Fiscal nacional nombrará a 51 persecutores para enfrentar delitos informáticos
lunes, 31 de julio de 2017
Tamara Cerna
Nacional
El Mercurio
Se enfocarán en delitos de sabotaje y espionaje computacional, y en fraudes de tarjetas de crédito y débito.
Casi diez veces han aumentado en los últimos seis años los delitos de fraude con tarjetas de débito o crédito, de acuerdo a las últimas cifras entregadas por el Ministerio Público. También han crecido, aunque no en tal magnitud, el espionaje y el sabotaje informático. Por ello, a partir de mañana operarán en todo el país 51 fiscales especializados en ciberdelitos, los cuales serán designados por el fiscal nacional, Jorge Abbott. Algunos de ellos serán los fiscales de la Unidad de Alta Complejidad Metropolitana Oriente Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, que llevan el caso Penta y estafas piramidales, entre otros; Sergio Moya, fiscal jefe de Rancagua y quien dirige el caso Caval, y Andrés Montes, fiscal regional metropolitano Centro Norte. Al interior del Ministerio Público ya se habla de los "ciberfiscales" para referirse a los designados, cuyos nombramientos surgen de las necesidades de cada unidad regional, además, de la capacitación en este tipo de ilícitos. "Esto se construye sobre la base de la propuesta de los fiscales regionales que conocen la realidad de los tribunales y a su equipo de tal manera de identificar a las mejores personas, de manera de no partir de cero", afirmó el abogado experto en ciberdelitos de la Unidad Especializada en Lavado de dinero, Delitos Económicos y Crimen Organizado (Ulddeco) de la Fiscalía Nacional, José Luis Cortés. Consultado por esta designación, el fiscal Gajardo sostuvo que su unidad se especializa en estos delitos y que "hemos tenido capacitación para estos efectos, de hecho hace poco tuve una capacitación en Barbados con fiscales de toda Latinoamérica en temas de ciberdelincuencia, porque dentro de las muchas posibilidades que implica la investigación de la ciberdelincuencia están los delitos de carácter económico, pero además, efectuar investigaciones más profundas relacionadas con corrupción". Actualmente, las unidades de la Fiscalía Nacional están coordinadas con policías y el sector privado para enfrentar los ilícitos. En el caso del sector financiero, esta labor se enfoca principalmente en las empresas de retail para evitar el fraude en tarjetas. La fiscalía también trabaja con La Brigada Investigadora del Cibercrimen de la PDI y el OS-9 de Carabineros. El único país del Cono Sur A partir del martes, Chile formará parte Convenio del Consejo de Europa sobre la Ciberdelincuencia, el cual busca proteger a la sociedad frente a estos delitos que no solo considera a países de este continente, sino que cuenta entre sus integrantes a Estados Unidos, Canadá y República Dominicana. Nuestro país será el primero en el Cono Sur. El principal cambio que trae el convenio es que, por primera vez en el Estado chileno, se designará como autoridad central encargada de las solicitudes de asistencia internacional al Ministerio Público, a través de la unidad de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones (Uciex). Antes, esta función estaba en manos de Cancillería. "El Ministerio Público se podrá comunicar directamente con sus pares de otros países sin pasar por la vía diplomática. Para nosotros es muy importante porque de todas maneras es el ministerio el que dirige la investigación y quien siempre va a determinar qué diligencia va a necesitar del extranjero", afirmó el director de la Uciex, Antonio Segovia. Estas comunicaciones podrán hacerse a través de medios electrónicos que cumplan ciertos requisitos de seguridad, como correos electrónicos cifrados o firmas digitales, con el fin de evitar la volatilidad de la evidencia digital. En comparación con los tres tipos delitos reconocidos legalmente hoy en Chile, el convenio exige ampliar las tipificaciones legales para abordar también los ilícitos realizados a través del sistema informático y en los que hay evidencia en formato digital. Para eso habría que reconocer delitos como estafa informática o uso de dispositivos que solo sirven para cometer un delito informático. "Si no está tipificado el delito, la conducta es impune. Lo que nosotros hacemos en la práctica es buscar delitos comunes que puedan abordar la conducta. No tenemos la estafa informática, pero tenemos la estafa común, así que intentamos tratarla como común y que el medio sea el elemento informático, pero ahí hay veces que nos va bien y otras mal, porque hay un tema de incertidumbre detrás", afirmó Cortés, agregando que son necesarias mayores facultades legales para perseguir este tipo de ilícitos. "Se necesitan reformas a nivel procesal para tener investigaciones adecuadas en delitos informáticos", sostuvo. Segovia coincide con este planteamiento: "Cuando el Estado de Chile suscribe el convenio, de alguna manera se compromete a reformar su legislación interna par a cumplir el estándar".
En 2010, la fiscalía registró 5.449 casos de fraude de tarjetas, y en 2016 la cifra se elevó a 57.552 denuncias.
