Documento de la Operación Huracán plantea que violentistas actuarían POR DINERO
domingo, 01 de octubre de 2017
Marcelo Pinto E.
Reportajes
El Mercurio
"El Mercurio" reconstituyó el reporte que permitió la detención del líder de la CAM, Héctor Llaitul, y de otras siete personas. El texto revela pugnas internas entre los cabecillas del grupo que perpetra ataques incendiarios en La Araucanía y planes que fallaron por descoordinaciones y arrepentimientos de última hora.
Lo consigna el informe policial que dio lugar a la captura del líder de la CAM, Héctor Llaitul, y de otros siete presuntos violentistas el fin de semana pasado: las reivindicaciones de los atentados en La Araucanía aluden usualmente a la situación de los comuneros indígenas presos. Pero ese mismo documento plantea que algunos de quienes actúan en las quemas tendrían una motivación muy distinta. El reporte, firmado por el director de Inteligencia de Carabineros, general Gonzalo Blu, llega a una conclusión inquietante. Que los incendios de camiones y maquinaria en las regiones VIII, IX y XIV serían, en realidad, ejecutados "a cambio de un pago". En las conversaciones vía WhatsApp "pinchadas" por los policías hay múltiples referencias a temas de dinero. Así, en una de ellas, el hijo de Llaitul, Ernesto (quien se cuenta entre los imputados), le pregunta a Claudio Leiva (otro de los formalizados) cómo está, a lo que este responde: "Mal, lucas". Entonces su interlocutor le consulta: "¿Cuánto?". Y le contestan: "Cien". En otra comunicación, después de felicitar por un atentado a Martín Curiche (también imputado), Héctor Llaitul le dice que el próximo objetivo es una empresa de transportes. Y compromete el "envío de aportes en la semana". También por WhatsApp, el líder de la CAM plantea sus aprensiones frente a dos miembros del grupo: sobre uno de ellos, Jaime Huenchullán (formalizado), advierte que "en este momento le están pasando plata". El dato sobre los pagos corresponde a una de las conclusiones anotadas por Blu en la parte final de su informe, cuyos antecedentes sirvieron de base a la Fiscalía Regional de La Araucanía para formalizar al líder de la CAM y a los otros siete hombres por asociación ilícita terrorista. A dos de ellos, además, se les imputó el delito de incendio terrorista. A través de distintas fuentes, "El Mercurio" logró reconstituir las 27 páginas del informe de inteligencia: pieza central de una de las mayores operaciones del último tiempo para intentar poner freno a la violencia que golpea a La Araucanía. La formalización de Llaitul y de las otras siete personas se dio mientras el conflicto atraviesa por un momento "quemante". Marcado por la huelga de hambre protagonizada por cuatro comuneros acusados de incendiar un templo evangélico, mientras en su interior se desarrollaba un servicio. Y por el segundo juicio oral en la causa del asesinato del matrimonio Luchsinger-Mackay. "Temperatura" que subió aún más, cuando el Ejecutivo, luego de asegurar que no cedería frente a los huelguistas, terminó, primero, pidiendo que se les rebajara la medida cautelar de prisión -lo que rechazó la justicia- y, luego, solicitando recalificar el delito, para quitarle el carácter de terrorista. El informe de Carabineros tiene tres partes. En la primera se consignan diálogos vía WhatsApp entre los imputados y otras personas que permanecen prófugas, algunas de ellas sin identificar. En el segundo acápite se entregan datos sobre los presuntos miembros de la organización, mientras que en el tercero se anotan las conclusiones. Los policías consignan que los supuestos miembros de la red saben que sus teléfonos personales están "pinchados". Por lo que usan varios equipos y rotan "chips", a veces destruyéndolos, para evadir intercepciones. WhatsApp, por el contrario, lo emplean de modo intenso, bajo la premisa equivocada de que los mensajes intercambiados a través de esa aplicación son imposibles de rastrear. En las conclusiones, los