sábado, 12 de enero de 2008
PABLO OBREGÓN CASTRO
Reportajes del Sábado, El Mercurio
Durante los últimos años se crearon decenas de nuevas pequeñas comunidades, las que se hacen rápidamente elegibles como receptoras de recursos fiscales. Sólo el 56% de los fondos que administra la Conadi se destinan a la compra de tierras, y el 23% se diluye en asesorías, pago de honorarios y servicios de ONG afines al mundo indígena.
La emblemática hacienda Lleulleu sufrió más de cincuenta atentados incendiarios por parte de grupos de mapuches radicalizados antes de que su antiguo propietario, Osvaldo Carvajal, terminara por convencerse de que la violencia indigenista en el sur de Chile no tiene visos de amainar y optara por traspasar su propiedad a la Conadi.
Aunque ya no tiene predios en la zona que los mapuches reivindican como parte de su territorio ancestral, Carvajal sigue de cerca la escalada del conflicto y estudia con dedicación una de sus aristas más desconocidas: el financiamiento de las organizaciones que concentran sus actividades en las regiones del Biobío, la Araucanía y los Lagos, y que, según agricultores de la zona, corresponden a grupos minoritarios y con participación de agentes externos al pueblo mapuche.
Y es que desde mediados de 2003 a esta parte, la composición de ese financiamiento viene cambiando drásticamente. "Se fueron secando las fuentes de recursos internacionales a partir de los atentados terroristas, y prueba de ello es que la Fundación Ford suspendió cuatro proyectos en el mundo mapuche (...) pero la élite indigenista definió una nueva estrategia: utilizar como fuente de financiamiento al propio Estado que desconocen".
De hecho, durante los últimos años se crearon decenas de nuevas pequeñas comunidades mapuches, las que se hacen rápidamente elegibles como receptoras de los recursos fiscales que administran la Conadi, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y el Ministerio de Agricultura.
Según información recopilada por otro agricultor de la zona, los fondos que el Estado de Chile y el BID traspasan al mundo indígena superan con creces los US$ 180 millones anuales, pero una parte mayor de esos recursos se diluyen entre honorarios y proyectos distintos a la adquisición de tierras y el fomento productivo. Y es más. Algunos hacendados de la región están convencidos de que las fundaciones que prestan asesoría jurídica a las comunidades violentistas también reciben aportes con cargo al fisco, acusación que la Conadi desmiente tajantemente.
Hacia 2008, el presupuesto para políticas indígenas se compone en 56% por el Fondo de Tierras y el Programa de Becas, y el 23% corresponde a gastos administrativos de la Conadi y del Programa Orígenes, lo que incluye honorarios de consultores externos y servicios de ONG, según cifras del Grupo de Trabajo sobre Movimientos Indígenas de la Clacso.
Además, una parte considerable de ese presupuesto se traspasa a cientos de pequeñas organizaciones sin que haya contraprestación, bajo el alero de la ley 19.862, que permite al Gobierno financiar actividades de todas las entidades tipificadas como "colaboradoras del Estado". Entre 2006 y 2007, la Conadi realizó un total de 391 donaciones directas, lo que totaliza $7.752 millones.
Los recursos
De 1994 a esta parte, las platas administradas por la Conadi se han incrementado exponencialmente y hoy superan los $51.000 millones.
A estos recursos se suman los aportes de agencias internacionales (Naciones Unidas, Amnistía Internacional, BID, entre otras) y de las ONG que simpatizan con la causa mapuche (France Libertés, la Universidad de Toulouse, la Organización de Naciones y Pueblos No Representados; el Cicai, de Francia; la Asociación Mapuche Relmu, de Francia; Anti-Slavery, de Inglaterra, y la Red Internacional de Apoyo al Pueblo Pehuenche, de Alemania).
Conocido es el caso del líder del Consejo de Todas las Tierras, Aucán Huilcamán, quien mantiene vínculos con la Subcomisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, desde donde obtendría recursos para financiar sus actividades.
Dirigentes mapuches también solicitan recursos a través del sitio web de la fundación Rehue, localizada en Holanda, los que recaudan a nombre de Stichting Rehue, Amstelveen Holanda; Postbank, con la cuenta 6261168.
Pese a los antecedentes, el actual vocero de la Coordinadora, José Llanquilef, defiende la independencia financiera de la CAM y asegura que esta orgánica sólo recibe pequeños aportes de mapuches que apoyan la causa. En una entrevista concedida en mayo de 2007, advirtió que "hemos sido investigados durante más de siete años y jamás se han encontrado indicios de financiamiento (...) practicamos la autonomía en todos los sentidos, nos autofinanciamos y ejercemos nuestro compromiso con austeridad y pobreza".
Del mismo modo, el jefe de gabinete del director de la Conadi, Patricio Vidal, asegura que, en el presente, la entidad no transfiere ni un solo peso a organizaciones privadas que trabajan en el mundo indígena sin que haya una contraprestación . "Sólo les entregamos beneficios a las comunidades, y para ser bien claros, no le entregamos ni un peso al Observatorio de Derechos Indígenas".
Aylwin, el colaborador del Estado de Chile
Una de las organizaciones que ha denunciado en todos los foros internacionales al Estado de Chile es el Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas. Pese a eso, esta ONG dirigida por el hijo del ex Presidente Aylwin, José Aylwin, se encuentra inscrita en el Registro de Colaboradores del Estado, lo que la hace elegible como receptor de transferencias directas por parte del fisco sin que haya, necesariamente, alguna contraprestación.
Para la realización de este reportaje, "El Mercurio" envió un cuestionario a José Aylwin -sindicado como el principal operador del mundo indígena- con una serie de interrogantes sobre la dependencia financiera de las ONG indigenistas que durante los últimos años entraron en colisión directa con el Estado, las que se negó a contestar.
Replicó, eso sí, que la discusión sobre la relación financiera entre pueblos indígenas y Estado es irrelevante y que no pasa por determinar cuántos recursos puedan recibir del gobierno o del extranjero las ONG afines, montos que, de paso, consideró insignificantes como para hablar de ellos.
La Fundación que dirige reconoce, eso sí, el apoyo del Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA), la Fundación Ford, y Avina, del empresario suizo Stephan Schmidheiny.
Otro de los colaboradores del Estado es el alcalde de Tirúa y dirigente de la Fundación Identidad Territorial Lafquenche, Adolfo Millabur. Su municipio recibió durante los últimos tres años más de $2.131 millones en transferencias. Prueba de que el tema financiero no es trivial para la dirigencia es la dura lucha que se presentó entre Millabur y los líderes de la CAM, José Huenchunao y Víctor Ancalaf, quienes por esos días intentaban disputar en favor de la CAM el apoyo que llegaba desde Francia.
