lunes, 25 de septiembre de 2017
Valentina Gracia M.
El Mercurio
La prohibición del servicio en Londres revive la discusión sobre la legalidad de la aplicación, especialmente por la inexistencia de un marco legal y tributario aplicable a la compañía.
El pasado viernes, Uber vivió un nuevo y duro golpe cuando Transport for London, la entidad encargada de regular el transporte privado de la capital inglesa, anunciara a través de un comunicado que retiraban la licencia a Uber para operar en las calles londinenses. Justificando su decisión en que la compañía no sería "apta y adecuada para poseer la licencia de operador de alquiler privado" -por la falta de responsabilidad y poca transparencia de Uber en la entrega de información sobre delitos criminales-, la entidad definió que a partir del próximo 1 de octubre quedará prohibido el servicio, afectando a 3,5 millones de usuarios londinenses y otros 40 mil conductores. Pese a estar valorada en unos US$ 68 mil millones y estar presente en más de 600 ciudades en el mundo, a Uber esto no le ha bastado para mantener a raya sus problemas legales, los que se han multiplicado con el tiempo debido a los problemas en su plana ejecutiva, las acusaciones de espionaje a su competencia, y, principalmente, las dudas respecto al estatus legal de la firma, a la que los taxistas de todo el mundo acusan de no pagar impuestos ni seguir las mismas reglas de funcionamiento que el resto de los servicios de transporte privado. Si bien Londres es la última ciudad donde se prohibió el servicio, no es la única. Dinamarca, Bulgaria, Hungría son solo algunas de las naciones donde han debido cesar sus operaciones, mientras que en otros como Francia, España, Países Bajos e Italia, el servicio se ha visto suspendido por cortos períodos, regresando después de unas semanas tras las apelaciones correspondientes a la justicia. En otros continentes como el asiático, la plataforma ha tenido un destino diferente, ya que en China y Rusia la firma se ha visto obligada a aliarse con su competencia local para despertar el interés de los usuarios. "Zona gris" en Latinoamérica En la región, la situación de Uber no es muy distinta al resto del mundo, con imprecisiones respecto a su funcionamiento y el marco tributario bajo el que deben normarse. En Ciudad de México, por ejemplo, recurrieron a que este tipo de servicios deba pagar como impuesto el equivalente al 1,5% de cada viaje realizado, monto que es destinado al Fondo para el Taxi, la Movilidad y el Peatón, creado en 2016. En otros, como Argentina, la compañía figura como "Sociedad en formación", por lo que a diferencia de otras empresas de transporte no paga Impuesto a las Ganancias, IVA ni Ingresos Brutos. Esta es la misma batalla que se vive en las calles y en el Parlamento chileno, donde actualmente se tramita la ley que regularía la tributación del servicio, además de la posibilidad de pagar un valor por kilómetro recorrido.
