Arturo Aylwin precisa poder de la Contraloría: "No puede evaluar aspectos de mérito o conveniencia"
domingo, 17 de septiembre de 2017
Economía y Negocios Domingo
El Mercurio
El ex contralor de la República Arturo Aylwin Azócar debe ser quien más conoce la Contraloría. No en vano, trabajó cinco décadas en ella. Ingresó en 1957 y se desempeñó sucesivamente como abogado, jefe de la división municipalidades, fiscal (1967-1995), subcontralor general (1995-1997) y contralor general (1997-2002). Hoy, reconoce que ha recibido muchas consultas sobre el alcance de la gestión que ha realizado la Contraloría en el último tiempo y, por eso mismo, está preparando un artículo sobre la materia. ¿Hay un giro en el actuar de Contraloría? Antes de responder, el ex contralor hace un repaso de las distintas "doctrinas" que han animado a este organismo. "La Contraloría aplicó desde su creación en 1927 un control exclusivamente de legalidad", señala. "En 1973, el gobierno militar dictó un decreto ley que amplió sus facultades, otorgándole competencia para realizar auditorías operativas, pero al poco tiempo dicho texto legal fue derogado", agrega. "Posteriormente, a inicios de 2003 se dictó la ley 19.817 que, entre otras reformas a la ley orgánica de Contraloría, dispuso que con motivo del control de legalidad o de las auditorías "no se podrá evaluar los aspectos de mérito o conveniencia de las decisiones políticas administrativas", explica. Agrega que esta norma debe aplicarse preferentemente, por tener un carácter especial y también tiene rango orgánico constitucional y es posterior a las normas generales de la Ley Orgánica Constitucional de Bases de la Administración Pública", señala. "Lo anterior no impide que se proceda a reprochar conductas claramente negligentes en lo relativo a la administración de los bienes o recursos públicos", agrega. -Todos los funcionarios de la Contraloría son de absoluta confianza del contralor. ¿Puede prestarse para abusos? "Desde hace muchos años ha existido esa facultad, pero hasta el año 2005 fue ejercida con mucha prudencia por parte de los contralores, respetando la carrera funcionaria. Desde hace muchos años existe el consenso en el sentido de que la facultad vigente del contralor es irreconciliable con la carrera funcionaria, por eso es que un proyecto de ley preparado por la propia Contraloría se propuso restringir dicha facultad solo para los jefes superiores". -¿Es partidario de que el órgano superior de decisión de la Contraloría sea colegiado y no radique el poder en una persona? "No soy partidario de eso. Una reforma semejante solo complicaría las cosas. En cambio, creo que debe procurarse que todos los órganos actúen dentro de su competencia empleando siempre la prudencia, la racionalidad y la diligencia debida, siempre dentro de un contexto de unidad de la administración, prevaleciendo siempre el fin público". -De lo que ha visto del actuar del contralor Bermúdez, ¿amerita una acusación constitucional? "Descarto absolutamente tal posibilidad. En cambio, creo que las dudas que han surgido con motivo del actuar de la administración y de la propia Contraloría exigen una definición clara de todos los órganos involucrados. Lo peor es que opere la política del silencio, de crítica subterránea o de paralización del aparato público con grave daño a la administración y con lesión al patrimonio público. Hay que evitar por todos los medios la ineficiencia de los servicios públicos debido al temor de las autoridades o funcionarios a asumir una gestión diligente". "Lo que corresponde es que los directivos superiores del Estado, con una visión superior y con pleno respeto de las competencias que les correspondan, analicen en forma franca el tema, con miras a encontrar las soluciones administrativas más adecuadas. Lo peor es asumir una conducta de crítica solapada, de inercia o de conformismo, que son contrarios al bien común".
