martes, 11 de diciembre de 2007
Economía y Negocios, El Mercurio
La nueva institución tendrá una amplia autonomía, y la Contraloría no podrá hacer toma de razón de sus resoluciones.
A un paso de convertirse en ley quedó el proyecto sobre acceso a la información pública, que crea el Consejo para la Transparencia. En la tarde de ayer, tras una sesión de la Comisión Mixta del Congreso, el ministro Secretario General de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, manifestó su satisfacción por el avance de la iniciativa.
Entre los puntos acordados, uno de los más destacados es que finalmente habrá una serie de organismos descentralizados que quedarán fuera del ámbito de aplicación del Consejo para la Transparencia. Entre ellos, el Banco Central, la Contraloría, el Ministerio Público, el Congreso y el Poder Judicial. Eso no significa que no deban cumplir con los criterios de transparencia activa (publicar datos relevantes de su personal y procedimientos en sus páginas web, por ejemplo) ni pasiva (responder ante una consulta de cualquier ciudadano), sino que si una persona no está de acuerdo con la información que se le presenta, no podrá recurrir al Consejo para la Transparencia, sino a tribunales de segunda instancia.
El senador Hosaín Sabag, presidente de la instancia legislativa, dijo que la exclusión de estas instituciones obedece a que son autónomas o bien no dependen de la administración central.
La reserva
Habrá información que, por su delicada naturaleza, tampoco será de acceso público irrestricto. Sabag menciona, por ejemplo, que puede resultar contraproducente exhibir la renta completa de un funcionario, pues un delincuente podría usar esos datos con fines criminales.
Por lo mismo, ayer los parlamentarios revisaron y aprobaron el artículo 21 del proyecto, acerca de los criterios de qué información se entenderá por reservada. Lo serán los datos que involucren una investigación judicial; cuando se afecte el derecho a la vida privada, y cuando pueda vulnerar la defensa nacional, la salud pública, las relaciones internacionales o los intereses económicos y comerciales del país. También cuando una petición de información sea tan genérica que pueda distraer a los funcionarios de sus labores.
Sin toma de razón
"La Contraloría hará fiscalización financiera y sobre el uso del personal", comentó Viera-Gallo. Admitió que en esto primó la visión de la Segpres sobre Hacienda, que deseaba algo más acotado. Pero hay otro elemento: los actos y resoluciones que tome el Consejo para la Transparencia -siempre referidos a mejoras en este ámbito de acceso a la información pública- serán de amplia potestad, pues la Contraloría no podrá hacer toma de razón de ellos, lo que implica que no podrá impugnarlos. El senador Sabag planteó que si alguna disposición afecta un interés, el afectado podrá pedir que los tribunales diriman la disputa.
Sólo queda un artículo por votar, sobre los plazos de desclasificación de documentos reservados. Se prevé difícil que se establezcan límites para aquellos sobre política exterior.
Sabag dice que en diciembre, tras una revisión final del proyecto, éste será aprobado.
