martes, 19 de febrero de 2008
EFE
Una serie de disposiciones legales impiden al presidente de EE.UU., George W. Bush, revocar el embargo y sólo otorgan esa competencia al Congreso.
MADRID.- Pese a la renuncia de Fidel Castro a la presidencia de Cuba, el embargo de EE.UU. a la isla caribeña seguirá vigente, al menos de momento, debido a una serie de disposiciones legales que impiden al presidente, George W. Bush, revocarlo y sólo otorgan esa competencia al Congreso.
Son disposiciones previstas en la Ley Helms-Burton de 1996, que endureció el embargo o bloqueo económico, comercial y financiero a La Habana y que establece claramente que mientras un miembro de la familia Castro esté en el poder, el presidente de EE.UU. no podrá decidir el fin de la medida coercitiva.
El presidente cubano se despidió hoy de ese poder de forma definitiva, sin embargo, su despedida no es la de la familia Castro, porque lo que ha hecho es dejar vía libre a su hermano Raúl para convertir en permanente el poder temporal que le cedió en julio de 2006 por razones de salud.
Dada la situación, la revocación de Ley Helms-Burton y del embargo unilateral que está vigente desde el 7 de febrero de 1962 tendrá que discutirse y aprobarse en el Congreso, algo que se considera más fácil con Raúl Castro al frente del país y que ya se intentó en alguna ocasión, aunque sin éxito debido a la fuerte presión del "lobby" cubano en el exilio.
La Helms-Burton, que impide que empresarios extranjeros con negocios en EE.UU. hagan inversiones en Cuba, fue promulgada en marzo de 1996 después de que aviones de la Fuerza Aérea de Cuba derribaran dos avionetas de la organización de exiliados cubanos "Hermanos al Rescate" sobre aguas internacionales en el estrecho de Florida.
Varios años antes, en 1992, Washington ya había endurecido el bloqueo inicial con la conocida como Ley Torricelli, por la que se prohíbe entrar en puertos de EE.UU. durante seis meses a barcos que hayan comerciado con Cuba.
Más recientemente, en 2004 Bush promulgó nuevas normas que aumentan las restricciones de los viajes a la isla y el envío de remesas a ese país.
Los expertos coinciden en que las compañías estadounidenses que llevan tiempo preparándose para su desembarco en la nueva Cuba sin Fidel Castro, deberán tener un poco de paciencia y esperar a que sea posible el restablecimiento de relaciones económicas y políticas normales.
Algunos empresarios, especialmente de sectores como el turismo, infraestructuras o comunicaciones, comenzaron a mirar a la isla como una posible fuente de nuevas oportunidades de inversión cuando se conoció la enfermedad del líder cubano y su decisión de transferir el poder a su hermano Raúl, el 31 de julio de 2006.
El Gobierno de Washington ha repetido hasta la saciedad que no piensa modificar su política hacia la isla hasta que haya un giro radical a la democracia, aunque ha dejado claro que está dispuesto a facilitar el camino hacia la transición y, de hecho, cuenta con un plan para el postcastrismo.
Una vez que se produzca ese giro radical que EE.UU. tanto desea, la administración comenzará a hacer "ajustes", según declaraciones reiteradas por la Casa Blanca durante el último año.
Lejos de eliminar el embargo, cuando se produjo la cesión temporal del poder a Raúl Castro, se dio a conocer un informe de la "Comisión de Asistencia para una Cuba Libre" del Departamento de Estado que incluía una partida de US$80 millones para ayudar a la disidencia cubana y "acelerar el fin de la dictadura".
