Ministerio Público archiva investigación contra los tres planteles del grupo Laureate
viernes, 27 de octubre de 2017
Carolina Acuña y Javiera Herrera
Nacional
El Mercurio
"No se lograron reunir antecedentes para efectuar una imputación penal", señaló el fiscal Carlos Gajardo.
El 27 de septiembre, el jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, Carlos Gajardo, tomó la decisión de cerrar la investigación por posible lucro contra los tres planteles del grupo Laureate que seguían siendo indagados por el Ministerio Público: las universidades Andrés Bello, de las Américas y de Viña del Mar. Ya en abril, nueve de las doce investigaciones que tenía la fiscalía metropolitana Oriente fueron archivadas provisionalmente, porque no se encontraron antecedentes suficientes para levantar cargos. Con esta decisión se pone fin a las indagatorias por presunto lucro en universidades, que se extendieron por más de cinco años. La determinación en el caso Laureate -explicó ayer Gajardo a "El Mercurio"- se basó en que "no se lograron reunir antecedentes para efectuar una imputación penal, teniendo especialmente en consideración que el lucro en las instituciones de educación superior, si bien está prohibido, no se encuentra sancionado como un delito penal, existiendo actualmente un proyecto de ley en el Senado en que el tema se está debatiendo". En los planteles de Laureate, Gajardo había advertido la eventual existencia de delitos tributarios, por lo que remitió los antecedentes al Servicio de Impuestos Internos (SII). Lo último que se conocía era que estaba a la espera de una respuesta del organismo. Sin embargo, según indicó el fiscal, "no existió tampoco denuncia o querella por parte del SII que permitiera llevar adelante una imputación". Frente a esta decisión, Jesús Villate, director ejecutivo de Laureate para la región Andina, sostuvo: "Constata lo que dijimos desde el primer día, y es que tanto Laureate como las universidades han cumplido siempre con la ley chilena, tanto en su letra como espíritu". Luego, añadió: "La investigación de la fiscalía duró más de cinco años, y durante ese tiempo las instituciones no solo debieron centrarse en responder a todos los requerimientos de los fiscales, sino también enfrentar una situación injustificada de cuestionamientos públicos que no tenían asidero y que afectaron mucho a sus comunidades". El rector de la Universidad Andrés Bello, José Rodríguez, afirmó a su vez que se trató de una "etapa ingrata" que "representó un desgaste importante para toda la comunidad universitaria" y que esto les sirve para volver a centrarse en lo que saben hacer: "entregar una educación de excelencia". Origen de la causa La indagatoria contra doce universidades privadas surgió en 2012, luego de que diputados de la "comisión Lucro" -que investigaron posibles anomalías en el sistema de educación superior- remitieron antecedentes a la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente. En estos cinco años se ordenaron distintas diligencias a la PDI, y hasta se enviaron antecedentes al Consejo de Defensa del Estado. Pero no hubo formalizados. Cuando se conoció en abril la decisión de la fiscalía de cerrar gran parte de las investigaciones, los fiscales habían hecho ver que el lucro no estaba tipificado como delito, por lo cual perseguirlo era complicado. "Es una decisión que tiene que tomar el Estado, si va a permitir o no el lucro en la educación (...) si se establece un delito a partir de esas conductas, la fiscalía podrá investigar", dijo Gajardo a este diario.
