Cataluña avanza a la pérdida de autonomía y Justicia ordena prisión para dos secesionistas
martes, 17 de octubre de 2017
Alicia Tagle Crichton
Internacional
El Mercurio
Presidente de la Generalitat no respetó el primer plazo dado por el gobierno de Rajoy y, en cambio, ofreció dos meses de negociaciones.
Cada día más atado de manos, el presidente del gobierno catalán, Carles Puigdemont, ve en este momento cómo se aleja el objetivo de conseguir la independencia de España, mientras la región se acerca a paso firme a perder parte de la autonomía de la que hoy goza. Luego de que ayer evitara responder al ultimátum que le dio el Ejecutivo de Mariano Rajoy para que aclarara si declaró o no la secesión, el Palacio de La Moncloa le concedió plazo hasta el jueves para que dé marcha atrás en su desafío, vuelva a la legalidad y evite que el Estado intervenga las funciones de la Generalitat. Con otro mecanismo de presión, ayer la Justicia española también hizo lo suyo y ordenó que dos líderes de entidades civiles soberanistas, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, sean encarcelados mientras se les investiga por cargos de sedición. Puigdemont declaró la semana pasada la independencia de Cataluña -apelando al mandato que le dio el triunfo del Sí en el referéndum secesionista ilegal del 1 de octubre- y en menos de 10 segundos la dejó en suspenso para pedir una negociación con Madrid. El Presidente Mariano Rajoy no la aceptó y le fijó dos plazos para aclarar lo ocurrido. Sin cumplir lo solicitado, en su respuesta mediante una carta de dos páginas, el jefe del gobierno catalán ofreció ayer al Ejecutivo español dos meses para dialogar: "No dejemos que se deteriore más la situación", propuso, apelando a la "buena voluntad". La Moncloa volvió a rechazar el pedido de negociación bajo la actual condición y lamentó que la Generalitat no haya contestado al requerimiento. "No era muy difícil decir sí o no. Era la pregunta que se le hacía. No era una pregunta complicada", dijo la Vicepresidenta del gobierno en Madrid, Soraya Sáenz de Santamaría. Entonces, instó a Puigdemont a debatir el tema en el Congreso de los Diputados, "donde está representada la mayoría de la ciudadanía". En tanto, Rajoy advirtió, también por carta, que Puigdemont será el "único responsable de la aplicación de la Constitución". Se refiere a la activación del artículo 155, que permite "adoptar las medidas necesarias" para forzar a una comunidad autónoma a cumplir sus obligaciones. Bajo esta norma, Madrid podría asumir funciones desempeñadas por las autoridades regionales. "Espero que en las horas que quedan hasta que se cumpla el segundo plazo del requerimiento responda con la claridad que todos los ciudadanos exigen y el derecho requiere", sostuvo el Mandatario. El artículo 155, que nunca ha sido usado en los 40 años de democracia española, "supondrá que transitoriamente se colocará a una persona al frente de la institución (Generalitat), que asumirá la dirección de toda la administración pública. Eso será durante un período, en el que se convocará a elecciones", comentó a "El Mercurio" Jaime Ferri Durá, académico de la Universidad Complutense de Madrid. El experto aseguró que la situación es complicada porque si, en cambio, "Puigdemont dice que no ha declarado la independencia, tal como le exige el gobierno, puede ser que la CUP (Candidatura de Unidad Popular, su socio secesionista) le diga: 'cómo que no', y le quite el apoyo parlamentario y ya no esté dispuesto a que siga siendo el presidente de la Generalitat". Es por eso que aún existe la posibilidad también de que el líder catalán convoque a elecciones y entre en un período de funciones (una figura que limita sus atribuciones a labores cotidianas), agregó. Es un escenario poco auspicioso, ya que los últimos sondeos indican que el Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCAT), el partido de Puigdemont, no conseguiría mayoría en unos eventuales comicios. De hecho, la ambigüedad de la respuesta de Puigdemont irritó ayer a la CUP, que le exige que proclame de inmediato la república catalana. "La CUP habría hecho una carta muy diferente", criticó la diputada Mireia Boya. Mientras, los socialistas del PSOE, primera fuerza opositora, confirmaron que apoyarán a Rajoy en la aplicación del artículo 155, que también respaldan los liberales de Ciudadanos. Riesgo de reiteración Pero la atención de los catalanes se volcaba ayer también sobre la jueza de la Audiencia Nacional de España, Carmen Lamela, quien envió a prisión provisional sin fianza a Sànchez, líder de la independentista Asamblea Nacional Catalana, y a Cuixart, de Òmnium Cultural. A ellos los investiga bajo la acusación de que el 20 de septiembre dirigieron el asedio por el que varios agentes de la Guardia Civil estuvieron casi 24 horas encerrados en la Consejería de Economía catalana en un registro vinculado a los preparativos del referéndum ilegal. Para decretar la cárcel, la jueza sostiene que existe riesgo de reiteración delictiva, porque forman parte de grupos organizados de personas y observa "alta probabilidad" de que los investigados puedan alterar o destruir fuentes de prueba. La decisión fue adoptada a petición de la fiscalía, aunque la jueza rechazó la solicitud de enviar a prisión por estos mismos hechos al jefe de la policía regional catalana (Mossos d'Esquadra), Josep Lluis Trapero, a quien impuso medidas cautelares leves, como la prohibición de salir del país y la obligación de presentarse cada 15 días en el juzgado. "Pretenden encarcelar ideas, pero nos fortalecen la necesidad de libertad", escribió en Twitter Puigdemont.
