domingo, 17 de septiembre de 2017
Valeria Ibarra
El Mercurio
A la demanda de Codelco contra el organismo, podría sumarse una acción similar por parte de Metro. En tanto, en el organismo fiscalizador señalan que "no se ha detectado mayor resistencia" en el cumplimiento de su rol.
Desde que asumió el 17 de diciembre de 2015 como contralor general de la República, Jorge Bermúdez ha dejado claro su sello fiscalizador. Partió implementando la Ley de Probidad, que obliga a los servidores públicos y organismos del Estado a declarar bienes e intereses, pero también a transparentar sus eventuales conflictos de interés. Y en los últimos meses su actuar ha estado marcado por su celo fiscalizador en empresas estatales y servicios públicos, en ámbitos que, según algunos, antes no estaban en su perímetro de acción. Así, Codelco y Metro han reforzado su equipo legal para enfrentar esta arremetida, lo mismo que la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (Sbif), que derechamente se resiste a que la Contraloría audite cómo realiza su labor de fiscalización en la industria financiera. Pese a la inquietud que hay en el ámbito estatal, la Contraloría precisa que "no se ha detectado mayor resistencia" en el cumplimiento de su rol y que hoy hay más consciencia de la importancia de transparentar el actuar de la función pública. Este año, el ente fiscalizador lanzó un plan estratégico para 2017-2020, cuyo lema es "Más y Mejor Fiscalización". Para 2017, la meta es aumentar entre 15% a 19% las auditorías, para lo cual se crearon dos contralorías regionales metropolitanas y nuevos departamentos de fiscalización. El objetivo, explica la Contraloría, es fiscalizar materias relevantes, tanto en áreas prioritarias para la ciudadanía o de alto impacto en el uso de los recursos públicos. Conflictos no son extraños ni extraordinarios El conflicto judicial más mediático ha sido aquel que enfrenta al órgano contralor con Codelco. Pero según Luis Cordero, socio de Ferrada & Nehme y abogado de Codelco, "el litigio entre la Contraloría General de la República (CGR) y otros organismos públicos no es extraño ni extraordinario". Ejemplifica que las municipalidades recurren con frecuencia a los "recursos de protección" para frenar alguna acción contra la CGR y ha habido casos emblemáticos, como cuando la Municipalidad de Zapallar recurrió a la Corte Suprema cuando la entidad contralora quiso obligarla a reintegrar dineros ingresados por el cobro de patente municipal a una sociedad de inversión o cuando TVN demandó a la Contraloría cuando adaptó el modelo de sociedades anónimas en los "90. Lo que, a juicio de Cordero, es nuevo es que "la Contraloría controle la actividad empresarial mediante la realización de una evaluación de méritos". Por ejemplo, si una compañía estatal encarga un estudio económico o un informe en derecho, la Contraloría debe revisar que ese documento exista, que se haya pagado por él lo que se comprometió y que se entregue en los plazos y condiciones estipuladas, pero no puede evaluar para qué o cuán útil es. "Eso es el mérito", detalla el socio de Ferrada & Nehme. Para el experto esto otorga a la CGR un poder sin contrapeso. Para empezar, todos los funcionarios de la entidad son de confianza del contralor. Y en virtud de la aplicación de la ley de probidad, el organismo puede cotejar la información con el Servicio de Impuestos Internos (SII) y otros organismos de fiscalización financiera. Todo ello genera ruido en el mundo jurídico, explica el ex contralor Arturo Aylwin Azócar (ver entrevista relacionada). De las superintendencias financieras, la única que ha tenido una auditoría es Pensiones, mientras que la Súper de Bancos definió que no permitirá una revisión de sus procesos de fiscalización. Y si bien la CGR pidió información "poco usual" a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) en 2016, lo que desató inquietud al interior de la SVS, ahora no ha manifestado que busque realizar una auditoría especial a sus procedimientos. Conflicto de Codelco escala al ámbito político El 17 de agosto pasado, el presidente de la Cámara de Diputados, Fidel Espinoza (PS), pidió a Codelco y al Consejo de Defensa del Estado el detalle de qué abogados de esta última entidad han realizado informes para la cuprera estatal, informando el monto y la materia a tratar. Según ejecutivos del Gobierno, con ello se busca que se inhabiliten los abogados del CDE en el litigio de la Contraloría contra Codelco, donde el Consejo representa los intereses del órgano contralor y que sea el propio Bermúdez quien asuma la defensa de la Contraloría. Sin embargo, fuentes relacionadas no creen que la petición de Espinoza busque aquello, sino que solo transparentar eventuales conflictos de interés. En todo caso, todos concuerdan que con ello la controversia escala al ámbito político. Todo ello en el marco de la disputa legal que tiene la principal empresa estatal de Chile y la CGR. La cuprera interpuso el 2 de agosto pasado una demanda de nulidad de derecho público contra la Contraloría, en la que acusa que la CGR ignoró las normas por las cuales se rige Codelco; es decir, la Ley de Sociedades Anónimas y, de obligarla a seguir las normas de contratación de un servicio público, con lo cual se vería afectada su competitividad. La acción judicial responde a una auditoría extraordinaria realizada por la CGR-informe reservado N° 900- , que luego envió los antecedentes al Ministerio Público para que se investigaran penalmente.
