viernes, 23 de noviembre de 2007
Claudia Ramírez Friderichsen
Reportajes del viernes, El Mercurio
Modificación legal está dentro de las obligaciones en el marco del TLC con EE.UU. Ad portas de la votación en el Senado, persisten desencuentros entre el Gobierno y la industria.
Se acaba el plazo para aprobar el proyecto que modifica la Ley de Propiedad Intelectual.
La discusión en la sala del Senado debería cerrarse en diciembre próximo, lo que permitiría despachar la nueva ley a más tardar a fin de año. Esto, porque en enero de 2008 comenzarán a exigirse los requisitos de propiedad intelectual, que pide EE.UU. a Chile en el marco del TLC.
Pero los acuerdos entre el Gobierno y los distribuidores de software no están cerrados. La Asociación Chilena de Empresas de Tecnología de Información, se muestra inquieta sobre algunos puntos. "Nos preocupa que aún no se consideren las observaciones que presentamos a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Senado, sobre aspectos como ingeniería inversa, responsabilidad de proveedores de internet y baja en las sanciones a la piratería", asegura Aldo Signorelli, gerente general de la asociación de empresas de tecnología.
Más multas y menos procesos
A pesar de ser valorado en sus aspectos generales por la industria del software, la principal preocupación sobre el proyecto son las penas para delitos relacionados con la piratería.
En la asociación de empresas de informática son categóricos, "si queremos disminuir la piratería, deberíamos abordar el problema en serio", enfatiza Rodrigo Rojas, abogado de la entidad. Esto, porque, de acuerdo con los distribuidores, las penas mínimas para los infractores generales se redujeron considerablemente.
Sin embargo, en el Ministerio de Cultura, organismo coordinador del proyecto, argumentan desde el otro lado. "Las penas máximas y mínimas se han mantenido para infracciones de productores, lo que se bajó es la pena mínima para las utilizaciones no autorizadas generales. Pero en cualquier evento se aumenta el mínimo de 5 a 20 UTM; es decir, un 300% más", explica Daniel Álvarez, asesor legislativo del Ministerio de Cultura.
Sin embargo, Gerardo Otero, abogado especialista en propiedad intelectual, insiste. "Son tan bajas las penas, especialmente las multas, que para un infractor puede ser más rentable pagar la multa que respetar el derecho de autor".
Otro punto de desencuentro es la regulación de la responsabilidad de los Proveedores de Servicios de Internet. Esto, porque el proyecto estipula la remoción de contenidos de la web previo mandato judicial.
Para el Ministerio de Cultura, la medida es lógica. "La opinión del Gobierno es bastante clara, el sistema tiene que ser judicial porque hay un conflicto entre privados que debe resolverse por esa vía, tal como lo señala la Constitución. Es como si pidiéramos a una compañía telefónica que cortara la comunicación de alguien que sospecháramos que está haciendo actividades ilícitas".
Pero los especialistas no están de acuerdo. "Si se sube a la web un dato injurioso sobre alguien, para bajarlo se requerirá una orden judicial. Con los tiempos de demora que hay en el sistema judicial, cuando se obtenga la orden ya habrá pasado tiempo y el daño será prácticamente irremediable", advierte Otero.
En esta misma línea, Rodrigo Bulnes, abogado de Business Software Alliance, argumenta que "el proyecto en trámite se aparta totalmente de la protección expedita y ágil que se espera obtener por parte de los titulares de derechos de autor".
Restricciones a la ingeniería
Los debates entre la industria y el Gobierno aumentan al tratar la cláusula de ingeniería inversa. Este punto, que constituye una excepción legal, permitiría la ingeniería inversa de software con fines de "investigación y desarrollo".
Para los empresarios, tal como está, el proyecto no permitiría al país salir de la Priority Watch List o Lista Roja, que incorpora a más de 10 países que a juicio de EE.UU. no protegen adecuadamente la propiedad intelectual.
Según Alex Pessó, gerente legal y de asuntos corporativos de Microsoft, "la actual redacción podría provocar el establecimiento de empresas cuyo giro sea hacer ingeniería inversa para copiar el código fuente y venderlo como un producto competitivo".
Pero no todos son desacuerdo, Sebastián Rodríguez, gerente general de la Asociación de Distribuidores de Software cree que "es un buen proyecto que debería ajustarse para incentivar el desarrollo".
Ad portas de la discusión del proyecto en el Senado, la ministra Paulina Urrutia es la más optimista: "La perspectiva es auspiciosa, pues esperamos que el proyecto sea despachado en los próximos meses. No hay que olvidar los compromisos internacionales a cumplir prontamente".
