jueves, 22 de noviembre de 2007
E. Olivares y K. Niklander
Economía y Negocios, El Mercurio
Alrededor de las 21 horas de ayer, el presidente de la CUT firmó el pacto con el Ejecutivo, pese al rechazo de la Anef. El pacto considera un reajuste de 6,9% nominal a contar del 1 de diciembre. Para los sueldos inferiores a $435.000 habrá un bono de término de conflicto de $160.000.
En un movimiento de última hora, la máxima dirigencia laboral aceptó los términos ofrecidos por el Gobierno de un reajuste salarial del sector público. Dado que la mesa fiscal había planteado que, de llegar a un acuerdo, depondría el paro nacional convocado para hoy, se entiende como suspendidas las movilizaciones y paralizaciones de los servicios públicos.
El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Arturo Martínez, quien coordinaba a los 14 gremios del sector en una mesa de negociaciones ante el Gobierno, firmó a nombre de ésta el acuerdo con los ministros de Hacienda, Andrés Velasco, y del Trabajo, Osvaldo Andrade, alrededor de las 21 horas de ayer. Uno de los gremios que no respaldaron la decisión de Martínez fue la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (Anef), que concentra a 160.000 de los 600.000 los funcionarios públicos.
Polémico pacto
Las negociaciones entre las partes se habían extendido por un tiempo mayor al habitual.
De hecho, ayer se hizo una reunión extraordinaria que partió a las 16 horas y que motivó que el ministro Velasco viajara en helicóptero desde Valparaíso hasta Santiago para abrochar un consenso.
La propuesta maciza del Gobierno consistía en un reajuste salarial de 6,9% nominal a partir del 1 de diciembre. A eso se le agrega el tradicional bono de término de conflicto, que en esta ocasión se elevó a $160.000 para los sueldos inferiores a $435.000, y a $90.000 para las remuneraciones mayores.
El punto de conflicto radicó en otro bono creado recién ahora. El Gobierno ofreció un monto como compensación por la elevada inflación de este año, mientras los gremios lo pedían como un bono de "vacaciones".
Si bien quedaron de acuerdo en la cifra ($60.000 para todos los empleados), discreparon sobre su esencia: El Ejecutivo ofrecía entregarlo por una sola vez y los gremios demandaban que se transformase en una "asignación" permanente. La pretensión de fondo del sector público era que, en la práctica, aquella asignación engrosaría el reajuste nominal.
Considerando un sueldo tipo de $300 mil, con el reajuste de 6,9% llega a $320.700. Si se le añade esa "asignación" de vacaciones, el sueldo mensual promedio quedaría en $325 mil.
En cualquier caso, se trata del mayor reajuste nominal y real (si se cumple con una inflación de 3,4% en 2008) en 11 años para los empleados fiscales. Su queja es que el reajuste vigente hoy, de 5,2% nominal, en términos reales implicó una caída de casi 1,3% (por la mayor inflación).
El bono de vacaciones se entregará en dos cuotas: en enero y febrero.
A las 19 horas, las negociaciones parecían fracasadas. Martínez anunciaba que no había acuerdo y que los dirigentes partirían a la sede de la CUT para programar las movilizaciones que se preveían para hoy.
En rigor, el rechazo fue por voto de mayoría: ocho de los 14 gremios estuvieron por esa opción, tres apoyaron al Gobierno y otros tres se abstuvieron.
Pero Martínez recibió llamadas del Gobierno y de parlamentarios. Y en un movimiento que en la Anef consideraron sorpresivo y del cual se enteraron a última hora, Martínez concilió una posición común de la mayoría de los gremios para respaldar la iniciativa gubernamental.
El titular de la CUT telefoneó al ministro Velasco y al diputado Sergio Aguiló (PS) para confirmar el apoyo a la iniciativa.
El proyecto de ley ingresó a las 22:10 horas de ayer al Congreso y será tramitado hoy con discusión inmediata.
