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Por segunda vez desde que asumiera en el cargo, el ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, llamó al orden a dos ministros -esta vez a los de Minería, Santiago González, y del Trabajo, Osvaldo Andrade- luego que éstos hicieran públicas sus discrepancias en torno a la fiscalización de la ley de Subcontratación en Codelco.
Anteriormente, tras el llamado del jefe de gabinete, los titulares de la Secretaría General de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, y de la Secretaría General de Gobierno, Francisco Vidal, debieron resolver públicamente sus diferencias respecto de la situación del renunciado general Gonzalo Santelices por el caso "Caravana de la Muerte".
Discrepancias
Este lunes, el titular de Minería, y presidente del directorio de Codelco, aseveró que la empresa no está obligada a internalizar trabajadores, y agregó que los tribunales de justicia han respaldado esta posición.
El ministro Andrade, por su parte, aludió a una mala lectura de las actas de fiscalización de la minera estatal por parte de Santiago González: "En ninguna parte el acta habla de internalizar trabajadores", señaló el martes Andrade.
Ambos ministros concurrieron ayer a La Moneda. "Vinimos ambos a hablar con el ministro del Interior, más bien para aclarar la situación y poner en su conocimiento que entre nosotros no había ninguna duda", relató Andrade. "Vinimos motu propio, ésa es la idea", acotó el ministro González, dejando en claro que no fueron convocados sino que concurrieron por propia iniciativa.
El titular del Trabajo negó que exista un roce con su par de Minería: "Hemos tenido una muy buena conversación y nos une una buena amistad. Salvo el roce, en este momento estamos hombro con hombro, no veo otro ad portas".
Andrade enfatizó que la solución a la situación planteada por la fiscalización de la Dirección del Trabajo está entregada hoy a lo que Codelco tiene que realizar. La empresa instaló una mesa de conversaciones con sus trabajadores y está revisando los acuerdos desde agosto pasado.
"No tenemos ninguna duda, y así lo hemos ratificado al ministro del Interior, en conjunto con el ministro de Minería, de que la voluntad de la empresa es cumplir la ley y que en el cumplimiento de ella tendrá que plantearnos un programa", agregó.
El ministro González aseguró que no hay contradicción. "Entendemos que Codelco lo que quiere hacer es respetar la ley... Codelco está trabajando en este tema, está elaborando un estudio que va a terminar en un plazo prudente, y sobre el cual se van a hacer cargo del tema y pensamos que por esta vía se va a resolver en la forma más breve", indicó.
Acerca de quién en definitiva tenía la razón, ambos respondieron a coro: "los dos".
El rol clave del ministro en la crisis energética
El aterrizaje de Edmundo Pérez Yoma al ministerio del Interior movió algo más que las fuerzas del comité político de La Moneda. Al ex ministro de Defensa se le atribuye haber tomado las riendas en temas clave como la crisis energética, por las repercusiones políticas que puede tener en caso de racionamiento.
De hecho, el primero en reconocer los problemas para marzo, en cuanto a suministro eléctrico, fue el titular del Interior, quien el viernes pasado calificó de "extremadamente delicado" el escenario energético, no descartando un posible racionamiento.
Fuentes de Gobierno también advierten que, a pesar del monitoreo constante que realiza la Comisión Nacional de Energía (CNE) respecto de la estrechez del sistema, fue Pérez Yoma quien pidió que se anunciaran lo antes posible las medidas para paliar el complejo mes, situación que en la cartera que dirige el ministro Marcelo Tokman esperaban dejar para marzo.
El titular del Interior ha seguido de cerca todo lo referente a suministro eléctrico, consciente de que un eventual racionamiento traería nefastas consecuencias en un año electoral, y cuyos efectos en la ciudadanía -por lo impopular de la medida- podrían llegar a compararse con los del Transantiago. Este nuevo modus operandi no partió con los problemas eléctricos. A Pérez Yoma, a su vez, se le atribuye haber sido uno de los artífices para que Hacienda inyecte US$ 200 millones al Fondo de Estabilización de los Combustibles (FEPC).