miércoles, 30 de enero de 2008
EDUARDO OLIVARES C.
Economía y Negocios Online, El Mercurio
La FNE desechó la solicitud del diputado Julio Dittborn (UDI) de investigar eventuales conductas monopólicas de la U. de Chile, por no contar con los antecedentes suficientes que permitan castigar una actitud de ese tipo.
Sin ser categórica, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) sí fue clara respecto de cómo debe ser administrada la Prueba de Selección Universitaria (PSU).
De acuerdo con la resolución de la entidad dictada ayer, no existen antecedentes que determinen una conducta monopólica impropia de la Universidad de Chile en su administración del examen de ingreso a las universidades. Sin embargo, le da la categoría de monopolio a esa gestión -sólo que no es constitutivo de infracción-, y les recomienda al Ministerio de Educación y al Consejo de Rectores que aseguren precios competitivos. Un modo de hacerlo, les sugiere, es licitando el sistema.
La resolución
En mayo de 2006, el diputado Julio Dittborn (UDI) solicitó a la FNE investigar eventuales conductas monopólicas de la Universidad de Chile por ser la única institución que confecciona, aplica, califica y tarifica la PSU.
Más de un año después, en el informe del jefe de la División Jurídica de la fiscalía, Boris Santander, remitido al fiscal nacional, Enrique Vergara, se desestima continuar con esa indagación, por falta de antecedentes suficientes.
El informe plantea que fue una decisión de política educacional la que determinó el nacimiento de estos exámenes de admisión. La Prueba de Aptitud Académica (PAA) surgió así. Fue creada en 1965 por la Universidad de Chile, que tenía su propiedad intelectual.
En 2003 fue reemplazada por la PSU, cuyas preguntas son elaboradas por el Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (Demre), de la misma universidad, aunque la propiedad intelectual es del Consejo de Rectores.
"La selección de los estudiantes de educación superior, fundamentalmente sobre la base del mérito académico, medido mediante prueba única, se enmarca en decisiones de política educacional, pudiendo incluso sostenerse que también se inserta en ello la elección de la U. de Chile como gestor", dice la resolución para justificar por qué esa casa de estudios tiene el monopolio.
Eso no quita, agrega el informe, que, al pagarse por este instrumento una tarifa -en algunos casos con subsidio estatal-, se genera un mercado de pruebas del que hoy sólo hay un oferente. El problema es que el Consejo de Rectores le encarga esa tarea en exclusiva a la U. de Chile; la prueba es, en la práctica, obligatoria para todas las universidades, y, además, en función de ella el Estado entrega re- cursos a través del Aporte Fiscal Indirecto (AFI).
Desde la perspectiva de la organización industrial, esto permitiría probables conductas, "como la fijación de precios abusivos o, sencillamente, ineficiencias en la prestación del servicio", dice la FNE. Para verificar esto último se necesita un análisis detallado de los ingresos y costos de esta administración, pero la fiscalía menciona que no cuenta con todos los datos. Lo que sí establece es que no existirían razones de costos para cobrar más por la PSU a los estudiantes de promociones antiguas.
"Por primera vez se dice que la Universidad de Chile y el Consejo de Rectores pueden haber estado actuando como monopolistas durante décadas", destaca el diputado Dittborn. "Me parece muy grave y contrario a todas las políticas públicas de todos los gobiernos que dicen haber buscado la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación superior", expresa. La FNE opta por otro camino.
Por su función de promoción de la libre competencia, describe en el informe, sugiere al Gobierno y al Consejo de Rectores que realicen las gestiones necesarias para garantizar que los precios cobrados sean "lo más competitivos posible". Y da los dos ejemplos: "Licitando la prestación del servicio -estableciendo al efecto estándares mínimos de calidad y adjudicándola a quien oferte el menor precio-, o imponiendo al monopolista calidades mínimas y precios máximos".
En una entrevista publicada ayer en "El Mercurio", la ministra de Educación, Yasna Provoste, confirmó que es el momento de analizar una posible licitación. "Es una fórmula que uno tiene que evaluar", afirmó.
