martes, 26 de febrero de 2008
Felipe Morandé, Decano facultad de Economía U. de Chile
Economía y Negocios Online, El Mercurio
La prioridad dada por el Gobierno a reformas políticas lleva a que en su agenda descuide el desarrollo económico del país de cara a la próxima década, así como la delicada coyuntura actual.
El Gobierno ha hecho ver, por medio de su ministro del Interior -y casi, casi Presidente en ejercicio-, que la agenda legislativa estará dominada este año (y presumiblemente el próximo) por un conjunto de proyectos de ley que reforman el sistema político. No hay duda que varias de estas iniciativas pueden ser atractivas para la opinión pública porque contienen elementos que apuntan, al menos en apariencia, a profundizar la democracia.
Cito como ejemplo la inscripción automática de los mayores de 18 años en los registros electorales acompañada del voto voluntario, o la búsqueda de fórmulas que permitan a grupos políticos minoritarios tener representación parlamentaria. Estos son cambios necesarios, pero que constituyan el eje de la gestión gubernamental me parece una decisión equivocada que se entiende sólo por la lógica electoral que marcará lo que se ha dado en llamar el segundo tiempo del actual Gobierno.
La agenda correcta debe volver a darle alta prioridad a la consecución del desarrollo económico del país en la próxima década. Esto implica, en primer término, definir cómo usar los casi US$ 20 mil millones acumulados en los últimos años en la cuenta de ahorro del fisco. En septiembre de 2006, un grupo de economistas propusimos el uso de la mitad de esa cifra entre 2007 y 2010 para los fines siguientes: (a) aumentar la inversión en educación y capacitación, con el objeto de fortalecer el capital humano, elevar la productividad y mejorar las oportunidades de empleo; (b) financiar una profunda reforma del Estado, incorporando criterios de flexibilidad en la gestión, para facilitar también con ello ganancias de eficiencia al sector privado; y (c) impulsar con decisión la inversión y la innovación por la vía de una reducción gradual de los impuestos que actualmente entraban la actividad económica y el empleo.
Algo ha hecho el Gobierno en estas materias, particularmente en el caso de la educación con el aumento recién aprobado de las subvenciones escolares, y, en el caso de estímulos a la inversión y la innovación, con la reducción del impuesto de timbres y estampillas y un crédito tributario a la inversión en investigación y desarrollo cuando se hace con universidades. Pero se requiere de más recursos y más profundidad, especialmente en cuanto a modernización del Estado donde los avances parecen bastante exiguos.
La prioridad del desarrollo económico también implica, en segundo lugar, destrabar regulaciones que complican la inversión privada y el uso de la mano de obra, para estar a tono con la flexibilidad en los mercados que exige la globalización. Casi todos los cambios que han introducido los gobiernos de la Concertación al Código del Trabajo apuntan justo en la dirección contraria, y la idea fuerza en el programa de Bachelet en cuanto a avanzar hacia una mayor seguridad en los ingresos de los trabajadores en lugar de seguridad en el empleo, por la vía de fortalecer el seguro de cesantía y disminuir el costo de los despidos (indemnizaciones por años de servicio), parece estar lejos hoy de materializarse.
Tampoco se ha avanzado mayormente en desburocratizar el otorgamiento de permisos varios que inhiben la creación y el cierre de empresas, donde Chile exhibe resultados bastante pobres en los rankings mundiales de productividad.
Compleja coyuntura
Finalmente, la preocupación central por el desarrollo económico implica, además, enfrentar una coyuntura de corto plazo que se ve progresivamente complicada y que podría traer sorpresas desagradables justo en el período del segundo tiempo. La performance actual de la economía chilena dista de ser descollante: menos de 5% de crecimiento entre 2006 y 2007 no obstante la fuerte expansión de la economía mundial, la creación de empleo se ha estancado en el último tiempo en tanto el desempleo sube desde tasas superiores a 7%, y la inflación se empina hasta casi 8% en doce meses. Además, el peso se ha apreciado significativamente frente al dólar en meses recientes, la agricultura está afectada por una sequía en todo el país y el mismo fenómeno climático amenaza con seguir presionando al alza los precios de la energía, ya lo suficientemente cara como para afectar sustancialmente la competitividad de los sectores industrial y minero. Las perspectivas para este año -y tal vez el próximo- a nivel mundial no parecen muy promisorias, contexto que el país asume desde una postura de fortaleza en cuanto a la administración fiscal y a la disponibilidad de adecuados instrumentos de políticas monetaria y cambiaria. Pero no somos inmunes y no sería raro que termináramos 2008 creciendo más cerca de 4% que de 5%, con un desempleo por arriba de 8% y una inflación rebelde. Así, se requiere más que nunca de flexibilidad en los mercados y de políticas públicas orientadas a incrementar la productividad del sector privado.
En suma, la agenda del Gobierno debe reorientarse y poner el foco adecuado. Esto es lo que corresponde para velar por el bienestar de la gente, ahora y en el futuro. Pero también por el propio interés de la coalición gobernante. Si no, los pocos votos que puede ganar con las reformas políticas pueden ser nada en comparación con los muchos votos que perdería por no concentrar los esfuerzos en que haya más oportunidades de trabajo, mejores salarios y mayor emprendimiento.
