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Juan Ignacio Piña, ex presidente del Consejo de Defensa del Estado

"Efectivamente en estos momentos hay y es absolutamente deseable que se aclaren

domingo, 25 de junio de 2017

M. Soledad Vial
Reportajes
El Mercurio

"Hay que cuidar al CDE", demanda el hombre que hasta marzo condujo el organismo. Pero también llama a evitar la tentación de algunos de usar la institución para "juegos políticos", pues "muchas veces las críticas no dicen relación con una preocupación por el CDE, sino que buscan otros fines o provocar otras derrotas".



Está encantado de volver al "foro" de los litigantes en causas civiles y penales, de asesorar a varias empresas en compliance corporativo y de continuar como profesor de la UC y como coagente en la demanda que Chile presentó contra Bolivia por las aguas del río Silala. De hecho, ya hace las maletas para La Haya, donde el próximo 3 de julio presentarán la memoria chilena.

Se ve contento a Juan Ignacio Piña (43), sentado en su céntrica oficina con vista privilegiada al Instituto Nacional y a la U. de Chile. Sus tomas, retomas y marchas son parte del diálogo habitual con sus socios en BCP, Matías Balmaceda y Francisco Cox, que a ratos puede ser álgido, pero respetuoso y consciente del arcoíris político que los tres abarcan. Se conocen al revés y al derecho, y por eso pueden discutir intensamente y terminar siempre amigos, más allá de los puntos ideológicos que cada uno calza y que conocen desde hace años. En ese abanico transversal saben su fortaleza, y la han mostrado en casos tan diversos como el del ex senador Jovino Novoa, el del gerente del Banco Central acusado de abuso, la defensa de Salcobrand por la colusión de las farmacias, o los que Cox lleva ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Quizás fue eso lo que facilitó la incursión pública de Piña, primero como subsecretario y ministro de Justicia de Sebastián Piñera, y luego como presidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE), cargo que ejerció casi enteramente durante este gobierno. De hecho, fue la Presidenta Bachelet quien sorpresivamente lo designó coagente en el caso con Bolivia y quien incluso le ofreció quedarse, vencido su período como presidente.

Agradecido por esa "confianza profesional", recalca, y aunque cree que este intercambio privado-público debería ser mayor y frecuente, el abogado no dudó en volver a su mundo privado. Cree que los "estándares" han cambiado, que "el ejercicio libre de la profesión se ha ido haciendo cada vez más incompatible con la función pública, aunque la ley lo permita".

"El ejercicio libre se ha ido haciendo cada vez más incompatible con la función pública"

-En enero le adelantó usted su decisión a la Presidenta. ¿Por qué la anticipación?

-Desde hacía tiempo existía una vacante en el Consejo y eso ya estaba causando algunos problemas, como que yo tuve que integrar el comité penal. Fui a hablar con la Presidenta y me pareció necesario que supiera. Eso le dio tiempo para pensar en un nuevo presidente y consejeros, y permitió que el CDE muy rápidamente tuviera su integración completa.

-¿Se juntaba habitualmente con la Presidenta?

-No, habíamos hecho saber en La Moneda lo de las vacantes y una vez tuve una audiencia por necesidades del servicio. Sí quiero destacar que ella tuvo una deferencia brutal, que siempre fue a todas las actividades del CDE.

-Así como ese mensaje, ¿le mandó otros en casos que la afectaban, como el caso Caval o la rehabilitación militar de su padre, el general Bachelet, que el CDE consiguió?

-Jamás. No solamente no le mandé ningún mensaje: ella fue de un cuidado y delicadeza todas las veces que estuvimos juntos. Jamás hubo ninguna mención.

-Le ofreció otro período como presidente. ¿Consiguieron una relación de confianza?

-Tengo la sensación de que logramos una relación de confianza profesional, no personal, que tuvo manifestaciones no solo en el trabajo del CDE, sino que también cuando la Presidenta me designó como coagente en el caso del río Silala con Bolivia. Estoy muy agradecido de que fue siempre muy delicada, cuidadosa, y mostró un respeto muy intenso por el CDE.

-¿Por qué, entonces, su apuro por irse? ¿No evaluó terminar el ciclo del Gobierno y que las nuevas autoridades designaran a su sucesor?

