Dólar Obs: $ 954,25 | 1,13% IPSA -0,25%
Fondos Mutuos
UF: 37.271,90
IPC: 0,40%
Exigencias legales entrampan implementación de las denominaciones de origen

lunes, 18 de febrero de 2008

HUGO HERNÁNDEZ DONOSO
Economía y Negocios, El Mercurio

Limones de Pica y quesos de Panquehue llevan casi un año de tramitación en el Departamento de Propiedad Industrial. El resto de las posibles indicaciones geográficas ni siquiera está en trámite.




Un simple dulce, una aceituna, una longaniza y hasta el más refinado vino pueden acogerse a los mismos beneficios de una marca sólo por el lugar de dónde provienen y, así, incrementar el precio que los consumidores estarían dispuestos a pagar por él, en más de un 20%.

Aunque la oferta parece tentadora, en Chile solamente el pajarete, el pisco y algunos vinos cuentan con la protección que otorga una indicación geográfica o denominación de origen.

La primera identifica al producto como natural de un país o región, cuando su reputación y calidad se atribuyen exclusivamente a su procedencia; y las denominaciones de origen, por su parte, plantean lo mismo, pero agregan además otros factores como el humano.

Los entendidos explican que con ellas se adquiere el uso exclusivo del producto. Al tener esa diferencia, éstos ganan en ventajas competitivas y se valoran más en el exterior.

Chile tiene la posibilidad de situar bienes en el extranjero con marca y calidad respaldadas. Pero hace falta una tradición en la materia de protección de nuestros productos.

La situación es seria. Hoy aceitunas peruanas y argentinas se venden en el mundo como "de Azapa".

"No existe mala voluntad entre los productores.El problema es que no conocen los beneficios de dar denominación de origen a sus productos", estima la abogada Carla Pacheco.

El potencial existe
Desde diciembre de 2005 que la Ley 19.039 permite que los bienes nacionales se acojan a una denominación de origen, pero sólo tres solicitudes están en trámite a la fecha: queso Panquehue del valle de Aconcagua, limón de Pica y los vinos Montefalco Sagrantino.

Entre los expertos hay consenso respecto de las razones del bajo nivel de solicitudes que podría tener Chile. "Hay un bajo nivel de difusión de la ley y de sus beneficios. Si no se informa a los distintos sectores agropecuarios que existe un registro que los beneficia y les permitirá competir de igual a igual en el exterior, la práctica jamás se masificará", asegura la gerente general de Clarke, Modet & C°, Carolina Del Río.

Si bien la modificación a la ley que permitió dar indicación geográfica a los productos, se hizo hace dos años, el tema es más antiguo de lo que se cree. El abogado del estudio jurídico Alessandri & Compañía, Marcos Morales, aclara que "las denominaciones vienen de 1985 con la Ley 18.455, que reconocía el pisco y el pajarete. Diez años después, el Decreto 464 estableció la zonificación vitivinícola para productos alcohólicos".

Pero aunque tenemos años de experiencia pocos se han registrado. El problema parece estar en lo complicado de la ley.

Ésta parece sencilla, pues establece que para pedir el registro, una persona natural o jurídica sólo debe presentar a un número significativo de productores o fabricantes cuyos predios correspondan al mismo lugar geográfico.

En este punto radica, para Del Río, otra de las trabas que impiden que se amplíe el espectro de denominaciones en Chile.

"No hay claridad para precisar lo que se necesita en específico. No se sabe a qué porcentaje corresponde un grupo significativo, y a eso hay que sumar lo que tardan en llegar a un acuerdo los pequeños productores", detalla la gerente de Clarke, Modet & C°.

Para el abogado Marcos Morales, éste debe ser uno de los mayores frenos para lograr el reconocimiento. "El grupo no tiene que ser mayoritario, pero eso es algo difícil de explicar a las personas", reconoce el experto.

Además, hay una gran cantidad de costos asociados a la solicitud del registro, que también merman el proceso. Entre los requisitos que se piden para inscribir la indicación geográfica está un estudio técnico elaborado por un profesional competente, ingeniero agrónomo de preferencia, para que se demuestre que la calidad del producto es atribuible a su origen. "Eso no es fácil y también implica un costo elevado", afirma Morales.

"Los requisitos son muchos y los interesados tienen que tener un intenso nivel de trabajo. El Departamento de Propiedad Industrial debería redactar un documento que aclare estos requisitos a la gente", propone Del Río.

Difícil acuerdo
"Somos cerca de 20 fábricas. Pero entre todos se juegan chueco con los precios, por culpa de la envidia. Vinieron a asesorarnos, pero no pasó nada, porque no existía la voluntad", relata Jazmín Alvarado, fabricante de dulces de Curacaví.

Otros productores de la zona exigen una directiva que los cuadre a todos, porque es muy difícil ponerse de acuerdo. Esto ocurre, a ojos de Marcos Morales, porque muchos gastan tiempo y ganas en lograr el registro y, una vez que se consigue "puede ser utilizado por cualquier otro productor que esté en la zona, sin necesidad de que participara en el proceso".

Por ahora, según Morales, "hay que facilitar los requisitos para las solicitudes. Deben ser de contenido simple y claro y todas las exigencias de calidad hay que sumarlas para la fase de reconocimiento".




 Imprimir Noticia  Enviar Noticia