carabineros aluden dos veces al Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR). La mención obedece al hecho de que Héctor Llaitul y otro de los imputados, David Cid, tuvieron vínculos con esa organización en el pasado. Respecto de Llaitul, se plantea que "planifica, dirige y controla" la ejecución de atentados incendiarios. Que define blancos para los ataques. Que distribuye armas de fuego y municiones. Y que entrega "incentivos en dinero" a quienes cometen los delitos. El informe se detiene igualmente en el poder de fuego que existiría al interior de Temucuicui, conflictiva comunidad próxima a Ercilla (IX Región). De modo puntual, se subraya "la peligrosidad" de tres personas ligadas al asentamiento. Uno de los hijos de Llaitul, Ernesto Llaitul Pezoa, quien figura entre los formalizados, merece también una alusión. A partir de uno de los diálogos descifrados, se dice que hay "evidencia" acerca de su presunta implicancia y la de otro imputado, Claudio Leiva, en la quema de camiones de la empresa Cavalieri, en Temuco, en marzo pasado. Los carabineros ahondan, además, en el perfil de la organización que habría sido descubierta. Así, se plantea que "está dedicada principalmente a los incendios" contra compañías silvícolas, transportistas y agricultores. Ello, con el propósito de generar miedo en la comunidad y de presionar a la autoridad política para que adopte "decisiones" favorables para los grupos radicalizados. El cierre del informe gira en torno al carácter jerárquico de la red. Donde se ubica a Héctor Llaitul en el pináculo, como jefe. Luego se reconoce una línea de mandos intermedios -donde figuran, entre otros, los imputados Fidel Tranamil y Jaime Huenchullán-, cuya tarea sería asignar las misiones a los integrantes de menor rango. Entre ellos, Martín Curiche y Ernesto Llaitul, hijo del líder de la CAM. El nombre de este grupo, ligado al estallido de la violencia en la zona, a fines de los años 90, aparece en el informe de Carabineros. Sin embargo, en él no hay detalles respecto de cuántos son los movimientos detrás de los atentados. De hecho, una de las grandes dudas que sigue rondando en torno a la operación "Huracán", como llamó Carabineros a la diligencia, apunta a dilucidar un enigma fundamental. Si la CAM es distinta de Weichan Auka Mapu (WAM) y Resistencia Mapuche Malleco (RMM), otras dos entidades que operarían en la zona o si, por el contrario, forman un solo bloque. Por lo pronto, la investigación recién comienza. Y la validez de los datos reunidos en el informe de inteligencia deberá aquilatarse en las fases venideras del proceso. Parte de los "pinchazos" revelan que la organización condicionó algunos de los movimientos al segundo juicio oral por el asesinato de los Luchsinger. Así, en agosto, Jorge Huenchullán (hoy fugitivo) le dijo a Héctor Llaitul que estaban definiendo la fecha, presuntamente de un atentado, para "antes del 21 (de agosto)", día en que se inició el juicio. En otra conversación, Jaime Huenchullán (imputado) le recordó a su hermano Jorge que "el juicio dura 50 días", como dándole a entender que aún había tiempo para dar un "golpe". Los fiscales dieron a Carabineros la instrucción de filmar, sin cortes, las aprehensiones de Llaitul y de las otras siete personas. Con ese registro, quedaron "sin piso" las quejas que en un primer momento plantearon los familiares de los comuneros sobre el actuar de los policías en los allanamientos. Los detenidos se negaron a que se les informaran las razones de su captura y rechazaron ser examinados por médicos. Antes de pedir las órdenes de arresto, los persecutores solicitaron a los policías averiguar con exactitud dónde estaban los requeridos. La posibilidad de entrar a Temucuicui para buscar a algunas personas identificadas en la investigación fue descartada para evitar un enfrentamiento y en razón de que en la comunidad hay ahora grandes zanjas para impedir el paso de vehículos policiales.
