lunes, 11 de septiembre de 2017
Economía y Negocios
Hernán Cheyre V.
Instituto de Emprendimiento
U. del Desarrollo
En el debate político actual abundan las propuestas que colocan el tema de la “digitalización” como elemento central para mejorar la productividad de la economía. Pero este concepto tiene un alcance que trasciende lo puramente tecnológico. De lo que se trata es de crear condiciones para poder insertarse exitosamente en la nueva revolución industrial que está teniendo lugar, a partir de modelos de producción basados en la economía del conocimiento. Para esto se requiere no sólo mejorar la infraestructura digital y la conectividad del país, sino que muy especialmente adaptar las regulaciones y las instituciones en las cuales se enmarcan los nuevos modelos de negocio. Esto pasa por repensar las normas laborales, la forma como el Estado se relaciona con los ciudadanos y la manera en que estamos regulando los servicios que se prestan a través de plataformas digitales.
Se ha creado el mito de que mientras mayor sea la flexibilidad laboral, más “precarios” serán los empleos, y como consecuencia de ello la legislación laboral que nos rige es extremadamente rígida. Desde luego, hay un serio problema derivado del desincentivo a la contratación que se produce como consecuencia del elevado costo que tienen que pagar las empresas cuando ponen término a la relación contractual con un trabajador. Pero ello no es lo único. Incluso en aquellos casos en que está permitido algún tipo de flexibilidad, como es en lo referido a las jornadas de trabajo, los grados de libertad que se otorga a las partes son mínimos: jornadas parciales con horarios discontinuos no están autorizadas. Para aquellos grupos que exhiben una baja tasa de participación en la fuerza de trabajo, como es el caso de los jóvenes y de las mujeres, la rigidez vigente les impide sumarse a la masa laboral, y a las empresas se les está negando el acceso a un valioso recurso humano. Los emprendedores chilenos pueden tener la mejor conectividad digital y las mejores herramientas tecnológicas para operar, pero si se ven impedidos de actuar con flexibilidad para contratar trabajadores, dentro y fuera del país, y se les coloca trabas para, por ejemplo, establecer relaciones laborales con personas que pueden trabajar desde sus casas, obviamente van a enfrentar serias dificultades competitivas. Urge, pues, una reforma laboral con mirada de siglo XXI.
En relación al funcionamiento del aparato estatal, ya nadie discute que su estructura está obsoleta, y que se requiere una reingeniería bastante profunda para adecuarla a las necesidades del siglo XXI. Pero también es sabido que las restricciones políticas para actuar en esta dirección son severas, en tanto hay poderosos grupos de interés que se ven afectados. No obstante, ello no debe llevar a la inacción. Considerando que el nivel de actividad económica anual del aparato estatal, incluyendo municipalidades y empresas públicas, supera el 30% del PIB, un avance hacia la “digitalización” de la economía pasa necesariamente por que el Estado se suba a este carro. Un primer paso fundamental debe consistir en avanzar con mayor fuerza en el uso de la tecnología digital para relacionarse con los ciudadanos: la eliminación de los documentos en papel físico, la masificación de la firma electrónica y el uso de una clave única. Las ganancias de productividad que se podrían generar –y muy especialmente, el mayor bienestar para los ciudadanos que esto significa- ameritan el esfuerzo que esto significa.
Y en lo referido a las regulaciones, es ampliamente conocida la disputa que hay en relación al funcionamiento de plataformas como Uber, Cabify y Airbnb, con los proveedores tradicionales de ese tipo de servicios, siendo un tema que no se puede seguir postergando. Pero no es lo único. Por ejemplo, las cadenas de retail que operan en Chile cada vez más están sintiendo la competencia de plataformas como Amazon y Alibaba.¿Son las regulaciones que enfrentan ambas similares en lo que respecta al comercio electrónico?¿Y el tratamiento tributario? ¿Y las exigencias en cuanto a los derechos de los consumidores? Son varias las industrias en las que se requiere una adecuación de la regulación para poder desenvolverse con éxito en una economía digital globalizada.
Como se ve, para integrarse a la economía digital se requiere mucho más que infraestructura y tecnología. Resolver adecuadamente este desafío que enfrenta la economía chilena, en tiempo y forma, será fundamental para poder insertarse exitosamente en la nueva revolución industrial que está teniendo lugar. Si no lo hacemos, seguiremos siendo una economía rezagada.