-No aplica la palabra apuro. La presidencia cesaba terminado el período de tres años y no me parecía atrasarlo por consideraciones de carácter político. Si queremos que las decisiones del CDE estén inspiradas en lo técnico, no habría sido correcto.

-Con la experiencia que ganó, ¿no podría haber seguido aportando como consejero?

-Hay cosas que han cambiado, y el ejercicio libre de la profesión se ha ido haciendo cada vez más incompatible con la función pública, aunque la ley lo permita. Los estándares han ido cambiando, los distintos conflictos de interés que eventualmente puedan levantarse no le hacen bien ni a la institución ni a los clientes que uno puede tener.

-¿Están hoy presentes esos conflictos en el CDE?

-No más que en cualquier institución. Los conflictos de interés existen siempre en todas las dimensiones y el problema es cómo se gestionan. Desde esa perspectiva, el CDE no tiene problemas relevantes y en la experiencia que tuve se gestionaban adecuadamente.

El caso del consejero Quintana e Imaginacción: "Me parece que no era compatible"

-¿Dónde está el límite? ¿Es compatible, por ejemplo, ser consejero del CDE y activista en causas políticas como la asamblea constituyente, como el caso del nuevo consejero Letelier?

-La pregunta es si vamos a generar conflictos de interés por las actividades pasadas o por las presentes. Tenemos un consejero designado con una expertise técnica absolutamente reconocida, es un nombre del que jamás el CDE debería privarse. Eso no implica que todos debamos dejar de hacer ciertas cosas cuando asumimos un rol institucional. Yo también tenía Twitter y ya no tengo.

-¿Y que algunos consejeros sean socios de estudios que litigan contra el Estado o integren el directorio de una empresa que realiza lobby, como Imaginacción? ¿Llegó la hora de la dedicación exclusiva?

-Son dos cosas distintas. Los consejeros tienen una inhabilidad muy clara respecto de eventuales litigaciones contra el Estado y hay normas éticas que las extienden a sus respectivos estudios; lo importante es que jamás se crucen esos intereses y funciones. Hasta ahora ha funcionado bastante bien la inhabilitación. El caso de Imaginacción es más problemático y tiene dimensiones de las que no puedo hacerme cargo, aunque, hasta donde entiendo, el consejero Quintana participa en uno de los directorios en alguna actividad relativamente marginal de la empresa. Sea como sea, me parece que eso no era compatible.

-Usted mismo sintió que era mejor no mezclar su trabajo profesional con el CDE. ¿Es partidario de la dedicación exclusiva, como propone un grupo de diputados, además de que el Senado ratifique las designaciones, como hace con la Corte Suprema?

-Los estándares han cambiado y probablemente tengamos que revisarlo; es una discusión legítima que debemos tener en este momento. Pero hagámosla en serio, no se trata solo de una modificación legal que establezca duración distinta o inhabilitación completa para el ejercicio libre de la profesión. Tenemos un CDE que funciona extremadamente bien, tiene tremendos resultados y es muy razonable discutir cambios, pero que garanticen que seguirá funcionando igual de bien.

"Esta discusión debe ser global. Hoy los consejeros y muchos abogados no tienen oficina en el CDE, y cuando se habla de la duración hasta los 75 años suena a privilegio, pero no olvidemos que todos los cargos son vitalicios en el Estado".

-¿Qué perfil deberían tener los consejeros para tamañas estabilidad y condiciones?

-Esa pregunta debe responderse en la discusión que vamos a tener ahora. Se dice muchas veces: 'los consejeros deben tener mucha experiencia como litigantes'. ¡Cuidado! Si hay algo que no le falta al CDE es experiencia en litigación, tiene 120 años de experiencia. ¿Vale la pena privarse de otros abogados connotados, con tremendas carreras, porque han pisado poco los tribunales? Es absurdo. Hay que pensar todo esto muy en serio, y mirar qué CDE queremos en 20 años más. Este sistema de consejeros hasta los 75 años, con absoluta prescindencia del sistema político, le ha garantizado independencia al Consejo.

-Algunos creen que también le generan flancos frente a la opinión pública y lo exponen a la crítica política.

-Pueden generar flancos y hay que cuidar a las instituciones de eso. En este caso, cada vez se hace más intolerable este tipo de conflictos, aunque en mi experiencia no hayan generado un problema operativo. En general, los consejeros tienen un ejercicio privado bastante limitado.

