martes, 21 de noviembre de 2017
El Mercurio
Klaus Schmidt-Hebbel
Profesor Titular, P. Universidad Católica de Chile
El programa de Bachelet II (2014-2017) prometió mucho en materia de consolidación e institucionalidad de la política fiscal chilena. Pero Bachelet II no solo incumplió dichas promesas, sino que hizo lo contrario de lo prometido, dejando un irresponsable legado fiscal al futuro gobierno, que asumirá en marzo de 2018. ¿Una reforma tributaria proahorro y equidad? Las reformas tributarias de 2014-15, además de pretender recaudar más y reducir la evasión y la elusión tributaria, tuvieron como objetivos explícitos incentivar el ahorro y mejorar la equidad tributaria. Pues bien, en realidad, las reformas tributarias de Arenas y Valdés desincentivan el ahorro nacional y la inversión. Además, son regresivas, porque benefician a los empleados de altos y muy altos ingresos. Bachelet II deja como legado un sistema tributario más ineficiente (que castiga el crecimiento económico) y más regresivo. ¿Un fortalecimiento de la institucionalidad fiscal? En su programa de gobierno, Bachelet II prometió enviar un proyecto de ley para fortalecer la institucionalidad fiscal, a través de la creación de un consejo fiscal independiente. Ella nunca cumplió con esta promesa. A eso se agrega que el ministro Arenas violó la institucionalidad fiscal, al intentar echar de su cargo al presidente del Comité Financiero de los Fondos Soberanos de Chile. Al rechazar la Contraloría el decreto correspondiente, Arenas simplemente modificó el reglamento de los miembros de dicho Comité, dejando al arbitrio del ministro de turno los nombramientos y las renuncias de dichos miembros. Con ese cambio logró echar al mencionado presidente. ¿Una reducción del déficit estructural? Uno de los compromisos gubernamentales de la reforma tributaria aprobada en 2014 fue que el equivalente a 0,5% del PIB, por mayor recaudación, sería utilizado para reducir el déficit fiscal cíclicamente ajustado (DFCA), de 0,5% a 0,0% del PIB. Este compromiso fiscal se incumplió gravemente. Bachelet elevó el DFCA durante todo su gobierno, llegando a un DFCA de 1,7% del PIB para el presente año y legando un DFCA de 1,5% del PIB, para el año 2018, al futuro gobierno. ¿Una política fiscal sustentable? Bajo Bachelet II, el gasto fiscal real crece, en promedio, a un 5,5% anual, mientras que el enfriamiento polar del crecimiento chileno está reflejado en el muy magro 1,8% anual de crecimiento del PIB. Vale decir, el gasto público crece a una tasa que es tres veces la tasa a la cual se expande la economía. A excepción de Bachelet I, no se observan estas peligrosas asimetrías entre crecimiento fiscal y económico durante los gobiernos precedentes. De la mano de elevados niveles de gasto vinieron los altos niveles de déficits fiscales efectivos durante este gobierno. Bachelet II es el único gobierno desde 1990 que consigna un nivel promedio de balance fiscal deficitario, y bastante elevado, equivalente a 2,2% del PIB. Este "logro" es particularmente escandaloso, considerando que Bachelet implementó la reforma tributaria más recaudadora de las últimas tres décadas, que pretendía (pero no logró) recaudar más impuestos por el equivalente a 3,03% del PIB. Pues bien, la consecuencia de significativos déficits públicos es un aumento de la deuda pública bruta de la nación, a una velocidad insostenible. Así, la deuda fiscal bruta aumentó desde 13% del PIB en el 2013, a 24% del PIB en el 2017. Como resultado de esta senda insostenible, no sorprende la reducción en la calificación de la deuda pública chilena realizada por las calificadoras internacionales de deuda soberana durante este año. Esta recalificación eleva el costo al cual se pueden endeudar el fisco y el sector privado en los mercados internacionales de capitales, afectando negativamente la inversión del país. ¿Un legado fiscal responsable? Bachelet deja un duro legado fiscal al próximo gobierno. Las proyecciones oficiales del ministro Eyzaguirre (en el Informe de Finanzas Públicas de octubre de 2017), en las cuales se basan las proyecciones 2014-2021 de mis dos gráficos adjuntos, dejan al próximo gobierno la tarea de retomar una senda sostenible para la política fiscal. Así, mientras el crecimiento del gasto es de 4,6% para este año 2017, que es un año de pobrísimo crecimiento de apenas 1,5%, el proyecto de Ley de Presupuestos 2018 y las proyecciones que lo acompañan, dejan al futuro gobierno la tarea de reducción gradual del crecimiento del gasto hasta un 2,3% en el 2021, al mismo tiempo que dejan al futuro gobierno el desafío de reencauzar el crecimiento, hasta llegar a un 3,5% en el 2021. Más aún, las anteriores proyecciones oficiales de este gobierno se han construido sobre supuestos muy optimistas para la recaudación tributaria futura, que con alta probabilidad será menor a lo proyectado oficialmente. Con ello, las holguras fiscales (es decir, los excedentes de recursos fiscales que deja un gobierno a su sucesor, para financiar al menos parte de su programa de gobierno) que legará Bachelet al siguiente gobierno, no son levemente positivas, como señalan las proyecciones oficiales. Según las proyecciones fiscales corregidas por Rodrigo Cerda, de Clapes UC, las holguras fiscales que dejará este gobierno son cero para el año 2018 y negativas para 2019-20. Vale decir, debido a los compromisos incurridos por este gobierno para los futuros niveles de gasto fiscal, el Gobierno deja a su sucesor la tarea de encontrar fuentes de financiamiento para los compromisos asumidos por Bachelet. Esta irresponsabilidad fiscal no tiene precedente en la práctica de la política fiscal ejercida por todos los gobiernos que tuvo Chile entre los años 1973 y 2014. ¿Vendrán tiempos mejores? Probablemente. Pero se materializarán bajo condiciones fiscales muy duras, debido a la pesada herencia fiscal que deja el segundo gobierno de Bachelet. BACHELET DEJA UN DURO LEGADO FISCAL AL PRÓXIMO GOBIERNO.
