martes, 08 de enero de 2008
Eduardo Olivares C.
Economía y Negocios Online, El Mercurio
Contratos considerados ilegales, descoordinación en la contabilidad financiera y externalización contraria al objetivo de la ley están en la lista.
Un informe de la Contraloría General de la República, fechado a mediados del 2007, determinó que existen falencias en el proceso de privatización que ha llevado adelante la administración de la Empresa de Abastecimiento de Zonas Aisladas (Emaza) desde hace algunos años.
La empresa denomina a este proceso como de "externalización" de sus unidades operativas, que implica ir dejando en manos de administradores externos -privados- los casi 50 almacenes fijos que la firma tenía desplegados en pequeños poblados en todo el país.
Los reparos
Según consigna la Contraloría, en el año 2000 Emaza contaba con 49 locales (subagencias), de los cuales 43 fueron "externalizados", cinco cerrados y sólo se mantiene bajo gestión directa el almacén en Isla de Pascua.
"Forzoso aparece concluir que no guardan la debida concordancia la normativa orgánica de Emaza, por una parte, con las actividades concretas que dicha empresa ejecuta en los hechos", dice el documento. Esto, por cuanto la ley establece que el objetivo de la firma es abastecer de productos esenciales a las poblaciones de comunas aisladas que no cuenten con proveedores esenciales de esos bienes.
"No cabe sino estimar que Emaza no estaría cumpliendo el objetivo para el cual fue creada", apunta el informe.
En varios aspectos, la Contraloría menciona problemas de contabilidad en el balance de Emaza, en general de tipo formal, como demoras en la presentación de respaldos o inexistencia de firmas adecuadas. De hecho, la entidad auditora acusa a la empresa de falta de coordinación y de control.
También existen deficiencias en el registro de bienes raíces. Por ejemplo, al 31 de diciembre de 2006 Emaza contaba como propios los locales de Chenqueco y Puerto Edén, pero no estaban incorporados en su contabilidad.
Se menciona, por otra parte, un contrato con el abogado Enrique Silva Cimma, a quien Emaza le solicitó un informe en derecho sobre el rol y características de las empresas públicas, el papel del SEP (Sistema de Empresas Públicas), la naturaleza de Emaza y de cómo debe extinguirse esta empresa. El informe, constata la Contraloría, reveló que los contratos de comodato de inmuebles y de arrendamiento de especies muebles -entre otros- que la firma celebró con los administradores externalizados, buena parte de quienes son ex funcionarios, "pueden ser considerados ilegales".
Según comenta una alta fuente del Gobierno, una de las causas de esta "ilegalidad" estaría en que algunos de los almacenes de Emaza no eran de su propiedad, sino del Estado de Chile, en cuyo caso no podía cobrar arriendos.
