Contraloría aprueba bases del Transantiago y Gobierno apuesta a adjudicarlo en enero
sábado, 21 de octubre de 2017
Manuel Valencia
Nacional
El Mercurio
Ejecutivo abrirá el llamado el lunes, para así recibir ofertas a fines de diciembre. Ministra Tapia dice que espera alto interés de proponentes y que se buscará una competencia "sana y transparente".
Pocos apostaban a tal rapidez, pero ayer la Contraloría General de la República tomó razón de las bases de licitación del nuevo Transantiago, poniendo fin a un proceso no exento de dificultades que se prolongó por 140 días. Desde su presentación, el 2 de junio, el documento fue retirado dos veces por el Ministerio de Transportes: entre el 11 de agosto y el 5 de septiembre (para precisar aspectos como la disposición de los terminales) y del 29 de septiembre al 13 de octubre (para definir los criterios de evaluación de los oferentes). Este último cambio -señalan fuentes que conocen el proceso- abrió la puerta para que pueda participar el operador colombiano Alsacia, que había sido excluido por la ministra Paola Tapia. La toma de razón de Contraloría ratifica el calendario planeado por el Ejecutivo para adjudicar los seis contratos de concesión en juego, de modo que el llamado nuevo Transantiago comience a funcionar el 22 de octubre de 2018. "No pueden esperar" Así, según la ministra, el llamado a concurso será publicado este lunes en dos diarios de circulación nacional. Luego, los oferentes tendrán dos meses para resolver dudas o plantear inquietudes, de modo que presenten sus propuestas a fines de diciembre y el Gobierno pueda adjudicar los contratos en enero, casi dos meses antes del cambio de administración. "Los nuevos contratos tienen que ser implementados a la brevedad, no pueden esperar", argumenta la ministra. A su juicio, el proceso debe convocar a una gran cantidad de empresas. "A propósito del road show del 12 de junio, sabemos que existe interés de empresas internacionales. Nos interesa que haya el mayor número de oferentes", afirma. Entre los criterios de participación definidos en las bases, se considerará la experiencia y el cumplimiento de regularidad de los operadores. Según la ex subsecretaria de Transportes del gobierno de Sebastián Piñera, Gloria Hutt, aunque se cumpla el cronograma del Gobierno, el plazo para que los oferentes analicen adecuadamente sus propuestas es insuficiente. Pone como ejemplo la licitación original del Transantiago, que duró más de seis meses. "Se debe modelar un escenario que no es el actual, y 60 días es un plazo muy apretado. El estándar de la industria establece que, en promedio, debiesen ser cuatro meses", plantea. Hutt cree que como los contratos no permiten reajustar ingresos de los operadores por factores como el alza de evasión, "existe un riesgo de que haya propuestas más caras, porque el privado cubrirá el riesgo de demanda". De todas formas, piensa que habrá interés por la magnitud del negocio. El director del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, Juan Carlos Muñoz, valora que el Ejecutivo cumpla con la licitación. "En ella hay elementos de urgencia, porque los buses están muy deteriorados y necesitan una renovación. Espero que los nuevos contratos tengan corregidos incentivos que hoy no funcionan bien, como la regularidad de los buses, y me gustaría ver mejor resuelto el tema de la propiedad de los terminales, que debe ser estatal. Hay un avance en los terminales, pero no me parece que sea de la magnitud que uno quisiera", asegura. Si bien valora la agilidad que la ministra Tapia le imprimió al proceso, Raimundo Cruzat, ex coordinador del Transantiago, piensa que "el problema lo va a tener el próximo gobierno. Dificulto que las empresas con problemas económicos, que terminan su relación con sus conductores, tengan provisionadas las indemnizaciones. Tampoco parece justo que los nuevos empleadores les reconozcan la antigüedad, eso encarece el sistema". Louis de Grange, especialista en transporte de la U. Diego Portales, complementa que "se pagará por mover buses vacíos. Se está dando prioridad a los actuales operadores, por los terminales y los pasivos laborales. Además, el contrato es rígido, porque no permite modificar más del 20% del plan operacional, lo que hace que se pague por una oferta más o menos fija".
El Ejecutivo tenía la opción de no hacer la licitación. Según la firma Dargroup, la extensión de los actuales contratos le habría costado al fisco US$ 4.918 millones.
