martes, 15 de enero de 2008
CONSTANZA HOLA CHAMY
Economía y Negocios, El Mercurio
Demandas civiles y mayor rigor son las peticiones de la Alianza.
Diversas reacciones desató la denuncia hecha por "El Mercurio" respecto del modus operandi con que algunas empresas como Evasa desviaban dineros desde Ferrocarriles en el período de aplicación del ex plan trienal.
Ésta será la semana elegida por los diputados de la UDI liderados por Claudio Alvarado para presentar ante el Consejo de Defensa del Estado un requerimiento. Éste busca una demanda civil contra el ex directorio liderado por Luis Ajenjo para que respondan monetariamente por las pérdidas que se prueben en Tribunales, como en el caso de Evasa, dado que el artículo 8° de la Ley Orgánica de EFE señala que éstos "responderán solidariamente de los perjuicios causados a la Empresa por sus actuaciones dolosas o culpables".
No sólo a partir de las triangulaciones de Evasa, sino también por las distintas irregularidades que están siendo investigadas, como la autorización de levantar ramales y liquidar activos a precios inferiores, el abultamiento de inventario y la compra de material por trato directo.
Desde la comisión investigadora de la Cámara exigen el mayor rigor en la indagación judicial. El diputado RN Nicolás Monckeberg apunta sus dardos a peces más grandes: "Lo más importante es qué grado de conocimiento tenían los altos ejecutivos y el directorio de esta red de empresas relacionadas donde había coimas o pagos paralelos. Cuesta imaginarse que esta gente se haya movido con tal libertad sin contar con la complicidad de un director o alto ejecutivo".
Entre los nombres que se investigan están el ex gerente general, Eduardo Castillo; el ex presidente Luis Ajenjo, y el ex gerente de contabilidad y finanzas, Jorge Letelier.
Inventarios irregulares
En junio de 2007 Price Waterhouse Coopers entregó el informe final de valorización encargado por el ex fiscal Asenjo.
El estudio detalla una serie de irregularidades administrativas desde la misteriosa pérdida o "inflación" de material auditado hasta el abultamiento en los precios de alrededor del 300%. De los diez almacenes inventariados, el de San Eugenio era el con mayor diferencia ya que de los $2.540 millones que supuestamente existían, PWC sólo reconoció $684 millones. En total, la diferencia entre lo auditado por las administraciones anteriores y lo encontrado finalmente este año eran $6.217 millones.
La semana pasada, el CDE se querelló contra quienes resulten responsables de este tema. Aún así, diputados apuntan responsabilidades también administrativas. "La que debe dar una explicación es la Superintendencia de Valores y Seguros, porque con los mismos antecedentes ellos no hicieron nada, ni siquiera presentaron cargos", comenta Monckeberg.
