domingo, 17 de febrero de 2008
Alejandro Sáez Rojas
Economía y Negocios Online, Enfoques
Monseñor Alejandro Goic estimó en $250.000 el sueldo mínimo ético para las familias chilenas. Hoy, con los subsidios en dinero y las prestaciones de salud y educación, más su remuneración, el 10% más pobre vive con $212.741 mensual por grupo familiar.
La comisión de equidad tiene un duro trabajo para marzo, cuando se vuelva a reunir luego del receso de verano. Una de las tareas más relevantes que tendrá es definir un mínimo de ingreso garantizado a las familias más pobres.
En el imaginario colectivo se instaló la idea de que $250.000 sería un monto mensual adecuado para que una familia pudiese sobrevivir, tal como lo estimó el obispo Alejandro Goic.
El Consejo Asesor para la Equidad, presidido por Patricio Meller, puede tener en esa cifra un piso que deje conformes a todos los actores involucrados. ¿Pero qué realidad de ingresos tienen los más pobres ahora? ¿Cuánto más dinero fiscal tendrá que destinarse para llegar a la cifra de $250.000? ¿Se considerarán los subsidios y aportes que ya se dan o sólo lo que reciben por remuneraciones de su trabajo?
El 10% de los hogares más pobres de Chile ya reciben del Estado aportes de $137.000. Cerca de $36.000 son dinero, a través de distintos mecanismos: bonos, pensiones y subsidios como electricidad y agua potable.
Pero además del dinero -o subsidios monetarios- las familias también reciben ayuda por concepto de educación y salud. Para los más pobres, los beneficios en el área enseñanza están valorizados en la encuesta Casen en $57.485, mientras que los gastos en salud suman alrededor de $43.700.
También los hogares de ingresos más pobres cuentan con más recursos que pueden generar por su trabajo. De acuerdo a la encuesta Casen, estos ascienden a $75.687 al mes para los segmentos más pobres. Entonces, una familia que pertenece al 10% más pobre en Chile vive con $212.741 mensuales, lo que acerca las cifras a lo planteado por monseñor Goic.
El Estado debería suplementar alrededor de $37.259 para alcanzar el monto de $250.000, si es que se incluyen los aportes de educación y salud. Considerando al 10% más pobre, que es el único bajo el límite de los $250.000 después de los subsidios, el gasto adicional ascendería a US$ 412 millones. Una cifra que, dada la realidad actual de ingresos, es más manejable, según dicen quienes conocen de las cifras fiscales.
Hasta ahora, las versiones que existen sobre lo que hará la comisión de equidad son diversas. Pero ha trascendido que una de las opciones es cuantificar los aportes en educación y salud.
Pero otro es el panorama si, al final, no se decide incorporar la valorización de los subsidios en educación y salud.
El 10% de los hogares más pobres es capaz de producir con su trabajo $75.687 al mes, según los datos de la encuesta Casen 2006. Para llegar a $250.000, se requeriría de un aporte de $174.713 por hogar al mes de parte del Estado.
Difícil tarea
Una meta de estas características sería muy ambiciosa: el fisco debería destinar US$ 2.000 millones al año para llegar al mínimo que planteó la Iglesia. Según un integrante de la comisión, se está "cuidando que las medidas no sean un desincentivo al trabajo", por lo que un aporte en dinero sustantivo podría dejar que mucha gente se esforzara para conseguir sus propios recursos. Pero eso no es todo.
El segundo decil, el 10% que está sobre el anterior grupo, tampoco alcanza a cubrir con sus propios recursos los $250.000. Para ellos, el Estado debería destinar otros US$ 780 millones al año en suplementar sus ingresos. Ellos, en este escenario, recibirían un aporte de $70.000 mensuales.
Si se decide suplementar a todos los que ganan menos por su trabajo que los $250.000, el gasto superaría los US$ 3.000 millones anuales.
El impacto de la pensión básica solidaria
Las pensiones se transformaron en un ítem muy relevante en la ayuda del Estado.
En los $36.000 de aportes del Estado ya se incluye el incremento que realizó la reforma previsional. "El alza que significó esta medida es del orden de 47% respecto a lo que existía con las pensiones asistenciales", estima Rodrigo Castro, experto del Instituto Libertad y Desarrollo.
¿Por qué entonces el monto de aporte fiscal no es mayor si la pensión básica solidaria parte en el primer año en $60.000? La respuesta es que se trata de cifras promedios: es decir, se distribuye el gasto en pensiones en todos los estratos socioeconómicos, para obtener una cifra promedio por hogar. No diferencia entre aquellas familias con adultos mayores y las que no lo tienen.
"En los hogares unipersonales, que se encuentran bajo la línea de pobreza, el impacto será muy sustantivo", estima la ministra de Mideplan, Paula Quintana.
"Cuánto impactará este dinero extra en el presupuesto de los hogares, por cierto que dependerá de la situación de precariedad y del tamaño de las familias", sentencia la secretaria de Estado.
