Ues del Estado: Una oportunidad para el cambio

jueves, 13 de julio de 2017
Luis Loyola Vicepresidente Consorcio de Universidades del Estado de Chile y Rector U. de Antofagasta
Opinión
El Mercurio

"...consideramos indispensable que el fortalecimiento y la sustentabilidad financiera de las universidades estatales se garanticen eficazmente y mediante instrumentos legales de carácter permanente...".

Desde el Consorcio de las Universidades del Estado de Chile (CUECh) valoramos desde el principio el anuncio del Gobierno de poner fin a décadas de postergación y olvido, enviando al Congreso un proyecto de ley para resguardar, fortalecer, proyectar y regular a nuestras instituciones, que por definición son patrimonio de todos los chilenos.

De la misma manera, los rectores de las universidades del Estado chilenas llegamos al consenso de que si bien apoyábamos el proyecto, era necesario realizar ajustes con el fin de enriquecerlo. De ninguna manera algunos podrían malinterpretar nuestras objeciones, como impedimentos para que esta iniciativa avance, pues es imperativo desde nuestro punto de vista que se transforme en Ley de la República antes de que termine el actual gobierno.

El sistema estatal de educación superior no resiste más postergaciones, por esto insistiremos -con la fuerza, convicción y templanza que nos dan años de espera- en las materias que requieren de enmiendas sustantivas, y que a nuestro juicio son esencialmente las referidas a gobierno universitario, autonomía y participación, distribución y carácter de las competencias de los órganos colegiados, y el régimen administrativo de los funcionarios.

También nos parece inaudito que el proyecto aparezca tan menoscabado en el concepto de reconstruir y volver a fortalecer las universidades estatales. Resultan incomprensibles -luego de toda la discusión- la fragilidad del financiamiento de la educación superior estatal y la ausencia de metas referidas al aumento de matrícula, su dotación de infraestructura o su labor en investigación e innovación.

Consideramos indispensable que el fortalecimiento y la sustentabilidad financiera de las universidades estatales se garanticen eficazmente y mediante instrumentos legales de carácter permanente.

Queremos hacer ver a los parlamentarios que nuestro financiamiento, y por ende el futuro de los miles de jóvenes que formamos, no puede depender de la Ley de Presupuestos. Esto lo sostenemos bajo una premisa lógica, pues la educación superior la vemos como un derecho social que necesita recursos constantes para fortalecerse en el tiempo y llegar a más jóvenes. La educación superior no puede ser un gasto que deba evaluarse todos los años, es una inversión social de largo plazo, por eso debe tener financiamiento estable.

Todos los expertos en educación superior en Chile hablan de una supuesta tradición de provisión mixta y parten desde esa premisa todos sus análisis. Pero ese supuesto es falso, ya que actualmente el 84% de la matrícula es privada, y las estatales somos el 16% de la matrícula en el sistema; entonces ¿de qué sistema mixto estamos hablando?

Partir de un supuesto erróneo es implantar una realidad inexistente. Si de verdad queremos un sistema de provisión mixta en Chile, tenemos que tener universidades privadas de verdad, como las tenemos; pero tenemos que tener también universidades estatales de verdad, y eso requiere que este Proyecto de Ley sobre Universidades del Estado señale explícitamente cómo va a revertir la actual situación. Cómo vamos a salir de este 16% que ocupan las universidades estatales.

Es importante, eso sí, señalar que la Ley de Universidades Estatales debe ser coherente con la ley que reforma la educación superior; por ejemplo, en un tema tan fundamental como la regulación. La regulación del financiamiento establecida en el proyecto de ley que reforma la educación superior debe ampliarse a todo tipo de instituciones de educación superior que reciban financiamiento público, vía gratuidad, becas o créditos, con o sin garantía estatal.

Las instituciones estatales son las únicas que tienen transparencia y regulación, incluso a costos importantes, y esto es una garantía de fe pública que debieran cumplir todas las instituciones que reciben recursos públicos. Pensar que nosotros vamos a seguir aumentando la regulación de nuestro sector mientras los demás siguen en un desorden total desde el punto de vista administrativo y financiero, es algo que claramente nos perjudicaría.

Estamos frente a un momento que puede abrir un nuevo capítulo en la historia del país. Nosotros no somos lo mismo. Esta ley aclara ese concepto que muchos han querido tergiversar. No es lo mismo una universidad estatal que una universidad privada. El sello de lo público es nuestra obligación, no una opción.