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Por segunda vez en cuatro años, el Gobierno buscará evaluar cuál es el impacto de uno de sus programas de apoyo laboral de mayor cobertura y rendimiento: el de bonificación a la contratación de mano de obra por parte de privados. También conocido como Proempleo, es administrado por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), dependiente de la cartera del Trabajo.
El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección de Presupuestos (Dipres), someterá esta área a la revisión de un agente externo al Gobierno. Para ello, ya se subieron al portal de ChileCompra las bases de licitación de este examen, cuyo plazo para postular vence el 18 de febrero.
Proempleo permite el pago del 40% de un ingreso mínimo mensual a un empresario por cada trabajador contratado, por cuatro meses, y se financia por una sola vez un bono de capacitación por $50 mil.
Cuando en 2004 la Dipres le encargó el mismo análisis a la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, las conclusiones fueron positivas: las probabilidades de las personas de mantener el empleo aumentaron entre 9 y 17%, dependiendo del área de aplicación, y el porcentaje llega al 5% adicional cuando se observa si la persona mantuvo la ocupación un año después de participar en el programa.
Pero la evaluación tiene un mal precedente para el mismo Sence. El año pasado, Hacienda resolvió eliminar el programa de subsidios a la capacitación de microempresarios, que gestionaba este servicio. "Teníamos un diagnóstico claro de que no se estaba llegando a la población objetivo. La decisión fue cerrarlo, y en el Presupuesto 2008 se modificó completo", cuenta el director de Presupuestos, Alberto Arenas.
El del Sence fue el único programa clausurado de los 14 revisados en distintos ministerios.
¿Por qué se evaluará ahora al Proempleo? Porque así lo quisieron los integrantes de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos del Congreso, dice Arenas. "Hubo un consenso automático respecto de cuáles eran las materias y dónde avanzar, y este programa fue uno más de los que se colocaron en la lista".
Según los datos de la licitación, iniciativas como Proempleo han demostrado ser las más eficientes como medida fiscal para este objetivo. "Pueden aminorar los efectos negativos asociados a empleos informales, de mala calidad, e incluso inducir en el margen a los empleadores a decidirse por nuevas contrataciones", dice el documento.
Su mayor penetración ocurrió en 2004, cuando hubo 57 mil trabajadores beneficiados en el sistema regular. Al 20 de diciembre de 2007 la cifra bajó a casi 21 mil, lo que se debería -al igual que en el resto de los programas de empleos con apoyo fiscal- a la paulatina recuperación de las tasas de ocupación.