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Análisis del ex ministro de Hacienda, Felipe Larraín:

Clapes UC se anticipa a la nueva Constitución y calcula su impacto en la economía

domingo, 01 de octubre de 2017

Pilar Vergara T.
Reportajes
El Mercurio




UN ESTUDIO DIFERENTE entre los muchos que se han hecho, desde que la Nueva Mayoría echó a flamear las banderas de una "Nueva Constitución", es el que emite Clapes UC, cuando, sí o sí, la propuesta de Michelle Bachelet está por ver la luz. ¿Octubre? ¿Después? Puede ser, pero lo cierto es que la Presidenta no dejará La Moneda antes de cumplir con su promesa de campaña, al menos para que quede "para el legado".

El trabajo que aquí anticipamos y que preparó el ex ministro de Hacienda Felipe Larraín toma el debate desde un punto de vista eminentemente económico. Con detalle, explica que las propuestas constitucionales no son solo cosa de la política; menos aún, cosa exclusiva de las fórmulas que se utilicen para escribirlas y aprobarlas, sino que van a dar directo sobre los cotidianos asuntos del ingreso per cápita, la inversión, el crecimiento... el progreso y el bienestar de las personas. Y eso no se inventó recién. El apabullante índice de referencias que hace de distintos autores de diferentes nacionalidades -constitucionalistas y economistas- deja de manifiesto lo mucho que se ha estudiado la importancia del Orden Público Económico sobre el desarrollo y la prosperidad de los países.

El informe de Clapes UC va analizando el impacto de las propuestas ya conocidas del programa de Bachelet y que, probablemente, estarán contenidas en lo que enviará al Congreso -para que este se manifieste de qué forma las discutirá-; también aboga por aquellas instituciones constitucionales que no debieran alterarse. Y algo más: como cambio a la actual, o nueva Constitución, habrá de todas maneras, sugiere propuestas para incorporar al debate. En concreto, es una edificación completa que sale al paso de la anunciada propuesta presidencial.

EL POSTULADO DICE ASÍ: "Por supuesto, las constituciones deben ser dinámicas y recoger el sentir de la sociedad. El desafío es hacerlo sin que ello hipoteque las posibilidades de desarrollo del país".

Y SOBRE EL APORTE DEL ESTUDIO: "La discusión, desde el 2013 en adelante, se ha centrado en materias relativas al mecanismo de reforma, así como a los derechos constitucionales bajo el planteamiento de ampliar y profundizar los derechos sociales. Los debates donde se han tratado materias relativas al orden económico son escasos...".

LOS DERECHOS DE PROPIEDAD BIEN DEFINIDOS son uno de los pilares fundamentales para el desarrollo económico, postula el informe de Clapes UC. "Cuando no existen, los individuos no pueden apropiarse del resultado de su esfuerzo o trabajo y de las ganancias de sus inversiones. Por eso son fundamentales para la correcta asignación de recursos y el aumento de la inversión productiva".

Existe amplia evidencia acerca de la relación entre derecho de propiedad e inversión, se asegura. A nivel macro, pero también micro, como lo prueban trabajos universitarios realizados en Ghana, comparando el desempeño muy superior de los agricultores que poseen títulos de propiedad formales, respecto de los que no los tienen.

También se ha estudiado la relación entre el "riesgo de expropiación" y PIB per cápita.

El estudio recoge el barómetro que prepara el International Property Rights Index, que mide tres componentes: ambiente político y jurídico; derecho de propiedad físico y derecho de propiedad intelectual. Chile está en la posición 26, entre los 129 países considerados, cuyos líderes fueron Finlandia, Noruega y Nueva Zelandia. A nivel regional, Chile ocupa el primer lugar entre los 22 países considerados.

Utilizando el índice de derechos de propiedad desarrollado por el Heritage Foundation, el cuadro 1 muestra en forma elocuente la relación entre Protección de los derechos de propiedad y PIB per cápita de cada uno de los países que se consideraron.

LAS IMPRECISIONES E INDEFINICIONES de las propuestas sobre derechos de propiedad contenidas en el programa de la Nueva Mayoría, que el informe Clapes UC destaca para poner en guardia, son:

-"Junto con reconocer el derecho de propiedad privada, debiera contemplar la idea de que la propiedad obliga, y que su uso debiera servir al bien común". (No está claro si esto se refiere a la función social de la propiedad que está contemplada en la Constitución actual o si la iniciativa consiste en poner mayores limitaciones).

-"El Estado tiene derecho a regalías por el aprovechamiento de los recursos naturales, especialmente minerales". (Esto podría ser una notificación de la ampliación del royalty a todos los recursos naturales).

