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Licitación de portal similar a Chilecompra en Panamá provoca la salida de 2 funcionarios en Chile

domingo, 06 de enero de 2008

Azucena González
Economía y Negocios Online, Enfoques

La pugna entre un competidor nacional y uno argentino llegó a la Contraloría en nuestro país. Dos altos ejecutivos de Chilecompra se presentaron como parte de una de las empresas y fueron desvinculados.




A la Contraloría General de la República recurrieron las empresas Sonda e Iconstruye, esta última ligada a la Cámara Chilena de la Construcción, para denunciar una situación anómala que afectó a Chilecompra, que significó la salida de dos funcionarios de dicha firma.

El caso se gatilló a raíz de una licitación ocurrida en Panamá. En ese país se está llevando a cabo una licitación para un programa similar al chileno, llamado PanamáCompra. Y en ella compite la chilena Sonda y también la empresa argentina Vates. El punto es que como parte del equipo de trabajo de esta última firma aparecieron dos altos funcionarios de Chilecompra: Pablo Ortiz, jefe de la división tecnología, y René Otero, jefe del departamento de software y arquitectura.

Este episodio es visto bajo dos ópticas por las partes en disputa: una, que cuestiona la incompatibilidad de los funcionarios chilenos y las implicancias en Chile del caso, mientras otra, que cree que tras la denuncia hay un interés por desbancar a un competidor.

Las implicancias

El conflicto se complica porque la misma Vates, a través de una alianza con la firma chilena América XXI, fue una de las postulantes que se adjudicó en Chile la licitación que hizo la propia Chilecompra para la provisión de la próxima plataforma tecnológica conocida como "Chilecompra 2.0".

Por ello, en su denuncia ante la Contraloría, Sonda e Icontruye no sólo pidieron que se declarare la incompatibilidad legal y administrativa de los funcionarios, sino que además solicitan que se revise el proceso de licitación donde América XXI (con Vates) resultó adjudicataria, cuestionando si se pudieron haber "vulnerado los principios básicos de igualdad y de imparcialidad al adjudicar" en este proceso.

Otras fuentes incluso agregan que cabe la duda de cuántas otras veces ha pasado esta situación, si hay otros funcionarios implicados en Chilecompra y, por tanto, qué otros procesos de adjudicación pueden haberse afectado, dado que el caso se conoció porque en Panamá el sistema obliga a los oferentes a hacer públicos sus datos entre las otras participantes.

El abogado del consorcio Sonda Iconstruye, Luis Felipe Hübner, confirmó la denuncia presentada a la Contraloría el 31 de diciembre y señaló que también envió los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado para que se investiguen los hechos.

Chilecompra también fue informada y ésta desvinculó de inmediato a ambos funcionarios, informó del hecho a través de un comunicado público emitido el jueves e inició un sumario. Pero desdramatizó las implicancias que pudiera tener sobre la licitación ya efectuada para Chilecompra 2.0.

La jefa de la división jurídica del organismo, Trinidad Inostroza, señaló que no debiera haber duda sobre ella, dado que en el proceso de adjudicación participó una comisión multidisciplinaria de expertos. Según consta en este expediente, la comisión evaluadora para esta adjudicación la integró uno de los implicados, Pablo Ortiz, junto a otros cuatro personeros, incluidos funcionarios externos: Pamela Cuzmar (Tesorería General de la República), José Piquer (Universidad de Chile) y Alejandro Barros (consultor). Ante la pregunta si Vates continuará como proveedora junto a América XXI, Inostroza dijo que eso "es parte de los antecedentes que se evaluarán en el sumario".

En América XXI señalaron que ellos sólo tienen alianza con Vates para Chile, pero que no participan del proceso de Panamá y, por tanto, desconocían el caso.

Altas fuentes de gobierno consideraron que hay intención de desprestigiar por parte de Sonda, dado que con la licitación Chilecompra no renovó el contrato con esta firma y, en la medida que no se renueve la plataforma al sistema 2.0, Sonda seguirá siendo la operadora del software. También creen que apunta a tratar de desprestigiar a Vates, dejando así de lado a un competidor en un mercado donde no son muchas las empresas que prestan estos servicios.

Los actores en disputa

Sonda-Iconstruye: Empresas ligadas a Andrés Navarro y la Cámara Chilena de la Construcción, respectivamente. Este consorcio participa en Panamá de una licitación para un programa muy similar a Chilecompra, que se llama PanamáCompra.

Vates: Empresa argentina de origen cordobés, dedicada al desarrollo de software. En Chile está trabajando junto a la chilena América XXI como una de las proveedoras para "Chilecompra 2.0", la nueva plataforma tecnológica en implementación. En Panamá participa en la licitación de ese portal en sociedad con la panameña Tecnasa y donde no figura la chilena América XXI.

Mismo ejecutivo dio referencias para ambas postulantes en Panamá

Uno de los antecedentes que allega a Sonda-Iconstruye a la Contraloría dice relación con que como parte de las exigencias del gobierno de Panamá, tanto ella como Vates tuvieron que adjuntar cartas de referencia de clientes en proyectos similares. "La principal referencia que acompañó Vates es de DCCP chilena (Dirección de Compras y Contratación Pública), a través de una carta firmada por el señor Pablo Ortiz, la misma persona que forma parte integrante del organigrama de ejecutivos de Vates a dicha licitación", dice Sonda en su denuncia.

Y continúa: "Cabe señalar que Sonda también debió solicitar esta carta de referencia para la misma licitación, la solicitó formalmente a la fiscal de la DCCP y fue también extendida por don Pablo Ortiz en su calidad de jefe de la División Tecnología de la DCCP", dice el escrito.

"A nuestro juicio, la situación descrita reviste la mayor gravedad, no sólo por las incompatibilidades legales y administrativas que existen, sino también por la validez o nulidad de la adjudicación y posteriores contratos de la DCCP a favor de América XXI", plantea el texto.

"Qué imparcialidad podría tener la DCCP o los funcionarios involucrados al resolver cualquier materia relativa a la relación contractual con América XXI -en alianza con Vates- si importantes ejecutivos de la DCCP forman parte integrante del organigrama de Vates para otros negocios", concluye.

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