Comunidades piden 3,3 millones de hectáreas y empresarios acusan "inseguridad laboral"
martes, 12 de septiembre de 2017
SOLEDAD NEIRA FARÍAS
Economía y Negocios
El Mercurio
"Es un abuso desmedido, una mala interpretación de la ley (...) Es cierto que hay derechos ancestrales, pero también está el derecho de todos los chilenos a usar el borde costero", afirma enérgico el presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de Puerto Montt, Carlos Stange. Se refiere a la petición de un Espacio Costero Marino para Pueblos Originarios (ECMPO), ingresada a la Subsecretaría de Pesca por comunidades indígenas de la provincia de Llanquihue, que supera el millón de hectáreas de extensión, y que diversos sectores coinciden en calificar de "desmesurada". Invocando la Ley 20.249, conocida como Ley Lafkenche, 15 comunidades -que suman unas 650 personas- demandan reconocimiento a derechos ancestrales sobre un espacio marino costero entre Punta Coronel, en Pargua, y Rolecha, al sur del Estuario de Reloncaví, en la Región de Los Lagos. Se suma a las 70 peticiones que en distintas etapas de tramitación están ya en la Subpesca por más de tres millones 300 mil hectáreas entre el sur del Biobío y Puerto Natales, con la excepción de 87,7 ha de una comunidad de Freirina, en Atacama. De las 70 solicitudes, solo una, en Guaitecas, aparece como rechazada. La Ley Lafkenche busca resguardar el uso consuetudinario del borde costero para la "gente del oeste", como se conocía a indígenas ribereños desde el sur del Biobío, y así comunidades vinculadas a ese borde costero puedan mantener sus tradiciones y el uso de recursos naturales. Pero para los senadores Rabindranath Quinteros (PS) e Iván Moreira (UDI) con esto "se tuerce el espíritu de la ley". Stange añade una larga lista de actividades que se verían afectadas de aprobarse las solicitudes: Infraestructura portuaria, proyectos turísticos, concesiones acuícolas o de pequeños miticultores que trabajan en el borde costero, lo que "genera un enorme daño al crecimiento de la región. Hay una sensación de inseguridad laboral que afecta indirectamente al comercio". El intendente Leonardo de la Prida, quien preside la Comisión Regional de Uso de Borde Costero (CRUBC), aclara que "no significa que se hacen dueños del sector" y recalca que lo que ya está "se mantiene inalterable". Con todo, el mayor problema en la aplicación de la ley es que durante su tramitación se congelan todas las peticiones de concesiones en esa zona que estén aún en proceso de entrega. El procedimiento estipula que luego de ser declarada admisible en Subpesca, Conadi debe evacuar un informe en que reconozca el uso consuetudinario antes de ser presentado ante el consejo de la CRUBC, que luego resuelve. "Tenemos el compromiso de avanzar lo más rápido en los estudios de Conadi y pasar a la CRUBC, que tiene la capacidad de hacer adecuaciones cuando hay un interés superior, como necesidades de conectividad. Y ese espacio se destinará a una rampa y se debe desafectar de la petición que hace la comunidad indígena", explica De la Prida. El intendente agrega que se han logrado buenos acuerdos que concilian distintos intereses, como en Hualaihué, donde una mesa de trabajo permitió acotar la petición de una comunidad de 159 mil hectáreas y se está llegando a unas 90 mil. "Todo lo que se ha dicho es una exageración", asegura el lonko Eric Vargas, quien presentó la última y extensa solicitud. "Hicimos uso del derecho de una ley y todo lo que se ha levantado es ficticio", advierte. "Nadie puede poner en duda nuestros derechos ancestrales", agrega citando la existencia de corrales de pesca, conchales (sitios arqueológicos que revelan presencia de pueblos mariscadores) "y la misma forma de vida de la gente en el borde". Concluye que no habrá conflicto con pescadores artesanales, porque "no nos topamos con sus intereses. La ley no nos entrega derechos de extracción, solo de administración".
La Ley 20.249 permite a los lafkenches decidir qué actividades productivas se hacen en su espacio costero marino, perono les otorga la propiedad de estos.