-"Una ley determinará los límites a la concentración de la propiedad de los medios de comunicación social, así como la apertura plural del espectro radioeléctrico y la distribución del avisaje público, de modo de garantizar el pluralismo informativo y el libre acceso a la información". (Esta modificación conduciría a intervenir un mercado como el de los medios de comunicación, en el que ha habido enormes avances tecnológicos y al que se han incorporado numerosos actores en los últimos años. Pero además, esta intervención recae sobre la libertad de expresión y la libertad de prensa, que son las bases de cualquier democracia).

EL CAMBIO DE CONCEPTO DE UN ESTADO SUBSIDIARIO A UNO SOCIAL DE DERECHOS es otra de las coyunturas constitucionales, de entre las varias que analiza el trabajo de Felipe Larraín.

"La Nueva Mayoría pretende constitucionalizar el Estado de Bienestar de una manera tal que se contraponga al espíritu del Estado Subsidiario vigente. Este Estado social y democrático de derechos se garantizaría a través de acciones judiciales que cubrirían no solamente los derechos económicos, sociales y culturales actualmente consagrados, sino también otros, tales como el derecho a la vivienda, al trabajo, derechos colectivos de los pueblos indígenas, etc.".

Lo que se deduce de este postulado son garantías a todo evento, que ignoran la realidad de contar con recursos escasos y necesidades ilimitadas. Otra situación que se derivaría de este cambio sería que los tribunales de justicia deberían dilucidar cómo hacer cumplir la ley, con la consiguiente judicialización.

Nuevamente, el trabajo de Clapes UC llevó estos conceptos a sus consecuencias económicas concretas. Lo hace a partir de datos recogidos por el Comparative Constitutional Project y por el FMI. Larraín enfrenta a los países con mayor número de derechos constitucionales, con sus correspondientes PIB per cápita y el resultado lo muestra el cuadro 2.

Y concluye: "Salvo Portugal, ningún país que supere los 10 mil dólares per cápita está en el listado de los países que más derechos garantizan en sus constituciones. La inflación de derechos , entonces, no asegura mejores niveles de vida para la población".

LA AUTONOMÍA DEL BANCO CENTRAL QUEDARÍA ENTREGADA A UNA LEY. Y los efectos que ello tendría pueden ser impredecibles.

El programa de gobierno de la Nueva Mayoría "reconoce al BC su autonomía y la ley establecerá la medida de su autonomía y la configuración de sus competencias" .

Con ejemplos comparados, el informe de Clapes UC hace ver la importancia de que sea la Constitución la que resguarde al Banco Central y dote de altos quórum a su ley orgánica.

Dice y demuestra:

-Desde 1989, año en que se estableció la autonomía del BC a través de una ley orgánica constitucional, se observa el inicio de un período de reducción de inflación. Si bien es cierto que aquello tiene que ver con otras modernizaciones emprendidas, "la independencia del Banco Central respetada por las autoridades políticas, y el nombramiento de prestigiosos economistas en su consejo, han creado las condiciones para que el instituto emisor pueda alejarse de los incentivos extraeconómicos que suelen reinar en los bancos centrales dominados por presiones políticas".

-Varios países latinoamericanos, como Argentina, Bolivia y Venezuela, han visto socavada la autonomía de sus bancos centrales por presiones políticas en la última década. Sin éxito, ha habido proyectos de ley en el Congreso norteamericano para limitar la autonomía de la FED.

-Los países que han vivido períodos de inestabilidad monetaria y de pagos internacionales tienden -después de esa experiencia- a establecer la institucionalidad del Banco Central en la Constitución para blindarlo.

-En la OCDE es tendencia que los bancos centrales sean parte del ordenamiento constitucional. Y en la práctica, el Banco Central Europeo tiene un estatus constitucional para los países de la zona euro.

EL TRABAJO PROPONE CAMBIOS CONSTITUCIONALES que profundicen la institucionalidad fiscal. Además de mantener la iniciativa exclusiva del Presidente de la República en materia de gastos e impuestos, propone dar rango constitucional a los principios de la regla fiscal estructural y los consejos fiscales.

"No es razonable que las constituciones sean inmutables -concluye-. Deben evolucionar con cambios que sean el resultado de acuerdos amplios".

Premio Nobel de Economía 2003 presenta último libro de Felipe Larraín en Nueva York. En el marco de su visita anual a esa ciudad para participar en las Reuniones del Consejo de Líderes para Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas (SDSN, por sus siglas en inglés), el director de Clapes UC y ex ministro de Hacienda, Felipe Larraín, asistió al lanzamiento en esa metrópolis de su último libro "The Economics of Contemporary Latin America", escrito junto a Beatriz Armendáriz y publicado por la editorial MIT Press en el Council of the Americas (COA), que preside Susan Segal. En la ocasión, el texto -cuya versión en castellano se está evaluando- fue presentado por el Premio Nobel de Economía 2003, Robert Engle, ante casi 100 personas.


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