A fines de septiembre el Ministerio de Hacienda deberá ingresar al Congreso la Ley de Presupuesto, que tiene como objetivo determinar el gasto del gobierno central. Dicha ley tendrá un plazo de dos meses para su tramitación y deberá asignar cerca de US$ 63 mil millones, lo que representa una cuarta parte del PIB nacional. Sin embargo, su discusión este año será aún más compleja por ser un período de elecciones presidenciales y porque gran parte de los gastos para el próximo año ya están determinados por otras leyes. Por lo anterior, el objetivo principal será determinar los superávits o déficits que, a su vez, darán un indicio de cuál será el nivel de endeudamiento al que se podrá recurrir. El estudio "Una mirada al presupuesto fiscal: La necesidad de reformar el Estado", elaborado por el Centro de Estudios Financieros (CEF) del ESE Business School, propone como solución analizar el gasto actual, buscando espacios de eficiencia que permitan, a través de reasignaciones, ir dando cabida a nuevas prioridades que puedan surgir. Según el informe, realizado por la académica y economista del ESE Business School, Cecilia Cifuentes, junto a su ayudante, Héctor Acuña, hay evidencia de que estos espacios existen y están radicados en los gastos en burocracia del Estado: "Llama fuertemente la atención que en el actual contexto de estrechez fiscal el gasto en burocracia haya seguido teniendo un comportamiento fuertemente expansivo". Entre enero y julio de 2017, este gasto aumentó -en términos reales- un 5,7% respecto del mismo período en el ejercicio anterior, lo que equivale a cerca de US$ 600 millones. Una de las formas de reducir el gasto en burocracia en Chile es realizando una reforma a la administración del Estado. "No se trata de que se deba recortar un número significativo de funcionarios (aunque probablemente se requiera alguna disminución), sino que se trata de poder eliminar programas y poder reasignar funciones y tareas, junto con establecer mejores mecanismos de incentivos. El Estatuto Administrativo actual, excesivamente rígido, es una traba, y debería ser modificado", comenta Cecilia Cifuentes y agrega que para ello se necesita sobre todo voluntad política, ya que implica alterar las reglas de funcionamiento del aparato administrativo. La publicación del CEF analiza el caso nacional comparándolo con Australia, país que regularmente es mirado como modelo a seguir, además de que ya realizó una transformación al funcionamiento de la administración pública. Previo a la reforma, en 1975 había 277.455 personas trabajando en la administración pública federal, lo que se redujo a 155.482 en 2007 una vez realizada la transformación. Entre los principales cambios destaca que la introducción de esquemas de rendición de cuentas ha mejorado el control político hacia la burocracia. Al comparar los números de gastos de las estadísticas internacionales financieras (IFS) del Fondo Monetario Internacional (FMI) se ve una diferencia aún más clara. Actualmente, en Australia se destina un 27% del gasto total del gobierno a burocracia, es decir, pago de sueldos y compra de bienes y servicios, mientras que en Chile esta cifra alcanza un 31%. Si nuestro país avanzara en esta materia y llegara al porcentaje de Australia, significaría un ahorro de recursos de US$ 2.500 millones anuales, lo suficiente para financiar una mejoría significativa de las pensiones. 5,7% aumentó el gasto en burocracia en términos reales entre enero y julio respecto del mismo período en 2016, lo que equivale a cerca de US$ 600 millones. Según cifras del INE, solo en julio el gasto en personal subió 18% real en doce meses. 31% del gasto total del Gobierno chileno es destinado a burocracia, mientras que Australia gasta un 27% en este ítem. Si Chile bajara al nivel de Australia, podría ahorrar US$ 2.500 millones anuales, un costo similar a la reforma de pensiones. $1 financiado como beneficios sociales le cuesta al gobierno australiano en burocracia $0,83; mientras que para el caso chileno, $1 destinado a beneficios sociales equivale a $1,4 en gasto de burocracia.