domingo, 22 de octubre de 2017
El Mercurio
A.G.
En abril de 2015, este hombre de negocios, vinculado a la actividad hípica, importó desde Argentina 27 equinos, la mayoría hembras preñadas. Pero, alega, el SAG inexplicablemente aplicó pruebas que no están consideradas dentro de las obligaciones y dictaminó erróneamente que tres de los animales padecían una enfermedad contagiosa, ordenando el sacrificio de toda la internación. Pero los animales estaban sanos.
Veintisiete caballos sacrificados por una supuesta enfermedad contagiosa, una demanda que busca una indemnización de poco más de $1.800 millones y la consternación de al menos un porcentaje de la industria hípica son parte de un litigio que, por estos días, tiene enfrentados en tribunales al Servicio Agrícola Ganadero (SAG) y al empresario y hombre de negocios Jorge Cardemil, quien demandó al Servicio. Cardemil fue dueño de la marca de aceite de oliva Kardámili y hoy está dedicado a múltiples actividades empresariales, como la producción y exportación de aceite de oliva, que exporta a Estados Unidos, y cerezas. Además es socio de Le Fournil. Pero su pasión es la actividad hípica, que desarrolla a través de haras que maneja con socios en Chile y en Argentina. Y es en el marco de esta actividad que hoy protagoniza esta pugna con el SAG. El 10 de octubre, Haras Carioca, de la que Cardemil es socio y representante, presentó una demanda en contra del Servicio y su director, Ángel Sartori, libelo que hoy se tramita en el 24 Juzgado Civil de Santiago. Según la acción legal -patrocinada por los abogados Aldo Díaz y Ciro Colombara, del estudio Rivadeneira Colombara Zegers -, los hechos sucedieron de la siguiente forma: en abril de 2015 el empresario, a través de Haras Carioca, comenzó el proceso de importación de 27 equinos de carreras desde Argentina, específicamente desde Haras Futuro, también de propiedad de Cardemil junto a su hermano Rafael y a su hijo Gastón. Según los gestores, los caballos -ingresados por el paso Los Libertadores- estaban sanos y cumplieron todas las exigencias sanitarias vigentes y pedidas por el SAG, como un período de aislamiento y 90 días en que no se registró ninguna enfermedad en el plantel de procedencia, por ejemplo. El caso es que, ya una vez en Chile y estando en una cuarentena obligatoria al concretarse su ingreso, el SAG tomó muestras de sangre de los equinos y "para el asombro de mi representada", el 5 de mayo de ese año, el SAG realizó una visita y dictaminó una "emergencia sanitaria", pues supuestamente tres de los ejemplares había dado positivo en el examen que pesquisa la enfermedad del Muermo, una infección que es mortal para los equinos y que también puede contagiarse a los humanos. Pero, según los demandantes, se produjeron varias situaciones anómalas desde el mismo momento en que la prueba fue tomada a los equinos y en los días posteriores. Primero, Chile y Argentina hace más de 25 años que están declarados libres de la enfermedad. Por lo mismo, dicha prueba no es parte de las exigencias sanitarias para la internación de equinos, por lo que ignoran por qué el SAG la practicó. Luego, se produjeron una serie de nuevos exámenes y muestras enviados a distintos laboratorios en el mundo, a Francia y Alemania -y también intervino el homólogo del SAG en Argentina (Senasa) con sus propios análisis-, de modo de corroborar que de verdad se tratara de la enfermedad y no fuera un "falso positivo", situación que -describe la acción legal- puede ocurrir debido a los distintos reactivos y antígenos utilizados en las pruebas. Pues bien, ninguno de los laboratorios corroboró la presencia de la enfermedad -el laboratorio alemán corroboró solo a uno de los equinos como positivo en otra enfermedad-, por lo que la recomendación expresa fue retestar a todos los animales y, por prudencia, esperar rasgos clínicos o síntomas de la enfermedad. Pero, "inexplicablemente", según la demanda, el 19 de mayo de ese año, el SAG dictó una resolución en la que autorizó el sacrificio de todos los equinos, lo que concretó cuatro días después. Luego, el mismo servicio realizó una necropsia al único caballo que había dado positivo, "no encontrándose signo patológico alguno, ni menos rastros de algún signo relacionado con Muermo (...) Todos los caballos sacrificados estaba sanos. Los diagnósticos realizados por el SAG evidentemente arrojaron falsos positivos", resume la acción legal, la que imputa negligencia e ilegalidad a la acción del Servicio, el que -a juicio de la demandante-, "contaba con todo el tiempo necesario" para determinar si efectivamente había presencia de la enfermedad o no, "sin poner en riesgo a la población animal y humana", dado que los caballos estaban cumpliendo con la cuarentena. Por ello, en la acción legal, los demandantes están pidiendo una indemnización, debido a este sacrificio erróneo de 27 caballos fina sangre -21 de ellos yeguas madre, en su mayoría preñadas, y seis potrillos- , de modo de reparar el costo de los caballos, además del lucro cesante ocasionado. El equipo legal también evalúa recurrir al Tribunal Constitucional (TC). "Aquí hubo negligencia, ignorancia, desconocimiento y mal uso de los sistemas de control. (...) todo el mundo hípico se horrorizó con esto", dice Cardemil, pero reconoce que el apoyo ha sido en privado, dado que todos se tienen que relacionar con el SAG y, por lo mismo, prefieren no involucrarse a nivel público o judicial en el tema. Consultado el SAG, la entidad explicó por escrito que "el SAG aún no ha sido notificado de la demanda señalada. Pese a ello, cuando se trata de procesos judiciales en curso, el Servicio no realiza comentarios".
