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Con normas que fortalecen la independencia de quienes integran el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia -a quienes se les fijan incompatibilidades e inhabilidades durante el ejercicio del cargo- y aumento de las atribuciones a la Fiscalía Nacional Económica, para que investigue con mayor efectividad las conductas contrarias a la libre competencia, la Cámara de Diputados aprobó ayer el proyecto de ley del Ejecutivo que modifica la normativa sobre libre competencia, y que pasa ahora a segundo trámite al Senado.
La iniciativa incorpora la creación de la figura de la delación compensada. Dicho mecanismo, que en Chile ha tenido éxito en la lucha contra el narcotráfico, surge ahora como herramienta para detectar conductas que atenten contra el mercado y que revisten mayor gravedad, como la colusión entre empresas.
Según la disposición aprobada ayer por la Cámara, quienes entreguen antecedentes que apunten a la acreditación de una conducta contra la libre competencia y a la determinación de los responsables podrán acceder a una reducción o exención de las multas que personalmente les corresponda por las mismas.
Se establece como condición que deben proporcionar antecedentes precisos, veraces y comprobables; deben representar un aporte efectivo a la constitución de elementos de prueba para fundar un requerimiento ante el tribunal. No podrán divulgar la solicitud de estos beneficios hasta que la Fiscalía haya formulado el requerimiento u ordene archivar los antecedentes.
El proyecto establece que el cargo de integrante titular del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia será de dedicación exclusiva, incompatible con otra función remunerada.
Respecto del Fiscal Nacional Económico, determina que será nombrado por el Presidente de la República mediante el proceso de selección de alta dirección pública, durará tres años en el cargo y su nombramiento podrá renovarse por una sola vez.