOEX) atestadas de nerviosos exportadores de uva de mesa reunidos en torno a un teléfono. Un abogado estadounidense experto al otro lado de la línea, asesorándolos.
"Es como si, ya teniendo seis de las plagas de Egipto, nos cayera encima la séptima", señalaba el miércoles con gesto apesadumbrado Ronald Bown, presidente de la ASOEX antes de partir a Estados Unidos.
Así de dramático era para la ya maltratada industria frutera el potencial adelanto de la fecha en que aumentan las exigencias para el ingreso de la fruta chilena a Estados Unidos, conocido en la jerga del sector como un "marketing order". Si hasta ahora sólo a partir del 20 de abril se exigía cumplir nuevas regulaciones (el Us #1), un grupo de productores norteamericanos intentaban adelantarlo en 20 días, al 1 de abril.
El riesgo del adelanto
Tras doce días de barco, es difícil cumplir el Us # 1. Por eso, los chilenos ingresan toda la fruta posible antes del 20 de abril, y luego se comercializa hasta principios de mayo. El 20, los envíos disminuyen casi a cero, porque la posibilidad de rechazo es muy alta y de suceder, la fruta debe destruirse o redestinarse, lo que a esas alturas es prácticamente imposible.
Desde hace tres años los productores del Valle de Coachela, en California, han presionado para adelantar la fecha al 1 de abril. Su interés era que, de lograrlo, prácticamente ningún exportador chileno hubiera enviado uva después del 1 de abril (fecha que buscaban) por temor al rechazo, dejando al mercado estadounidense desabastecido; así, cuando Coachela entrara a mediados de mayo sus precios serían mucho más altos.
Los chilenos envían, entre el 1 y el 20 de abril, alrededor de 10 millones de cajas de uvas a Estados Unidos, por un valor FOB (es decir, un valor en el puerto chileno) de US$ 80 millones.
De adelantarse, los exportadores hubieran tenido que buscar nuevos mercados para su fruta, conseguir los barcos necesarios para enviarlos (con el consiguiente costo), y además los precios recibidos difícilmente hubieran alcanzado los US$ 14 ó US$ 18 que se pagan en Estados Unidos.
Frente común
Desde que a principios de año la amenaza fuera mayor, una serie de importantes actores de la industria, como los puertos, los supermercados y los recibidores estadounidenses han hecho una campaña de apoyo a los chilenos, pues menos exportaciones significan menos negocios para ellos también.
Esta semana fue crítica: la ley norteamericana exige un mínimo de 30 días de "aviso" entre el cambio y su puesta en marcha para que los afectados puedan ajustarse, y para lograr el cambio al 1 de abril, Coachela necesitaba obtener la regla el viernes.
Pero las gestiones chilenas dieron sus frutos: tras reunirse el lunes y el martes con agentes del USTR y USDA, los enviados de la Direcon lograron inclinar la balanza a favor de los chilenos, arguyendo el daño que implicaría este cambio para los exportadores y para las buenas relaciones mantenidas entre Estados Unidos y Chile.
La ministra y el embajador chileno argumentaron lo mismo en sus encuentros con Simons y con el Departamento de Estado, respectivamente. Estas gestiones sumadas tuvieron resultados exitosos: el viernes el USDA no emitió ningún adelanto. "Siempre han existido muy buenas acogidas mutuas, y eso ha sido fundamental", dijo Marigen Hornkohl.
Aunque nada es seguro -la próxima semana aún podría haber alguna resolución- el ambiente es esperanzador para los chilenos. La USTR ya fijó una reunión alrededor del 20 de marzo, en la que se espera dar los primeros pasos para solucionar definitivamente el tema. La idea es fijar una fecha inamovible para la puesta en rigor de la norma, y determinar el lugar de control de calidad y las medidas para regirlas. De resultar, el mercado sabrá a qué atenerse de manera definitiva, y la "séptima plaga" quedará eliminada.