domingo, 25 de noviembre de 2007
PABLO OBREGÓN CASTRO
Economía y Negocios
En lo que va de este año, la Subsecretaría de Hacienda transfirió casi US$ 7 millones a corporaciones. Se abre un debate para reestudiar las normas que permiten estos financiamientos.
La Corporación Justicia y Democracia, del ex Presidente Patricio Aylwin ($160 millones); la Fundación Fiel de la CUT ($148 millones); la Fundación Arte y Solidaridad Salvador Allende ($110 millones); la Fundación Frei ($76 millones) y el Instituto Alejandro Lipschutz de la izquierda extraparlamentaria ($41 millones) están en medio de una generosa pléyade de organizaciones privadas que reciben giros del Estado.
En lo que va de 2007, la Subsecretaría de Hacienda ya transfirió $3.400 millones (US$ 6,8 millones) en subvenciones destinadas a financiar centros de estudios, organizaciones no gubernamentales, decenas de entidades católicas y evangélicas, fundaciones creadas por ex presidentes de la República y hasta proyectos presentados por ex reinas de belleza. Esos fondos alcanzarían para financiar casi 10 mil mediaguas o para solventar 12 años de educación de 850 niños pobres.
Todo bajo el alero de la desconocida Ley 19.862, sobre Registros de Receptores de Fondos Públicos.
Gran parte de esas transferencias se realizan bajo la forma de subsidios y subvenciones que se administran a exclusiva voluntad del Ejecutivo. Las subsecretarías de Hacienda, del Trabajo y de Desarrollo Regional son las que operan con plenas facultades para decidir a qué fundaciones apoyan, cuánto dinero les entregan y a quienes no financian.
Y si bien el gobierno dispone de un registro de transferencias al que se puede acceder a través de www.registros19862.cl ingresando el rut del donante y del receptor, en aquella página no se publica el detalle de los proyectos que se financian. Y pese a que "El Mercurio" buscó respuesta ante autoridades y fundaciones, sólo el destino de algunos de estos giros fueron aclarados durante la preparación de este reportaje.
Los parlamentarios consultados reconocieron que ignoran el destino específico de estos recursos. Lo grave de este último punto es que Hacienda envía al legislativo informes trimestrales. Los congresistas atribuyeron esto a la gran cantidad de instituciones que se subsidian desde el Estado y a la complejidad de los presupuestos. Y están pidiendo cambios (ver recuadro).
Las más iguales
Si bien a ojos de la autoridad todas las fundaciones son iguales, hay "algunas más iguales que otras", dicen los representantes de algunas corporaciones que han participado de algunas licitaciones.
El director de una de ellas está convencido de que el Estado ha ido generando todo un mecanismo de financiamiento para sus organizaciones afines, bajo la forma de consultorías que carecen de todo impacto.
"Aquí todos saben que las asignaciones importantes son a dedo. ¿Cuánta plata se destinó para financiar Biarritz? (un foro internacional organizado por la Corporación Justicia y Democracia en octubre pasado) ¿Cómo se midió el impacto de esa inversión? Yo necesitaba pocos millones para una actividad y se demoraron seis meses en aprobarlo. Aquí hay toda una red de apoyo mutuo entre ex funcionarios de gobierno", acusa.
La Subsecretaría de Hacienda defiende la transparencia del proceso de asignación de recursos y asegura que la Dirección de Presupuestos remite trimestralmente a las comisiones de Hacienda del Senado y la Cámara una nómina con todos los destinatarios y la finalidad de los recursos.
Reconoce, eso sí, que la Ley 19.862 también la faculta para entregar subvenciones y subsidios directos a entidades privadas, sin que exista la contraprestación que reclaman los parlamentarios de oposición.
Presidenciales
Durante los últimos años, surgió una serie de instituciones vinculadas a ex presidentes de la República, las que reciben millonarias transferencias. La Corporación Justicia y Democracia es la que más apoyo recibe: más de $160 millones en lo que va de 2007, con lo que organizó el Foro de Biarritz, según confirmaron en Hacienda.
Su directorio está integrado por Jorge Marshall, Miguel Aylwin, Enrique Correa, Sol Serrano, Francisco Cumplido, René Cortázar, Ricardo Solari, Máximo Pacheco, Sergio Molina, Jaime Tohá y José Joaquín Brünner.
Entre junio de 2005 y marzo de 2007, en tanto, la Fundación Eduardo Frei recibió más de $76 millones en transferencias directas desde la Subsecretaría de Hacienda para financiar el proyecto Casa Museo, mientras que la fundación que administra el Museo de la Solidaridad Salvador Allende recibió $110 millones.
La Subsecretaría del Trabajo también traspasó $148 millones a la CUT y $41 millones al Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz (Ical), que se define como "centro de estudios en vinculación permanente con el marxismo y el Partido Comunista, pero desde un quehacer plural".
Claro que este centro de la izquierda extraparlamentaria no sólo recibe plata del Ministerio del Trabajo. Hacienda también les giró $52 millones adicionales durante el mismo período para financiar la recomposición de sus archivos históricos.
Además de estas asignaciones directas, estas subsecretarías también disponen de platas concursables, que se asignan a través de ChileCompra. Dentro de estas partidas está el Fondo de Diálogo Social, creado por la actual administración. Se trata de recursos licitables que han ido a parar en gran medida a la Fundación Fiel. De los $215 millones que se adjudicaron en 2006, $88 millones fueron a parar ahí. Y a julio de este año, la autoridad les giró $60 millones más.
La ley que "da licencia" para transferir a fundaciones
La desconocida Ley 19.862 fue creada en 2003 y consagra la prerrogativa del Estado para transferir millonarios recursos públicos a entidades privadas sin que haya una contraprestación de por medio.
Son fondos de libre disposición que, por su heterogeneidad, deberían exigir una revisión caso a caso. En la práctica, la única condición que hay que acreditar para ser elegible por el gobierno es certificar la existencia de un proyecto, tener personería jurídica e inscribirse en la página www.registros19862.cl.
Paralelamente, los traspasos de fondos con contraprestación están regidos por la Ley de Compras y Contrataciones Públicas.
Piden un cambio: "Esto no huele a un apoyo social, sino a un apoyo político de las organizaciones afines"
La oposición desea aprovechar la voluntad modernizadora que mostraron algunos senadores concertacionistas durante la tramitación del Presupuesto y consensuar un proyecto que transparente las millonarias donaciones que realiza el Estado.
La senadora Evelyn Matthei (UDI) está convencida de que los dineros del fisco no se pueden seguir entregando sin contraprestación y adelantó que formará un grupo de parlamentarios para estudiar un cambio a la Ley de Transferencias.
"El Estado no es para eso. Esto no huele a un apoyo social, sino a un apoyo político de las organizaciones afines. Nosotros hemos visto que senadores de la propia Concertación votaron a favor de limitar el uso de plata y de funcionarios de exclusiva confianza del Presidente en campañas políticas. Cuando ya han mostrado su voluntad de ir ordenando esto, no debiera ser tan difícil conseguir los votos para cambiar esta ley", dice.