Interrogatorio a Blanco en sede del CDE: "Puede ocasionarle alguna magulladura al prestigio institucional"

-¿Sigue defendiendo la idoneidad de Javiera Blanco como consejera, ahora que, además de las causas en que deberá inhabilitarse como ex ministra, su nombre aparece mencionado en las investigaciones del caso fraude en Carabineros?

-Es otro tema. Todos los consejeros tuvimos un período de validación, estuvimos a prueba; me parece de toda justicia darle a la consejera Blanco el mismo tiempo. Por eso digo: cuidado con las evaluaciones. Efectivamente en estos momentos hay ciertos flancos abiertos y es absolutamente deseable que se aclaren rápidamente, son investigaciones que están en curso y no tengo antecedentes más allá de la prensa. Es evidente que se hace necesaria una aclaración relativamente pronta, porque hay que cuidar al CDE.

-¿Se refiere a la "fortaleza institucional" del CDE? Usted la defendió en su discurso de despedida, ¿la debilita que una de sus consejeras haya sido interrogada en la sede del mismo organismo por una causa de malversación de caudales públicos?

-En estos casos hay que tener cuidados adicionales. Al margen de la presunción de inocencia y de que no tengo ningún antecedente, hay que hacer esfuerzos muy notorios para cuidar las instituciones, y cualquier cosa como esta, aun cuando no se haya hecho con mala fe, puede ocasionarle alguna magulladura al prestigio institucional. La presidenta (del Consejo) María Eugenia Manaud, cuya designación fue un gran acierto de la Presidenta, tiene mucha experiencia y está siendo muy cuidadosa, está haciendo un esfuerzo muy intenso por la cohesión interna del Consejo y también porque no tengan lugar hechos como este, que efectivamente producen un impacto.

"Me preocupa que se use a las instituciones para juegos políticos"

-¿Fue imprudente designar a una persona que estaba involucrada en casos de controversia pública como el Sename o las jubilaciones en Gendarmería?

-Esa evaluación en caso alguno me corresponde, menos cuando se trata de la atribución de un Presidente de la República y cuando en eso hay una crítica política.

-Los mismos abogados del CDE reclamaron a la Presidenta. Le mandaron una carta criticando su designación.

-Es la opinión de una asociación gremial, con la que siempre tuve la mejor relación y que, aunque algunos se enojaron, me pareció que estaban cumpliendo sus funciones. Si sintieron que una designación podía significar que se estaba postergando a algunos abogados internos, era su deber hacerlo notar.

-¿Y si Blanco efectivamente fuera imputada, como se publicó? ¿Tendría que renunciar? ¿Hay antecedentes históricos al respecto?

-No me corresponde opinar. Como profesor de Derecho puedo decir que la inamovilidad de los consejeros se estableció en la reforma de hace 25 años y desde entonces no ha habido registros.

"Y de las cosas que me preocupa es que se use a las instituciones para juegos políticos".

-¿Qué quiere decir?

-Muchas veces las críticas no dicen relación con una preocupación por el CDE, sino que buscan otros fines de carácter político o provocar otras derrotas.

-¿Cree que este es el caso? ¿Que se busca infligir una derrota política del gobierno?

-Simplemente creo que hay que ser particularmente cuidadosos. En los últimos años hemos tendido a una absoluta judicialización de la política, las acciones judiciales se han transformado en un instrumento de acción política. Eso es muy peligroso. Estamos corriendo riesgos institucionales cuando, para conseguir objetivos políticos, no reparamos en su impacto sobre las instituciones.

-¿No pasa lo mismo cuando se "salva" a autoridades cuestionadas con esta designación?

-Todo eso podría haberse dicho también de mí: yo también fui a declarar por el caso del Sename cuando citaron a los ministros de los últimos 10 años. La discusión podría ser más bien si establecemos períodos necesarios de inhabilitación antes de saltar a un cargo como este; no de prohibición, porque no me privaría de ex ministros que son tremendos aportes en su trabajo en el CDE.

"En los últimos años hemos tendido a una absoluta judicialización de la política, las acciones judiciales se han transformado en un instrumento de acción política. Eso es muy peligroso. Estamos corriendo riesgos institucionales cuando, para conseguir objetivos políticos, no reparamos en su impacto sobre las instituciones". 

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