Contraloría asegura que el tiempo de toma de razón bajó este año a 11,9 días hábiles
jueves, 23 de noviembre de 2017
Judith Herrera C.
Nacional
El Mercurio
A menudo motivo de controversia con ministerios, esta demora se debe más a errores de elaboración que al tiempo efectivo de revisión, según la entidad fiscalizadora.
¿Qué tienen en común el Plan de Descontaminación de Santiago, las bases de licitación del "nuevo" Transantiago y los llamados para construir hospitales? Que todos fueron elaborados por ministerios y que su toma de razón (o aprobación) en Contraloría demandó varias semanas o hasta meses. Parte de la jurisprudencia nacional, el proceso es un control previo obligatorio por el que deben pasar decretos, decretos con fuerza de ley y resoluciones antes de entrar en vigencia y que tiene un plazo legal de 15 días hábiles. Sin embargo, estos trámites suelen ser motivo de controversia por su duración. Por ejemplo, el plan de descontaminación de la Región Metropolitana fue aprobado a fines de octubre, luego de un proceso que comenzó en diciembre de 2016 y que tuvo tres pausas para que el Ejecutivo subsanara observaciones de la entidad fiscalizadora. ¿Pero cuál es el tiempo promedio de las tomas de razón? Según cifras de Contraloría, en 2017 ha sido de 11,9 días hábiles, una reducción frente a los 12,2 días hábiles del año anterior. No obstante, la percepción es que este procedimiento toma más tiempo. De hecho, en la discusión del presupuesto 2018 de la institución, varios parlamentarios le consultaron al contralor Jorge Bermúdez a qué se debían estas demoras. El contralor respondió que la causa principal es que los documentos ministeriales llegan con errores, por lo que es necesario o retirarlos o devolverlos con observaciones. "Nosotros podríamos representar directamente esos actos administrativos, es decir, señalarles que son ilegales y anticonstitucionales, pero con eso no habría actuación posible", planteó Bermúdez al exponer ante la segunda subcomisión mixta de Presupuestos. "Lo que se hace es que se formulan observaciones, se retiran las bases, se hacen las modificaciones y se vuelven a ingresar y en eso, evidentemente, pasa tiempo, y por eso pareciera que nos demoramos más", añadió. Un ejemplo reciente es un reglamento del Ministerio de Transportes para el programa de renovación de buses, minibuses, trolebuses y taxibuses. Ingresó a Contraloría el 25 de abril, pero debido a que fue retirado en varias ocasiones (ver fotografía), su toma de razón recién se concretó el 8 de noviembre. Mejoras al proceso Para los expertos en derecho constitucional, la toma de razón es un procedimiento necesario en la jurisprudencia administrativa para que esta sea correcta y transparente, pese a las complicaciones. El punto, indican, está en que las instituciones deberían enviar sus documentos sin fallas, y en que tendría que existir un límite al número de veces en que una norma es retirada y devuelta. Emilio Oñate, decano de la Facultad de Derecho de la U. Central, plantea que se necesita un avance para que haya una interacción más fluida entre las divisiones jurídicas de ministerios o municipios y la Contraloría. "Esta interacción permanente significaría que cuando los documentos van al trámite de toma de razón ya se habrían realizado todos los chequeos y verificaciones jurídicas necesarios, evitando la complejidad que hoy existe con la devolución y observaciones en las resoluciones", agrega. Recuerda que lo que hace la toma de razón "es resguardar recursos fiscales y la legalidad del Ejecutivo". Coincide Nicolás Enteiche, académico de Derecho Administrativo de la U. del Desarrollo, para quien este proceso es parte del deber de la Contraloría de ser, básicamente, "un contador del presupuesto fiscal y de ver que los actos no sean ilegales ni anticonstitucionales, lo que hace antes que los actos nazcan, antes que estos produzcan efectos". Por eso, sostiene que este sistema deber ser fortalecido: "(Lo) primero es analizar los documentos que van y los que están exentos, ya que todos deberían ir a la Contraloría". Y añade que "se deberían fijar plazos realmente fatales, con consecuencias específicas, y para eso se debe aumentar el presupuesto de la institución y su dotación". A comienzos de mes, y entre críticas por el bajo aumento presupuestario, los parlamentarios aprobaron la partida de la Contraloría: $76.355 millones, un 1,5% más que en 2017. "El Mercurio" consultó al Ministerio de Transportes, pero este declinó referirse al tema.
El tiempo legal para que Contraloría tome razón de una norma es de 15 días hábiles.
